El camino "colombiano" que muchos temen podría seguir la deuda chilena

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Economistas renuevan sus proyecciones para los compromisos del país: ven un salto desde 32,5% a 50% del PIB en tres a cuatro años –por sobre el 39,5% previsto por el Gobierno para 2025– y mayores costos de financiamiento.

El colombiano Andrés Pardo, jefe de estrategia para mercados emergentes de la firma neoyorquina XP Investments y exviceministro de Hacienda en Colombia, tiene un mensaje para la convención constitucional recientemente electa en Chile: “miren la experiencia colombiana”, dice. Recuerda que, en 1991, el país promulgó una nueva constitución emanada de una asamblea constituyente compuesta por una diversidad de grupos. “Generó un conjunto de derechos sociales muy legítimos, pero sin una estrategia para cubrir los gastos. Al día de hoy, la deuda no para de crecer”, señala, indicando que ésta recientemente pasó desde el 50% al 60% del PIB con la pandemia. Hace algunos días, y tras los fallidos intentos del gobierno por subir el IVA –que derivaron en inéditas protestas–, la agencia S&P recortó la calificación de deuda del país a “bono basura”, lo que aleja a una serie de inversionistas de financiar al país.

Mientras la deuda pública de Chile cerró 2020 en 32,5% del producto, un nivel bajo en relación a buena parte del mundo, no son pocos los que creen que los más recientes eventos políticos terminarán por asemejar los compromisos de Chile a los del país cafetero. “Chile podría seguir los pasos de Colombia, donde es cada vez más difícil deshacer el apoyo fiscal”, señala Nikhil Sangani, economista de la firma británica Capital Economics. Asegura que “es probable que la deuda pública de Chile alcance cerca del 50% del PIB en los próximos 3 a 4 años, ya que parece haber un amplio apoyo para mantener una política fiscal laxa. Ese sería especialmente el caso si hay un cambio populista en las próximas elecciones, o si la nueva constitución consolida un mayor gasto público”, señala.

“El 39,5% proyectado por el gobierno podría considerarse el escenario optimista”, dice Mario Castro, analista de renta fija en BBVA. “Sin embargo, los riesgos están sesgados al alza dado el potencial impacto fiscal que termine teniendo la constitución”, sostiene. Cree que el costo de financiamiento de Chile, medido por la tasa del bono de Tesorería a 10 años, pasará fácilmente desde el 4% actual –que ya refleja un salto desde el 2,2% de hace un año– al 6% en un plazo de cuatro años. Esto, “reflejando la incertidumbre fiscal y política, las tasas externas más altas y el ciclo de alzas del Banco Central que se viene. Probablemente ese nivel se alcance antes”, asegura.

Tanto en el mercado local como externo ven una alta probabilidad de que, en pocos años más, la deuda pública de Chile se duplique en relación a la observada en 2018. Algunos creen, incluso, que la comparación de lo que puede ocurrir se encuentra más cerca en Sudamérica. “Concuerdo en que vamos rumbo a una deuda pública de 50% del PIB en 2025 y que Colombia es un buen punto de referencia. Pero si terminan las AFPs y no se les reemplaza por algo equivalente en términos de capacidad de inversión, nos pareceremos más a Argentina”, dice Felipe Alarcón, economista jefe de EuroAmerica. “Ahí, el mercado de capitales prácticamente no existe y se reduce a solo money market (préstamos de muy corto plazo)”. Asegura que, este jueves, se dio un ejemplo de ello: “Hacienda concretó la venta de letras en el mercado a muy corto plazo, en reemplazo de las emisiones de más largo plazo que tuvo que suspender tras el alza de tasas asociada a la decisión del TC sobre el tercer retiro de fondos AFP”.

Una clave de las mayores perspectivas de deuda se encuentra en las demandas explicitadas por los integrantes de la convención constitucional, varias de ellas relacionadas a un mayor rol del Estado en la sociedad. “Creemos que el modelo socioeconómico chileno avanzará hacia un Estado de Bienestar (similar a Canadá y Escandinavia). Es decir, mínima intervención del gobierno en los mercados financieros y la economía, pero con sólidos programas sociales financiados por el Estado, como educación, atención médica y pensiones”, dice Juan Egaña, analista de mercados emergentes en la firma canadiense BCA Research. “Para que el gobierno aplique este nuevo modelo y aumente el gasto fiscal, la deuda pública tiene que aumentar”, señala.

Su visión sobre lo que viene, sin embargo, no es pesimista. “Afortunadamente para Chile, tiene una de las proporciones de deuda pública a PIB más bajas de las principales economías de mercados emergentes y desarrolladas, que actualmente se ubica en solo el 33% del PIB. Si asumimos que la relación deuda pública/PIB aumentará un 4% cada año (más que el aumento promedio del 3% de los últimos seis años), la deuda pública podría llegar hasta el 50% del PIB”, indica. No obstante, “esto supone que los ingresos del gobierno y el crecimiento del PIB no aumenten sustancialmente en el mismo período de tiempo”. A su juicio, el crecimiento del producto “podría recibir un impulso notable por mayores desembolsos fiscales, y los ingresos fiscales podrían aumentar por mayores royalties sobre las exportaciones de litio y cobre”, por lo que la deuda “podría estar entre 45 y el 50% del PIB en los próximos cinco años”, indica.

HACIA NUEVAS TASAS

BCA cree que, incluso con un salto en la deuda pública hasta el 50% del PIB, ésta sería más baja que el resto de la región en la actualidad, particularmente Brasil, Colombia y México. Además, “dado que se prevé que la deuda pública aumente en todo el mundo y especialmente en Estados Unidos durante este mismo período, la deuda local chilena seguirá siendo atractiva para los inversores internacionales”, dice Egaña. A su vez, “a medida que la volatilidad política se disipe con la nueva constitución y las concesiones económicas de los partidos tradicionales, la prima de riesgo en los activos chilenos disminuirá, marco en el que los rendimientos de los bonos locales chilenos a 10 años “no superarán el 4% de manera sostenible”, indica.

No se trata, sin embargo, de una visión generalizada. Nikhil Sangani, de Capital Economics, afirma que si bien los costos de endeudamiento en Chile "han aumentado considerablemente en los últimos meses" en medio de la incertidumbre política, las tasas no se moderarán en el periodo post elección de constituyentes. "Creemos que éstas se mantendrán elevadas en los próximos años”, dice el economista, previendo que en el corto plazo el rendimiento de los bonos del gobierno a 10 años de Chile se mantenga por sobre el 4% recién alcanzado. "Podría subir por encima del 5% si los riesgos políticos siguen siendo altos y el índice de deuda pública continúa en una trayectoria ascendente”, advierte.

El nuevo escenario no solo introduce el riesgo de un gasto disparándose, plantean distintos estrategas. “Si la Convención Constitucional avanza en materias que generan preocupaciones al mercado, se corre el riesgo de que se produzca una salida de capitales, lo que tendría impactos negativos de primer orden para todos los activos locales, incluida la renta fija de gobierno”, dice Felipe Ramírez, economista jefe en Coopeuch. “Si este es el caso, sumado al hecho que el mayor endeudamiento esperado del Gobierno Central implicará mayores emisiones, las tasas podrían tener aumentos importantes. En caso contrario, la tasa del bono de Tesorería a 10 años la vemos aumentando de forma acotada hacia el 2025, quizás llegando a un rango entre el 5% y 6%”, indica.

Ninguno de los consultados concuerda con la proyección expresada por la Dirección de Presupuestos. “Este año tendremos nuevamente una expansión importante del gasto, que podría rondar los dos dígitos dependiendo del avance de algunas de las propuestas que han surgido en el contexto de la agenda de ‘mínimos comunes’”, dicen desde el equipo de Estudios de Banco Santander. La firma, que espera que la deuda sobrepasase el 45% del PIB en 2024 y se aproxime al 50% en 2025, recuerda además que “la incertidumbre en torno al proceso constituyente ya se ha reflejado en las tasas de mercado: los bonos a 10 años se transan con retornos cercanos a 4%, luego de tocar mínimos históricos de 2% a mediados de 2020”. No obstante, señalan que las tasas siguen siendo bajas en una perspectiva histórica, “y es esperable que se mantengan así en la medida que las condiciones financieras globales sigan siendo expansivas. Con todo, el costo del servicio de la deuda será creciente y es posible que en los próximos años destinemos algo más de 1% del PIB en gasto de intereses”.

La propuesta que se está negociando en materia de mínimos comunes “llevará a un nuevo masivo apoyo de parte del gobierno a las familias chilenas y Pymes”, dice Sergio Lehmann, economista jefe de Bci. “Bajo esa mirada, la proyección que hacía la Dirección de Presupuesto muy recientemente respecto a la deuda pública sobre PIB se va a sobrepasar con cierta holgura. Esperamos que la convergencia sea hacia 45% del PIB (en 2025), bajo el supuesto que hacia los próximos años se reduce el gasto, al tiempo que se eleva la recaudación fiscal, fundamentalmente a través de eliminar algunas exenciones tributarias que hoy no tienen una buena justificación”, dice el economista.

Lehmann cree que esto podría elevar en algún grado, pero menor, el costo de financiamiento de Chile, aunque “entendiendo que se retoma en los próximos años la responsabilidad fiscal, pilar de la economía en las últimas décadas, lo que implica al menos alcanzar un equilibrio fiscal estructural de forma gradual”. De otra manera, advierte, “se arriesga una nueva baja en la nota crediticia de Chile y alzas en las tasas de interés relevantes para financiamiento”.

Claudia Sotz, economista jefe de Tanner Investments, ve “factible que la razón deuda bruta/PIB alcance niveles por sobre el 40% durante los dos próximos años”, mientras que “para el tercer año y en una trayectoria creciente logre porcentajes que se vayan acercando al 50%”. Espera que en los próximos años la tasa del bono de gobierno a 10 años se ubique entre 4% y 5% y asegura que “es relevante que se mantenga la regla de superávit fiscal, considerando los niveles que ha alcanzado el precio del cobre”.

Felipe Ramírez, de Coopeuch, dice que tras los resultados de las elecciones del fin de semana antepasado, “una cosa es clara: teniendo en cuenta el perfil de los constituyentes elegidos, el gasto del Gobierno Central aumentará con la nueva Constitución, y tendrá que ser financiado con mayor endeudamiento y mayores impuestos. En este sentido, la última proyección de la Dipres de 39,5% de la deuda de Gobierno al 2025 pareciera quedarse corta”.

En serio no veo el problema de llegar al 50% de la deuda en relación al PIB, en la medida en que tengamos un mercado de capitales desarrollado.

Y por supuesto que no tengamos monos con navaja dictando las políticas  públicas de todo gratis para todos porque todos tienen derecho a ello. El trabajo y la construcción de capital está tan sobrevalorado por los cochinos capitalistas dogmáticos…

Si quieres crecer en el mercado de capitales y en tu economía debes tener una cantidad adecuada de deuda de buena calidad. Y 30% no es suficiente para ello.

Si la fijas en 50% como tope máximo y el resto simplemente lo imprimes con tope del crecimiento del PIB, tendríamos un mercado de capitales hot, y por ende una economía desbocada. Siempre y cuando el 20% restante sea puesto en infraestructura crítica para este giro productivo en el que estamos ahora.

Pero el camino corto a repartir la riqueza existente en vez de generar las condiciones para producir más es muy tentador.

Todo gratis y que los que tienen más no lo disfruten porque ellos van a tener que pagarlo. Como se atreven sucios acaparadores de medios productivos y de trabajo.

Ya van a ver…