Japón se adelanta y aprueba un primer marco para regular el bitcoin

 

@DF

El Gobierno de Japón aprobó hoy tipificar la moneda electrónica bitcoin como una mercancía y no como una divisa, un primer paso pionero en todo el mundo de cara a crear un marco que regule su intercambio.

Apremiado por la reciente quiebra de Mt.Gox, casa de cambio de bitcoin ubicada en Japón que en su momento llegó a canalizar la mayoría de operaciones globales y cuya bancarrota ha afectado a unos 100.000 clientes, el Gabinete del primer ministro Shinzo Abe ha decidido mover ficha.

La pasada semana esta empresa denunció el robo de 850.000 bitcoins y estimó unas pérdidas de unos US$ 110 millones mientras que hace apenas tres días la entidad canadiense Flexcoin confesó haber sufrido otro ciberataque que la despojó del equivalente a unos US$ 600.000.

El bitcoin, moneda digital creada en 2009, no está respaldada por ningún activo y está generada por algoritmos matemáticos sin la mediación de ningún banco o autoridad monetaria.

Proteger al usuario y, ante todo, supervisar el movimiento de esta divisa virtual para evitar el blanqueo de dinero han centrado los recelos de los miembros de la clase política nipona que esta semana han pedido un marco reglamentario a raíz del "crack" de Mt.Gox.

Así, el Gobierno aprobó hoy definir el bitcoin en Japón como una mercancía similar a los metales preciosos que no podrá ser manejada por los bancos nipones ni por las casas de valores del país asiático.

Del mismo modo, las ganancias derivadas del mercadeo online de bitcoins, los procesos de compra realizados con la criptodivisa y las rentabilidades obtenidas en esa moneda estarán sujetas a impuestos en Japón.

En cuanto al lavado de dinero, el Gobierno de Abe también ratificó que las actividades de este tipo serán tipificadas como un delito de acuerdo a la ley nipona.

La decisión hace de Japón un país pionero en la creación de un marco que regule al bitcoin, algo que ya han empezado a plantearse otros Estados, aunque con diferentes enfoques (el Reino Unido, por ejemplo, ha propuesto no gravar las transacciones con la criptodivisa).

Desde su invención, la moneda ha atraído progresivamente la atención de nuevos inversores y ha disparado su volatilidad en el último año, periodo en el que se ha movido entre los 100 y 1.200 dólares, mientras un número creciente de minoristas ha comenzado a aceptar pagos denominados en bitcoins.

Mientras, autoridades de medio mundo han observado con curiosidad el fenómeno sin delinear directrices que lo regulen.

Aunque pionera, la decisión adoptada hoy ha generado en muchos analistas la sensación de que Japón está reglamentando a tientas en la oscuridad.

Buena prueba de ello es que el Gobierno aún debe plantearse cuáles de sus autoridades financieras y tributarias se van a encargar de la difícil tarea de supervisar las transacciones de bitcoins, caracterizadas precisamente por ser completamente anónimas.

Varios expertos y empresarios como Hiroshi Mikitani, presidente de Rakuten (el competidor japonés de Amazon), han advertido esta semana de que crear normativas de manera precipitada puede ahogar la aparición y el desarrollo de nuevas divisas digitales que ayuden a innovar y mejorar la calidad de esta nueva forma de transacción.

El reglamento aprobado hoy coincide con la publicación en la víspera de un reportaje de la revista "Newsweek" que asegura que el misterioso Satoshi Nakamoto -el nombre o pseudónimo empleado por la persona o grupo de personas detrás de los protocolos informáticos que sustentan al bitcoin- es un ingeniero de EEUU de origen nipón.

La persona identificada por la publicación, Dorian Prentice Satoshi Nakamoto, de 64 años, ha negado por su parte a otros medios ser el cerebro que está detrás de la divisa, mientras que en el foro de la P2PFoundation, el usuario que responde al nombre Satoshi Nakamoto decidió dar señales de vida por primera vez en más de tres años.

Lo dicho antes. El problema no es BitCoin, es la regulación de los mercados que lo transan. Y Japón hace lo que van a comenzar a hacer otros países y era evidente después de 3 quiebras. Regularlo. No necesariamente para proteger a los ciudadanos, pero el efecto debería ser el mismo, mayor seguridad que los fondos colocados serán tratados como en un mercado normal, segregados y garantizados.