Tras la aprobación de la Ley Naín-Retamal durante este miércoles en la Cámara de Diputados, lo que dejó el proyecto listo para su promulgación, desde Apruebo Dignidad -conformado por el Frente Amplio y el Partido Comunista- preparan la impugnación de la iniciativa en el Tribunal Constitucional.
El bloque oficialista anunció cuáles serán las normas que buscarán impugnar a través de un requerimiento en el TC.
De acuerdo a la diputada Catalina Pérez (Revolución Democrática), estás serán las “normas de determinación especial de la pena, que hoy no respeta criterio de igualdad en el acceso de la justicia o igualdad ante la ley, o el acceso a la pena sustitutivas para la comisión de determinados delitos”.
El artículo más conflictivo es el N°7 -el que fue rechazado en la Cámara desde Apruebo Dignidad-, que busca consagrar en el Código Penal la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales, gendarmes y efectivos de las Fuerzas Armadas que desempeñen labores de orden Público. Respecto a este articulado, Pérez aseguró que “pese a todos los esfuerzos desplegados por el Ejecutivo en el Senado (...) mantenemos el corazón de algo que nos preocupa muchísimo que es la legítima defensa privilegiada. Tememos que la legítima defensa privilegiada, aún pese a los esfuerzos del Ejecutivo, en las condiciones que se encuentra sigue sin dar una garantía adecuada para el acceso a la justicia no de narcos o delincuentes, sino de ciudadanos. Esta sigue siendo una preocupación de esta bancada”.
A juicio de la diputada por Antofagasta “ creemos que hay determinadas normas, que incluso hoy presentes en otras legislaciones son constantemente objeto de recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, por tanto, acá ocurre algo grave: le decimos a la ciudadanía que se va a poder aplicar una norma que actualmente en otras legislaciones no se puede aplicar. Por lo mismo, esperaríamos una legislación honesta, vamos a llevar estas normas al TC para que se aclara la pertinencia de la actual legislación propuesta en los términos en los que han salido de la Cámara”.
La parlamentaria manifestó que ahora esperan reunir las 39 firmas requeridas para realizar el requerimiento ante el TC, para lo que tienen cinco días de plazo desde la aprobación de la ley.
Su par del Partido Comunista Boris Barrera aseguró que la determinación se da “porque creemos que, si bien se puede decir que este proyecto avanza en algunas cosas, creemos que no cumple el objetivo y por eso es que denunciamos aquí, prácticamente, que la derecha solamente ha hecho de esto casi pirotecnia porque creemos que no cumple lo de dice que va a cumplir”.
“Mañana nada va a cambiar con esta ley, que no los engañen”, aseguró el diputado por la Región Metropolitana.
Consultado sobre si mantenían el calificativo de que la ley otorga “gatillo fácil” luego de las gestiones del Ejecutivo, el diputado Barrera afirmó que “no exclusivamente como lo habíamos dicho, que más que gatillo fácil, es licencia para matar. Esa licencia para matar, bueno, el proyecto, está un poco más acotado y creemos que tiene todavía deficiencias. El gobierno hizo el esfuerzo de dejarlo bajo los estándares internacionales en relación al uso de la fuerza y la derecha no lo permitió”.
*** Esto lo escribí antes del asesinato de otro carabinero…***
Llegamos al breaking point.
Que rápido.
Esto representa el quiebre entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático.
Llevar al TC una norma que contó con una ENORME mayoría de aprobación en el congreso, incluidos los Perkins, es derechamente el quiebre de la coalición.
Me parece que en el FA/PC llegaron a la conclusión de que están fritos y ahora solo tienen que hacer guiños a sus electores duros y el resto que se pudra.
Es probablemente lo que van a comenzar a hacer. Actuar como siempre lo han hecho. Como minoría victimista.
Dentro del propio gobierno…
Esto es lejos lo más bizarro que haya visto en cualquier ámbito de poder.
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