Este 27 de enero partirá la vigencia del nuevo IPC de la Salud, indicador que tendrá su primera aplicación como una referencia clave en el cálculo del próximo ajuste en los planes que las isapres informarán este 31 de marzo, con vigencia para el período anual abril 2020-2021.
El Ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó hoy que el primer efecto de esta herramienta será introducir una mayor homogeneidad entre los precios de los planes complementarios que las distintas aseguradoras privadas calcularán en los próximos meses, y agregó que posteriormente será una información decisiva para la resolución de los reclamos que los afiliados interpongan tanto ante la Superintendencia del sector como ante los tribunales de justicia.
"Cuando se entregue la información de lo que técnicamente corresponde a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema, cuando se efectúen los reclamos a través de los recursos de protección, la justicia va a tener ahora un parámetro objetivo", indicó el secretario de Estado. Al respecto, puso como ejemplo el caso de un afiliado al cual se le aplique un incremento de la prima a una tasa significativamente superior a la señalada por el IPC de la salud: "Lo más probable es que, efectivamente, las Cortes de Apelaciones fallen –a partir del porcentaje máximo que corresponde- , para que se rebaje el alza respectiva que esa isapre aplicó el 31 de marzo".
Mañalich indicó que este efecto de corrección será similar al que está ocurriendo actualmente con motivo del incremento de las primas GES que las isapres comenzaron a aplicar a octubre pasado con un incremento de 50,3% promedio, medida que objetó la Superintendencia de Salud oficiando a cada aseguradora para que fundamenten las razones técnicas de esa variación, y que ya suma del orden de 100 mil reclamos interpuestos ante ese organismo.
"Tal como ya estamos informando a las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema cuál es el alza en la prima Auge con motivo del nuevo régimen de garantías para 85 enfermedades, nosotros vamos a entregar a los tribunales de justicia, y a la propia superintendencia, cuánto es lo técnicamente justificado para los reclamamos que se le presenten a partir del 31 de marzo", explicó Mañalich sobre el escenario que viene para el ajuste de los planes complementarios.
Junto con reiterar que el objetivo del IPC de la Salud en esta etapa será servir de referencia al sistema, el ministro explicó que en el futuro su aplicación será obligatoria para el cálculo de los ajustes en los planes de las isapres, lo cual está sujeto a la aprobación del proyecto de reforma al sistema asegurador privado que actualmente se tramita en el Congreso, específicamente en la Comisión de Salud del Senado.
"Si esto fuera ley, permitiría que la Superintendencia y el comité de expertos que establece este proyecto, determinen cuál es el precio máximo al cual se puede reajustar el plan de salud y señalen que cualquier otra alza sobre ello es ilegal, tanto en el caso de la prima AUGE como para el plan complementario, que es el reajuste más importante de las aseguradoras".
En relación a la anunciada reforma estructural a Fonasa –cuyo principal hito es el establecimiento de un Plan Universal de Salud– el secretario de Estado indicó que el presidente Sebastián Piñera concretará el envío de ese proyecto este domingo.
Si el gobierno se hubiese preocupado de este tipo de cosas desde el inicio y no de leyes de identidad de género y matrimonios homosexuales no habríamos tenido un estallido social tan violento, o al menos habríamos partido con un mejor pie post 18O.
La salud y educación probablemente es lo que más se come el presupuesto familiar, especialmente cuando tienes dos o más bendiciones o estás en la tercera edad.
Como está orientado a las Isapres, lo que deberían hacer es separar seguros de clínicas. No pueden estar juntos. Se supone que los seguros son la contraparte de las cuentas de las clínicas. Ahora no hay contraparte y por eso el costo de la salud se ha disparado.
Y lo otro que deberían hacer es tener un listado completo de precios de insumos y servicios de referencia en el servicio público contra el cual deberían facturar las clínicas, de manera que los consumidores y pacientes puedan ver en que están sobre cobrando, que suelen ser en la hotelería e insumos.
En la salud si se requiere información, y tenemos la fortuna de contar con un sistema público, que por ineficiente que parezca ser (no lo es tanto en lo que a emergencias se refiere, si en tratamientos), con el cual comparar precios.
La Salud es de las pocas cosas que creo deberían estar bajo la tutela completa del gobierno en formato de concesiones con rigurosa estructura de precios para quienes quieran competir por una de ellas.
Dejar al libre mercado sin regulaciones, chequeos ni balances y para todos los efectos formando carteles entre Isapres y clínicas ha sido un desastre.
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