Gobierno prepara cambios al Pilar Solidario y revisa viabilidad de modificaciones al sistema de AFP

 

@latercera

No está en el programa de gobierno y tampoco está el ánimo político ni la coincidencia técnica. Pese a los 18 meses de trabajo y de tensiones al interior de la Comisión Bravo para obtener un informe que desmenuzara el sistema previsional chileno, el gobierno decidió tomar el documento y someterlo a un nuevo análisis técnico, revisando los modelos y números usados en cada propuesta de cambios al régimen de cotización obligatoria individual, pero también y, especialmente, buscando cuantificar el impacto real que tendrían en el valor y cobertura de las pensiones que entregan las AFP. Lo que sí ya está decidido y comenzando a diseñarse en el Ejecutivo es que la contribución de esta administración al tema pasará por fortalecer el Pilar Solidario, creado en 2008. El anuncio se haría este año y por dos razones: es un compromiso programático de la Presidenta Michelle Bachelet y, además, refuerza la que fue su primera reforma emblemática como Jefa de Estado.

Aunque todavía en etapa incipiente de estudio y estimaciones del costo fiscal que tendría potenciar el denominado Sistema de Pensiones Solidarias (SPS), hay directrices generales como, por ejemplo, que se intentaría pasar desde la actual cobertura del 60% de adultos mayores de menores ingresos hacia un umbral del 80%, siguiendo así la lógica de garantías universales que introdujo esta administración a la red de ayuda social y subsidios del Estado. También que habría que revisar fórmulas para reajustar el valor de las prestaciones más allá de la inflación e incorporar o extender beneficios que sí tiene el régimen privado, como, por ejemplo, que la cuota mortuoria también la puedan recibir familiares de beneficiarios de Pensiones Básicas Solidarias (PBS).

Altos personeros de gobierno e integrantes del equipo económico, sin embargo, coinciden en que si bien eso está esbozado en el programa de gobierno y en algunos casos casi de modo explícito, es el costo fiscal de la medida lo que determinará la gradualidad de las mejoras y el ritmo para los anuncios. Aclaran que el compromiso programático es claro, pero también acotado. “Una vez aprobada la reforma tributaria, la que permitirá contar con nuevos recursos permanentes equivalentes a 3% del PIB en régimen, se avanzará en cambios paramétricos que aumenten los beneficios y la cobertura del Sistema de Pensiones Solidarias”, cita.

Ahí, además, describe lo que se espera hacer a este mismo sistema: “Avanzaremos en las siguientes medidas”, detalla el programa: “Las cuentas de afiliados que no han alcanzado niveles de ahorro para autofinanciar una pensión sin apoyo solidario deberán ser administradas en un fondo de bajo riesgo; asociaremos al Pilar Solidario con programas de Protección Integral del Adulto Mayor, que incluya protección y envejecimiento activo, como medidas destinadas a generar seguridades en los ingresos de los adultos mayores”. También que “una vez otorgada la PBS de vejez, este será un beneficio que no esté sujeto a cambios coyunturales de la situación socioeconómica del pensionado; que los pensionados con PBS de invalidez automáticamente pasen a contar con la PBS de vejez a partir de los 65 años; hacer extensiva la asignación por muerte a la totalidad de los adultos mayores que tienen PBS y a los beneficiarios de APS con saldo cero en su cuenta individual en su totalidad”.

La carga para el Fisco

Según el último estudio sobre el tema que hizo el Consejo Consultivo Previsional -creado en la reforma de 2008 para monitorear el SPS-, el Estado chileno desembolsó casi US$ 8.000 millones en financiar los primeros seis años de funcionamiento del Pilar Solidario. Este se basa en la entrega de tres beneficios clave para los adultos mayores de menos ingresos o más vulnerables: una PBS para quienes no tienen jubilación, porque no cotizaron o no les alcanzó para una; la entrega de un Aporte Previsional Solidario (APF) de cargo fiscal, para aumentar las pensiones privadas de hasta $ 291.000, en forma decreciente, y el pago de un bono por hijo nacido vivo a las mujeres (ver claves).

Entre 2008 y 2014, el esquema financió  5,9 millones de prestaciones a los adultos mayores más pobres, el 61% de los casos con la entrega de una PBS y que, en promedio, el 63% de los beneficiarios fueron mujeres.

En la Ley de Presupuestos 2016 se consignaron unos US$ 1.800 millones para financiar las tres líneas de ayuda, pero hay que agregar el costo de administración del beneficio, el que está a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS). Según datos de la Subsecretaría de Previsión Social, al cierre del año pasado el Pilar Solidario entregó beneficios a 1.330.908 personas. El 56,5% fueron APS y el resto PBS. A eso se suman el bono por hijo nacido vivo y el bono al empleo juvenil.

Tanto en Hacienda como en Trabajo aclaran que no necesariamente las mejoras deberían pasar por un proyecto de ley o, al menos, no por uno muy complejo, lo que resta presión a los anuncios. Asesores del equipo económico comentan que si bien serían dados a conocer este año, es difícil que sea antes del proceso de diseño del proyecto de Ley de Presupuestos 2017.

Pero dado que el diseño del programa pensando en tasas de crecimiento del 4% coinciden en que el curso que muestre la economía en esta primera mitad de año será determinante para saber si hay espacio o no para concretarlo, incluso con el peso político de no hacerlo. La reforma se diseñó pensando en que su costo fiscal sería del orden de 0,9% del PIB por año.

El informe Bravo

En el otro frente, en el que dice relación con cambios al régimen de cotización obligatoria individual amparado en el DL 3.500 de 1981, que dio forma al sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el gobierno lleva adelante un proceso bajo fuerte reserva que se sustenta en revisar “desde una lógica técnica y no política las propuestas de la Comisión Bravo”.

El comité de ministros que la Presidenta Bachelet anunció el 15 de septiembre pasado -cuando recibió el documento de la comisión- dispuso una Secretaría Ejecutiva Técnica, que dirige la coordinadora de Estudios de Hacienda, Paula Benavides, y que además integran el ex asesor de Hacienda en el anterior gobierno de Bachelet y hoy asesor de Trabajo, Cristóbal Huneeus, y el jefe de Estudios de la Subsecretaría de Previsión Social, Gonzalo Cid. El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) también integra la instancia, pero al cierre de esta edición no había resuelto un reemplazante para el primer integrante que tuvo.

Fuentes de Teatinos 120 reconocen que la designación de Benavides a cargo del proceso no es casual. Entre 2009 y 2013 fue jefa del Departamento de Investigación y Estudios Actuariales de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y desde ahí actuó como contraparte -representando al Ejecutivo- del Consejo Consultivo Previsional.

La secretaría técnica se ha centrado en desmenuzar principalmente la argumentación técnica y la metodología utilizadas en los capítulos VII y VIII del Informe Final de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones. El primero se refiere a las propuestas y recomendaciones específicas de la comisión, mientras que el siguiente aborda el impacto esperado y el costo fiscal de las recomendaciones.

“Aquí la clave está en que como gobierno podamos tener claro y con una argumentación sólida qué se puede hacer para mejorar un sistema que sabemos que no rinde, pero muy precisamente saber cuál sería el impacto real de esos cambios en las pensiones y en los beneficiarios. Si se trata de propuestas relevantes, bueno, hay que analizar esto en detalle y tener argumentación para defenderlas o desestimarlas en el informe que se le entregará a la Presidenta”, afirma un alto representante del gobierno.

Para eso, el grupo técnico, respaldado por el comité de ministros, no sólo ha tenido acceso a las bases de datos completa con las que trabajó la Comisión Bravo. También a los antecedentes o material de apoyo individual de varios de sus integrantes, que le ha permitido un proceso de construcción de modelos y cuadros estadísticos propios. “La secretaría está en etapa de aterrizar las conclusiones, a lo que como gobierno estamos viendo a nivel del mercado laboral, de remuneraciones, ede crecimiento y, obviamente, de la respuesta y la forma en que las AFP están respondiendo. Pero lo que sí no se hará será una gran reforma previsional”, dice otro alto personero.

Tal vez lo que podrían comenza haciendo los gobiernos en lugar de pensar en pilares solidarios, es cortar los impuestos a los que están sometidos los jubilados y pensionados.

TODOS.

Los de viviendas, IVA, medicamentos, libros y un largo etc.

Y en el caso de medicamentos y atención médica, al costo en particular los remedios genéricos. NO GRATIS. Eso hace que todo se haga más lento y burocrático.

Todos los jubilados ya aportaron su cuota de impuestos de por vida hacia los distintos gobiernos en los que han tenido que participar o sufrir, dependiendo del caso.

Es difícil de implementar en Chile. Claro. Todos intentarían aprovechar estas rebajas.

Pero en una época en que todo está tabulado y computarizado, es solo cuestión de ser creativos para que funcione.

Con solo eso aumentarían el poder de compra de su jubilación en al menos un 20%. Y muy probablemente sea mucho mayor ese aumento de poder de compra.

Si a eso sumamos una administración mejor del capital aportado y mantenido como patrimonio durante el periodo de pensionado, vía bolsas de productos credicticios administardos por el banco estado u otra institución competente en cuanto a valores, podríamos mejorar bastante el tema, sin chapucerías ni demagogias baratas.

Pero por supuesto, estamos sometidos a la creatividad de gente, que en lo único que piensa, es su propio bienestar y en la mítica lucha de clases de pobres versus ricos, llevados inclusos hasta el momento de la tumba.