La vicepresidenta, Carolina Tohá, informó este miércoles que el gobierno resolvió aplicar la ley de seguridad del estado en contra de los camioneros movilizados que han bloqueado rutas y que se está organizando despliegue policial para despejar las carreteras.
Explicó que “el gobierno ha hecho todos los esfuerzos por evitar este conflicto, el lunes se hizo un acuerdo que contenía medidas muy significativas con un esfuerzo importante por dar respuestas a varias demandas que se han planteado por parte de los transportistas que se han movilizado. Pese a ello ha habido grupos que han mantenido una interrupción del funcionamiento normal de las carreteras y se afecta a las personas, la circulación y está afectando el abastecimiento en distintos puntos del país”.
Afirmó que “eso no es aceptable, no lo vamos a tolerar, por eso el gobierno ha decidido que va a invocar la ley de seguridad del Estado, como corresponde en casos como este y esto es un hecho, es una decisión ya tomada”.
Indicó que se han realizado algunas gestiones y conversaciones para resolver el conflicto pero “en lugar de avanzar a una solución del problema lo que han hecho algunos de los grupos que firmaron el acuerdo del lunes es plantear nuevas demandas totalmente desproporcionadas para la realidad del país y que no consideran el esfuerzo del lunes”.
Paralización
Hasta mediodía del miércoles, nada parece haber servido el acuerdo alcanzado entre el Gobiernos y los representantes de los camioneros, ya que en distintos puntos del país camiones se siguen tomando carreteras, como es el caso de la Ruta 68, donde a la altura de Casablanca y Placilla los automovilistas se encuentran con largos tacos provocados por conductores que detienen el tránsito con sus camiones.
Ante esta situación el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, desde la sede del Congreso en Valparaíso, lamentó esta mañana que los camioneros agrupados en distintas federaciones no hayan respetado el acuerdo pese a que este se hacía cargo –aseguró– de todas sus demandas. Según la autoridad solo sumando dos de las medidas sobre las que se había llegado a acuerdo –la complementación del Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco) y el congelamiento del precio del diésel por dos meses– significan para el fisco US$ 6.000 mil millones.
Camioneros aseguran que Hacienda comprometió para el 2023 un Mepco quincenal y mantención de rebaja de impuesto específico
De ahí que señalara que el esfuerzo que está haciendo el Gobierno “para paliar el alza del costo de los combustibles es de igual magnitud fiscal que el pago de la Pensión Garantizada Universal a 2 millones de chilenos”.
En este sentido, aseguró que “no hay fundamento” para que los camioneros continúen con el paro y menos aún para que quienes suscribieron el acuerdo lo desconozcan, enfatizó.
Tras estos argumentos fue categórico en adelantar la medida que anunció Tohá, ya que “como esto afecta la vida de los chilenos (…), el Gobierno va a ocupar todas las herramientas que le da el Estado de Derecho para proteger el normal funcionamiento del país para proteger a los sectores más vulnerables. Un grupo de interés al cual el Gobierno le ha contestado, al cual le ha puesto una cantidad de recursos cuantiosos no tiene fundamento para alterar el normal funcionamiento del país” y concluyó advirtiendo que “vamos a utilizar todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho, si eso implica usar la Ley de Seguridad Interior del Estado, el Gobierno va a usar la Ley de Seguridad Interior del Estado”.
Exigencia: rebajar en 30% todos los combustibles
Y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien se encuentra en el Congreso en Valparaíso, encabezando la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos no quiso dejar pasar la oportunidad de referirse al tema, “en el ámbito de noticias no tan buenas”. Partió por confirmar que el lunes se sostuvo un diálogo con representantes de los camioneros en paro, que concluyó con un acta de acuerdo, que alude a los temas planteados por los camioneros, donde el Ejecutivo se allanó a una serie de medidas entre las que destacan la ampliación de la vigencia del Mepco; crear un mecanismo de estabilización de precios del petróleo diesel por un plazo de 90 días, establecer un límite al incremento de precios que pudiera producirse al cabo de esos 90 días, ajustes cada 15 días y no semanal una vez concluido el plazo de tres meses; también se trató ampliar la vigencia del reintegro parcial del impuesto específico por un año completo -concluía a fines de este año-; un conjunto de acuerdos relacionados con la seguridad en las carreteras; zonas de descanso seguras en la Macrozna Norte, entre otros, detalló.
Hizo hincapié en que esta acta no es una propuesta del Ejecutivo, sino un acuerdo al que se llegó tras todo un día de trabajo; pese a ello –lamentó- uno de los gremios que participaron del acuerdo decidió sumarse al paro y hoy se le envió una carta al Gobierno en que se exige rebajar el valor de todos los combustibles en un 30% en forma inmediata con una duración de seis meses.
“Más allá de manifestar la contrariedad que genera tener por un lado un acuerdo y al día siguiente o subsiguiente tener una demanda de estas magnitudes, es importante que la ciudadanía entienda la magnitud de este tipo de demandas. El costo fiscal de reducir un 30% los precios de los combustibles, a través del mecanismo del Mepco, y mantenerlo durante seis meses es del orden de los US$ 2.500 millones, si es que los precios de internación se mantienen como están hoy día”, detalló el jefe de la billetera fiscal y añadió que “si el dólar subiera un 10% ese costo incrementaría a US$ 4.500 millones, si el tipo de cambio subiera ese 10% y los precios internacionales de los combustibles volvieran al nivel en que estaban hace un mes, el costo fiscal de lo planteado subiría a US$ 6.500 millones”.
Para aterrizar la cifra, Marcel explicó que el bono de invierno entregado el año pasado costó al fisco US$ 1.000 millones, beneficio que llegó a unos 7 millones y medio de personas. Es decir, que la estimación “más conservadora” de lo que exigen los camioneros en paro es de dos y media veces un beneficio que favoreció a más de 7 millones de personas o también equivaldría a todo el presupuesto de la salud primaria, en la versión más conservadora de la exigencia.
Por lo que aseguró que si bien el Gobierno sigue disponible para cumplir lo que se acordó inicialmente, no lo está para reabrir la negociación “sobre la base de dificultar la vida de todos los chilenos y chilenas, dificultar el ejercicio de sus derechos ciudadanos, nos parece totalmente inadecuado, improcedente y, además, tiene los problemas de legalidad que ha estado planteando el Ministerio del Interior”, argumentó, apuntando que las exigencias que se hacen ahora son de “magnitudes desproporcionadas”.
YOU SIMPLY DONT MESS WITH THE TRUCKERS….
No es necesario que bloqueen carreteras. Simplemente dejan de transportar.
Y ese punto va a llegar eventualmente si/cuando siga escalando el precio de los combustibles y las tarifas que cobran no puedan seguir subiendo.
Será más barato quedarse en la casa.
Eso viene en camino.
Así es que solo resta sentarse. Algunos bloquearán carreteras, y cuando se sientan lo suficientemente violentados por precios y el gobierno usando la fuerza, simplemente no transportarán nada.
Es una trayectoria que viene en ruta (pun intended)…
Allende cayó por los camioneros.
Las restricciones COVID comenzaron a caer en Canadá y por extensión en USA, ídem.
Tiene solución?
La verdad es que no. Los factores que están reventando a los camioneros y por extensión a todo el resto no son ni controlables ni mejorables por el gobierno salvo la seguridad en carreteras. Pero en el agregado general ese será solo un factor. El detonante principal será el precio de la bencina.
Y esa va a reventar todo, si/cuando los hippies verdes en USA sigan jodiendo la oferta y gastando las reservas que tienen.
NO tenemos ningún control sobre ello.
So…
BREATHE…
se estan metiendo en un "tete" los arbolitos .....
ResponderEliminar¿Que mas podrían hacer los arbolitos?
ResponderEliminarNo estoy de acuerdo en que los transportistas no vayan a trabajar. No es la trayectoria.
Si los precios suben en algún momento la demanda decrecerá, por lo que si se podrían quedar en su casa, pero por falta de trabajo.
Yep. Los camioneros ganan dinero por transportar. Si se detienen es por fuerza mayor. Y si, como opinaba en el artículo, eventualmente no van a trabajar porque no van a tener demanda, o los costos de transportar serán mayores a los precios que pueden traspasar.
EliminarEl problema que los políticos no bajan el impuesto específico y el IVA por combustible, como ellos no lo pagan.
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