“La rentabilidad del inversor público debería ser similar a la de los fondos de pensiones en las AFP en el largo plazo y con mucha menor volatilidad”

@ElMercurio

En los últimos días, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha expuesto los detalles de la reforma previsional en casi diez instancias, tanto al interior del Gobierno como hacia afuera. La presentación se la sabe de memoria. “Lo primero es mejorar las pensiones futuras y las pensiones actuales y hacerlo para todos los afiliados. Segundo, generar un sistema mixto, con diversos aportes y actores. Tercero, un sistema que premie el ahorro y el trabajo a lo largo de la vida, porque la persona que cotiza siempre va a tener una mejor pensión. Cuarto, simplificar las cosas para los afiliados, no instarlos a tomar decisiones complejas para las cuales no tienen información o van a estar presionados por el marketing. Y, por último, en lo que se refiere a las cotizaciones de las personas, que el ahorro acumulado sea de su propiedad y heredable según su preferencia. Esos son los principales objetivos del sistema”, afirma.

En la semana que comienza, el proyecto ingresaría al Congreso, donde ya ha enfrentado duras críticas. Pero Marcel parece imperturbable. Defiende su proyecto, aunque desde ya asegura que está dispuesto a escuchar.

—Esta es la tercera reforma en tres gobiernos, ¿usted piensa que esta es mejor que las dos anteriores?

“Entre las muchas cosas que analizamos está la experiencia de las dos reformas anteriores, cuáles fueron los temas que complicaron su discusión y, por otra parte también ha habido un esfuerzo mucho más sistemático de escuchar a la ciudadanía. Además, creo que el trabajo prelegislativo ha sido bastante más intenso del que hubo en las dos oportunidades anteriores”.

—Hoy el Gobierno no tiene mayoría en el Congreso. En términos de contenido, ¿qué está dispuesto a ceder para que esta tercera vez, efectivamente, sea la vencida y haya una reforma de pensiones?

“Antes de definir qué ceder, hay que preguntarse qué estamos presentando, y una de las principales características de este proyecto es que es bastante pragmático, pero es claro respecto de sus objetivos. Cuando uno se enfrenta a un proceso legislativo, lo primero que debe tener claro es qué está buscando, porque así probablemente va a ayudar a la contraparte a encontrar terreno común y espacios de convergencia. Dentro de eso podremos discutir”.

“Nosotros creemos que tenemos una buena propuesta, que busca lograr sus objetivos de la manera más eficiente posible. Pero por supuesto, como en muchas otras reformas, uno siempre tiene que estar preparado para escuchar y acoger las buenas ideas que surjan en el camino”.

—¿Cuánto subirían en promedio las pensiones del sistema con esta reforma, dado que el primer objetivo es aumentarlas?

“Debemos tener claro que en pensiones puede haber mucha dispersión en torno a los promedios, por las diferencias en las historias laborales y contributivas de las personas. Advertido eso, estimamos que la mediana de incremento para los pensionados actuales será de 37%, comparando con la situación actual incluida PGU al valor vigente. Para los jubilados futuros, tomando como referencia a una persona de 23 años en la actualidad, la mejora mediana sería de 50%. En torno a estas medianas generales, podemos agregar que la mejora será mayor para las mujeres, y que todos ganarán algo a partir de cifras del orden del 30%. Son mejoras muy sustantivas”.

—Los expertos pidieron antes de conocer el proyecto que el Gobierno realizara y publicara estudios respecto de cuál es la realidad del sistema de pensiones actualmente, después de la creación de la PGU y de los retiros de fondos. ¿Esos estudios se hicieron?

“Hay muchos microdatos con los que se ha estado trabajando. Si alguien quisiera reproducir algún cálculo o evaluar alguna alternativa, van a estar los datos disponibles para hacerlo durante la discusión. Vamos a presentar el proyecto, el informe financiero y, además, el informe de productividad, que tiene mucho detalle sobre los aspectos económicos de la reforma”.

—Usted estima que con la reforma la pensión subirá 50% para los futuros pensionados. ¿Eso es más de lo que subirían si el 6% de cotización adicional fuera a cuentas individuales y no al fondo común que proponen?

“Un aumento de la cotización llevado íntegramente a cuentas de capitalización individual solo podría mejorar las pensiones futuras en un horizonte de 40 años, por lo menos, a diferencia de nuestra propuesta, que las mejora de inmediato, incluyendo a los actuales pensionados. Aclarado este punto fundamental, podemos agregar que si proyectamos a 40 años, nuestra propuesta generaría, además, pensiones mayores en promedio. Porque si solo se destinara la cotización a una cuenta individual, esta a lo más lograría aumentar en 60% el valor de la actual pensión autofinanciada de $64 mil. Nuestra propuesta, además del componente de seguridad social y el aumento de la PGU, genera una mayor acumulación de fondos en las cuentas individuales de 23%, lo que equivale casi a un aumento de la tasa de cotización de dos puntos y medio sin mayor esfuerzo contributivo del trabajador”.

—Del 6% que finalmente va a un fondo común, ¿cómo va a funcionar esta distribución que proponen del 70% a cuentas personales y el 30% para reparto?

“Primero, en el seguro social todos van a recibir beneficios, registrándose mensualmente aportes a las cuentas personales equivalentes a la suma de una fracción de 70% del aporte del empleador de 6% en proporción a su salario, y de un monto fijo, parejo para todos los cotizantes, equivalente al promedio del aporte restante del empleador, el 30% del 6%. Esto significa que todos los trabajadores con una renta imponible mensual inferior a los $1.500.000 van a recibir un aporte superior al 6% de su remuneración. Entonces, todos se benefician con el aporte de los empleadores. Mucha gente temía, cuando se hablaba de solidaridad, que algunos iban a aportar recursos sin recibir beneficios y otros recibirían beneficios sin un esfuerzo personal. Esto no ocurre en la propuesta del Gobierno”.

—¿Por qué si el 70% del 6% de mayor cotización va íntegro a cuentas personales estos recursos tienen que ir al Estado, en lugar de ir directo a las cuentas individuales y que la gente elija si lo administra un organismo público o privado?

“Porque este es un seguro social. Cuando actualmente se cotiza para el seguro de invalidez y sobrevivencia —que indudablemente es un seguro—, los trabajadores no tienen derecho a decidir que lo administre la compañía de seguros A, B o C, o que lo administre el Estado. Se hace una cotización, el sistema licita toda la administración y hay un solo proveedor del seguro. En un seguro social, a diferencia de una cuenta de capitalización individual, lo lógico es que lo administre un ente público. Esto ocurre, por ejemplo, en el actual seguro de cesantía. Para los que creen que es imposible que el Estado haga las funciones propias de administrar un sistema de seguridad social —cosa que es bien absurda considerando la experiencia en el mundo—, una demostración es el seguro de cesantía”.

—Pero las encuestas dicen que más del 80% de los chilenos quiere que la cotización adicional vaya a sus cuentas individuales. ¿Por qué el Gobierno insiste en esta fórmula de fondo colectivo, desoyendo lo que quiere la ciudadanía?

“Primero, para saber lo que dice la ciudadanía tenemos que fijarnos en qué le estamos preguntando. Cuando uno pregunta a dónde quiere que vayan sus ahorros, la gente quiere que vaya a cuentas individuales, y esta reforma así lo dispone. Pero cuando uno les pregunta a las personas qué debe pasar con las cotizaciones que hagan los empleadores, en ese caso el tema de la propiedad es menos relevante. Lo que ocurre es que muchas veces mezclamos las dos cosas al momento de preguntar”.

—Si en su opinión la pregunta no está bien hecha en las encuestas, ¿lo que propone esta reforma es algo que la ciudadanía respaldaría?

“Lo que yo diría es que lo que espera la ciudadanía es que, si hay aporte de los empleadores, se pueda ver el destino y los beneficios que va a tener. Y se ha puesto especial atención en que las personas vayan viendo cómo se van acumulando sus beneficios futuros”.

—¿El 6% se comienza a invertir de inmediato o al principio va a ir a entregar beneficios en el reparto?

“Como el aumento de la tasa de cotización será gradual, de 1% por año durante 6 años, al principio para poder pagar beneficios, el fisco le va a hacer un préstamo al Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA). Son US$ 600 millones que los va a prestar el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP). Las condiciones de devolución son a una tasa de interés como la que obtienen los fondos públicos, que es relativamente baja”.

—¿Pero cuánto del 6% será para capitalizar y cuánto para distribuir?

“Es una cantidad que va variando conforme va avanzando el sistema. Al principio va a tener más pago de los beneficios a los pensionados actuales y de a poco va a ir acumulando ahorro. Los ahorros van a superar a los gastos en beneficios relativamente pronto, en cuatro o cinco años. Y hacia adelante, el cálculo que tenemos es que el seguro social va a acumular activos sistemáticamente hasta el año 40 después de iniciarse y en ese momento alcanza un peak que se mantiene relativamente estable en el tiempo, en torno a 30% del Producto”.

—Hay algunos analistas que cuestionan el sistema de cuentas nocionales y dicen que se trata de cuentas “ficticias”, porque en realidad la plata no va a estar invertida en un mercado, sino que es más bien un compromiso del Estado de un beneficio futuro…

“Eso no es tan cierto en este caso. La percepción de que las cuentas nocionales es algo ficticio tiene que ver con la idea que mucha gente tiene de un reparto estricto, en el cual todo lo que se recauda de los trabajadores activos se paga en beneficios para los pensionados. Pero esto no es eso, esto es un seguro. Si bien va a haber un pago de beneficios para los pensionados actuales, eso será solo una fracción de la cotización, y el resto son derechos que van a estar respaldados por inversiones del inversor público autónomo”.

—¿Qué rentabilidad espera que tenga este inversor público?

“Es una rentabilidad nocional que no es igual al caso de las cuentas individuales, porque es una rentabilidad que se va a calcular a largo plazo, considerando no solamente el retorno de las inversiones, sino que también los factores sociodemográficos que van a ir variando los aportes y los beneficios a través del tiempo. Por lo tanto, la rentabilidad del inversor público debería ser similar a la de los fondos de pensiones en las AFP en el largo plazo y con mucha menor volatilidad”.

—En los últimos 10 años el fondo C en las AFP ha rentado cerca de 3% y en los últimos 17 años en torno a 4%. ¿Eso espera que rente?

“Habría que comparar con la rentabilidad promedio que tendrán los fondos de capitalización individual en el futuro y desde la perspectiva del trabajador, es decir, neto de comisiones. Si este cálculo se hace hacia atrás, da un cifra cercana al 3% real anual. Otro referente es que un bono de Tesorería hoy día paga una tasa de 6,5% nominal a 10 años. O sea, estamos hablando de cifras del orden de 3% a 3,5%”.

—¿Qué pasa si el fondo público no renta lo mismo que el sector privado?

“Si no renta lo mismo que el sector privado, lo primero que hay que hacer es pedir explicaciones a quienes administren esas inversiones”.

—La comparación será inevitable entre lo que renta el 10% en gestores privados versus lo que renta el 6% en el gestor público.

“Sí, y eso es bueno. Hecha la salvedad de que son distintos tipos de inversión, me parece que la comparación con el inversor privado es una buena forma de mantener bajo control al administrador público. El administrador público tiene la obligación de invertir con el mayor rendimiento posible para el grado de riesgo que está dispuesto a asumir el sistema. Y si tiene un mal desempeño, habrá que ver las razones”.

—Esa rentabilidad garantizada es un compromiso con el afiliado…

“Más que un compromiso, es algo que se debiera ir actualizando con mucha anticipación, a través de los estudios actuariales que se harán cada tres años. Va a cambiar gradualmente en el tiempo, por ejemplo, si cambia el perfil demográfico, si hay algún beneficio que se descuadra o queda corto. En este caso, lo que está en el proyecto de ley es que, si el administrador público ve en este estudio actuarial un riesgo de que se produzca un desequilibrio en el sistema, se lo va a comunicar al gobierno, el cual estará obligado a dar una respuesta con alguna modificación paramétrica, ya sea de beneficios, de cotizaciones o de edad de jubilación. Y si el gobierno no responde o no logra apoyar un proyecto en ese sentido en el Congreso, el propio administrador va a poder modificar el parámetro de beneficios”.

—¿Y en la práctica es realista pensar en que se van a poder recortar beneficios si las condiciones esperadas no se cumplen? Políticamente es muy difícil…

“Sí. Porque son beneficios que se van calculando a futuro; como son cálculos que se hacen a largo plazo, cualquier modificación que se haga va a ser relativamente gradual y a futuro, sin consecuencias retroactivas”.

—¿El inversor público va a poder invertir en deuda pública?

“El inversor público va a poder invertir en todos los instrumentos del mercado de capitales, pero por supuesto que la autonomía de ese inversor público pasa por asegurar que no haya conflicto de intereses y que no esté subordinando sus decisiones de compras de bonos públicos a las necesidades de financiamiento del Estado. Hoy día las AFP tienen bonos públicos en sus carteras y el seguro de cesantía también”.

—¿Cómo se garantiza que estos fondos no vayan a financiar otros fines que determine el gobierno de turno independiente del signo político?

“El mecanismo que se va a definir para seleccionar a los integrantes del consejo de este administrador público de pensiones será el mismo del Banco Central. Si vamos a tener un consejo que se va a conformar de la misma manera y que va a tener el mismo grado de autonomía, no hay razones para pensar que se va a comportar distinto. Ahora, el inversor público podría subcontratar una parte de sus funciones, por ejemplo, podría subcontratar para toda la renta fija y así minimizar cualquier riesgo de conflicto de interés respecto de la compra de bonos públicos”.

—Se va a transitar desde el cobro de comisión sobre sueldo mensual a comisión sobre el saldo. ¿Qué pasará con las personas que llevan años cotizando y cuyos ahorros ya pagaron comisión a la AFP?

“Esa es una pregunta muy válida, porque los que hemos cotizado durante muchos años hemos pagado nuestras comisiones como porcentaje de la remuneración y nuestros saldos ya tienen metidas adentro esas comisiones. Lo que se va a hacer es que a la comisión sobre el saldo se le va a aplicar un descuento en función de la edad del cotizante. Está calculado con el propósito de que no se produzca el doble cobro”.

—¿Pero si esos fondos ya pagaron, no debiera ser cero el cobro?

“En un principio el descuento debiera ser muy grande, pero de ahí para adelante ya son nuevas decisiones de inversión, se van a ir agregando cotizaciones y, por lo tanto, es lógico que de ahí se vaya pagando una cotización sobre el saldo”.

—¿Cuánto va a cobrar en comisión el ente público?

“Con la comisión actual no solo se financia la gestión de inversiones, sino que también toda la gestión de cuentas. Y la gestión de inversiones es una fracción relativamente pequeña de los costos de las AFP. No es más de la quinta parte. Entonces, eso significa que si uno calculara la quinta parte de las comisiones actuales, que en promedio son algo más de 1% de la renta, y eso lo acumula en un tiempo en el saldo, tendrá una comisión que va a estar entre 0,2% a 0,4% de ese saldo”.

—Qué efectos tiene esta reforma en el mercado laboral?

“Va a ser a lo menos neutro y, en realidad, más bien ayudará a reducir la informalidad. Dado que los beneficios del seguro social van a tener este sello progresivo, en el sentido de beneficiar más a los trabajadores de bajos ingresos, y siendo esos trabajadores los que están más cercanos a la informalidad, a esos trabajadores les va a convenir estar cotizando en el sistema, les va a convenir estar trabajando con un contrato.

Además, para reducir las lagunas, a las personas que no pudieron trabajar porque se dedicaron al cuidado de un adulto mayor o un discapacitado, el seguro social les va a pagar las cotizaciones por dos años; a los trabajadores que queden cesantes, el seguro de cesantía les va a pagar sus cotizaciones junto con los beneficios; y a los trabajadores independientes informales se les va a ofrecer la posibilidad de hacer un monto convenido mes a mes de depósito fijo mensual. Podrán pactar esos pagos mensuales a través de su banco”.

—Por otra parte, esta reforma implica un aumento de costos laborales para las empresas. ¿Cuál es el impacto que estima en el empleo formal?

“El costo para el empleador va a aumentar en función de la tasa de cotización y para minimizar el impacto sobre el empleo se va a introducir de manera gradual. Y, en segundo lugar, según muchos estudios han demostrado, incluyendo unos que hizo el Banco Central, cuando las personas ven un vínculo entre lo que se cotiza y el beneficio que van a obtener a futuro, es menos probable que se pasen a la informalidad”.

—¿No estima una pérdida de empleos por esta reforma?

“Esta reforma, cuando uno combina la manera en que se hacen las cotizaciones con la manera en que se calculan los beneficios, y la transparencia que se le está dando, los efectos sobre el empleo debieran minimizarse. Sabemos que un aumento de la cotización siempre va a involucrar el riesgo de pérdida de empleo, lo que es válido para todas las propuestas de reforma que se han discutido en los últimos seis años. Pero con el diseño que hemos hecho, hemos tomado todas las providencias para minimizar el efecto en el empleo”.

Hecha la salvedad de que son distintos tipos de inversión, me parece que la comparación con el inversor privado es una buena forma de mantener bajo control al administrador público”.

Al principio el fisco le va a hacer un préstamo al Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA). Son US$ 600 millones que los va a prestar el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP)

¿AFP ante el Ciadi?: “Cambios regulatorios significan que hay decisiones de política en beneficio de la ciudadanía y las empresas tienen que ser capaces de adaptarse a eso”

—Con este proyecto, en dos años las AFP dejarían de existir como las conocemos hoy. ¿Qué evaluación tiene usted del trabajo que han hecho?

“Las AFP, en lo que es gestión de inversiones, han hecho un trabajo correcto. En general, las comparaciones que uno puede hacer con otras gestoras de fondos indican que las AFP han sido razonablemente competitivas y no hemos tenido ningún episodio de quiebra, estafa, etc.”.

—¿Por qué terminarlas entonces?

“Lo que se está haciendo es reconocer que la administración de inversiones requiere una capacidad especializada, centrando en torno a eso la participación de las entidades privadas, ya sea las AFP que se transformen en inversores privados de pensiones o los nuevos que vayan surgiendo. Lo que está cambiando es la otra parte, la que está integrada verticalmente con la gestión de inversiones como es la gestión de cuentas”.

—¿Ve el riesgo de que las AFP de capitales extranjeros acudan al Ciadi por esto, como ven algunos?

“Siempre es difícil anticipar lo que las AFP van a hacer, pero es claro que el derecho de propiedad no está asociado a las condiciones para desarrollar el negocio. Nosotros todo el tiempo estamos teniendo cambios regulatorios de distinta naturaleza en diversos sectores y los cambios regulatorios básicamente significan que hay decisiones de política en beneficio de la ciudadanía y las empresas tienen que ser capaces de adaptarse a eso”.

—Si las AFP se terminaran en dos años y ahora habría inversores privados y públicos, y por otra parte se acaban los multifondos y se va a fondos generacionales, ¿cuál es el impacto en el mercado de capitales? ¿Las AFP tendrían que liquidar los US$ 150.000 millones para volver a invertirlos con las nuevas reglas si es que se convierten en los nuevos gestores?

“Acá tiene que haber una recomposición de carteras, pasando de los actuales multifondos a los fondos generacionales, pero para ello no se requiere liquidar todos los activos y adquirir unos nuevos, basta con traspasar los títulos, sin liquidarlos”.

—¿Pero se acaban los cinco multifondos actuales y todas las personas irían a un fondo de su generación?

“Así es, siempre dentro de la gradualidad contemplada en el proyecto”.

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Rentabilidad garantizada mayor con menor volatilidad a largo plazo…

Porqué me recuerda a Chang y Garay esa frase?

Está claro. Y expresado sin pudor ni vergüenza. Ésta reforma es para mejorar las pensiones ahora y aumentar los votos en la próxima elección. Para el futuro, justificamos con mierdas excelianas que pueden ser grupientamente justificadas con jerga financiera mula a los pasteles que tenemos en el congreso día y noche sin ningún cuestionamiento serio.

El 6% va a ser el campo de batalla claramente.

Las explicaciones son bastante chapuceras. Simplemente mandar el 4% a cuentas individuales y 3% a puro reparto discrecional suena bastante más lógico que esta chantería con rentabilidades garantizadas nominales a largo plazo, de alguna manera, que lo encuentro absolutamente ridículo. NADIE es capaz de garantizar rentabilidades REALES a 40 años, a menos que compren todo en bonos a 40 años de Asgard deflactadas en UF´s o en lo que sea la medición de inflación. En el mundo real no existen instrumentos como esos. En el mundo Disney+ puedes hacer carteras de bonos asgardinos al 60% con acciones wakandianas en 40% y hacer cálculos actuariales ultra complejos para justificarlos.

Y particularmente cuando uno ve la cotización obligatoria ahora que es la mitad de la fuerza de trabajo total lo que es increíble. No sé como interpretar eso salvo que tienes un porcentaje fijo de informalidad que debe rondar el 30% y un 20% de personas que están fuera del mercado laboral rotativamente que serían las lagunas previsionales.

Ningún sistema de reparto es capaz de sostener eso, sobre todo con pensiones supuestamente garantizadas.

O como va a ser neutro para el mercado laboral porque han tomado las medidas para ello…

Cuáles son esas medidas que generan que un aumento de impuestos al trabajo, que es lo que finalmente es esto, no alteren el mercado laboral?.

Un 6% más de costo de la mano de obra nos hace menos competitivos cualquiera sea la chapucería que quieran usar para justificar que no va a alterar el mercado laboral.

En general me parece que Marcel no participó en el diseño  de manera crítica, solo lo toma para justificar lo que está escrito, que es aumentar un 6% de impuestos al trabajo para subvencionar las pensiones AHORA y ganar votos con ello, y cuentear con las justificaciones de porqué eso no es en realidad un impuesto al trabajo ni reparto completo, porque no hace ningún sentido que el 4,2% individual no vaya a las administradoras privadas.

Y por supuesto eliminar las AFP´s, al menos en nombre, que es lo que quiere la ciudadanía, no?…

Esto es pura ideología de reparto solidario y progresiva dura de izquierda puesta en un proyecto bajo el disfraz de “moderado”.

Nada de este proyecto tiene sentido con la PGU, que es el pilar solidario.

La tienen dura.

La derecha estará en una pelea interna con los republicanos y el PDG por la supremacía del concepto de libertad económica y derecha real y eso puede significar un basureo continuo especialmente al 6% y a la reforma tributaria. El PDG + Republicanos parecen ser hoy lo que fue el FA en el gobierno de Piñera. La bisagra para todo.