US$ 479 millones en 15 meses: Las transferencias del gobierno de Boric a fundaciones y similares

@ElMercurio

Son 3.298 las fundaciones, corporaciones e instituciones privadas que han recibido transferencias desde entes públicos, durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Esos aportes suman $384.993 millones, unos US$ 479 millones en 15 meses, distribuidos en 15.764 transferencias, son todos los llamados colaboradores del Estado.

La Fundación Democracia Viva, ligada a Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez, puso nuevamente en debate la diligencia con que se entregan estos recursos fiscales. En total, la entidad recibió tres transferencias por $426 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Ello, por asignación directa, sin concurso mediante, e incluso sin el giro de construcción para ejecutar obras.

La fiscalía abrió una investigación, Contraloría pidió antecedentes, solicitaron la renuncia al seremi, y el Gobierno salió a explicar: “Con los datos que tengo, se trata básicamente de un descriterio”, señaló inicialmente el ministro de Vivienda, Carlos Montes, a Radio Cooperativa a comienzos de semana. Ya el jueves, no obstante, apuntaba a que Democracia Viva debía restituir los recursos y las dudas crecían a otras Seremías, como la del Maule. Un incendio de proporciones, y solo un dedal de todos los montos que transfiere el Estado a los privados.

En 2003, se creó el Registro Central de Colaboradores del Estado —el llamado Registro 19.862, bajo la ley del mismo número—, dependiente de Hacienda para justamente recopilar y publicar las transferencias de fondos que se efectúan desde la administración del Estado a instituciones, fundaciones, corporaciones, organizaciones sin fines de lucro y otras personas jurídicas.

En ese registro se puede filtrar por fechas y nombres para saber con exactitud cuánto y en qué períodos, una organización recibió recursos. “El Mercurio” realizó el análisis en base a esos datos. La información requerida se circunscribió solo al gobierno de Gabriel Boric: desde el 11 de marzo de 2022, al viernes pasado. En ese período, las instituciones públicas habían entregado $384.993 millones a entidades privadas, lo que se compara con los $257.574 millones (US$ 319 millones al dólar actual) aportados, durante los primeros 15 meses del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Mientras que en el mismo lapso de tiempo, la segunda administración de Michelle Bachelet transfirió $150.312 millones, unos US$ 186 millones.

La normativa es clara. Todos los acuerdos entre privados y el Estado deben hacerse vía convenios suscritos, y aquellos que superen las 5.000 UTM ($316 millones) deben pasar por la toma de razón de Contraloría, explican en el organismo. Un arqueo rápido hecho por la entidad, respalda que, al menos, los convenios más onerosos —enviados por “El Mercurio”— cumplen con esa normativa.

A nivel de fundaciones, la que más recursos ha recibido es la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico de La Araucanía, vinculada a la U. de la Frontera, cuyas transferencias suman $3.299 millones, divididos en tres depósitos, a contar de marzo de 2022; la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones, creada en octubre de 2022, ha obtenido $1.299 millones en un pago, del Gobierno Regional de Arica; Desafío Levantemos Chile, reporta transferencias por $1.199 millones; la Fundación Social Novo Millennio —del Arzobispado de Concepción— recibió once transferencias en 15 meses, que suman $914 millones. Todos estos aportes —que han superado las 5.000 UTM por convenio— pasaron el control de legalidad y se ajustan a derecho, confirman desde Contraloría.

Otros ejemplos son la Fundación Fiel, vinculada a la CUT, que ha recibido $112 millones, tanto del Ministerio del Trabajo como de la Subsecretaría de Previsión Social, desde marzo de 2022. La Fundación Cultural Sierra Gorda, liderada por la alcaldesa de esa comuna de la II Región, la independiente Deborah Paredes, ha obtenido $180 millones. Suma y sigue.

Los detalles y rendiciones de tales aportes son prácticamente inexistentes en los registros públicos. De hecho, solo desde el Ministerio de Vivienda se han entregado $5.148 millones a nueve fundaciones. Al igual que Democracia Viva, todos esos montos han salido desde la Seremi de Antofagasta. No hay —al filtrar la información por nombre o fecha— recursos entregados desde otra repartición del Minvu.

Contactado dicho ministerio, fue imposible obtener una explicación.

El artículo 23

En 2020, la Dirección de Presupuestos incluyó un articulado adicional a la legislación que fija el erario nacional. El artículo 23 detalla claramente las condiciones que deben cumplir las transferencias a entes privados. Ello, en el marco de un bullado análisis presupuestario que implicó recortar recursos que se entregaban a fundaciones como Teatro a Mil, Matucana 100, entre otras.

Hoy, todos los recursos que salgan de reparticiones públicas deberían tener correlato presupuestario. El artículo 23 exige: convenio entre las partes, detalle de las prestaciones y plazos, y el llamado a concursos públicos. Y, amparado en la ley que regula las contrataciones de bienes y servicios, se debe exigir una boleta de garantía que respalde los dineros entregados.

Las instituciones receptoras, además, deben estar inscritas en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades. Según ese registro, hoy existen unas 65.000 organizaciones privadas que pueden acceder a recursos públicos.

“Para acceder a financiamiento fiscal, las fundaciones están sujetas a lo que señala el artículo 23 de la Ley de Presupuestos, es decir que ‘el concurso será obligatorio para la asignación de recursos correspondientes a transferencias corrientes a instituciones privadas, salvo que la ley expresamente señale lo contrario”, confirman desde Dipres.

Subrayan que el artículo determina que las transferencias corrientes a instituciones privadas deben concretarse vía un convenio de transferencia y que dichas transferencias deben tener relación con el avance efectivo en su ejecución; que los convenios no podrán exceder el año presupuestario; y las instituciones privadas que reciban fondos públicos por un monto total superior a 2 mil UTM (unos $126 millones) deben publicar los convenios en su sitio Web, junto con los estados financieros y memorias.

Hoy —señalan varios contactados— basta hacer un barrido rápido para detectar que este último aspecto no se cumple en varias de las entidades que han recibido recursos, durante este periodo.

El exdirector de Presupuestos Matías Acevedo explica: “Todas las transferencias al sector privado deben ser concursables. Y solo una resolución afecta —visada por Contraloría— puede eludir la norma de carácter general por razones fundadas”. Destaca que al menos Democracia Viva ha incumplido todo el procedimiento.

“Un principio central para prevenir el abuso y la asignación discrecional de recursos de todos los chilenos a instituciones de dudosas idoneidad o por favoritismo político es la concursabilidad, la competitividad por los recursos públicos”, afirmó Acevedo, junto al exministro Ignacio Briones y al exjefe de gabinete de Dipres José Ignacio Llodrá, en una carta a “El Mercurio”, publicada el viernes pasado.

Las fundaciones del Minvu

En 2016, se autorizaron, por primera vez, las transferencias desde el Estado a fundaciones, a través del programa de campamentos. Los trabajos previos tendían a ser más acotados y se reducían a diagnósticos, acompañamiento vía subsidios de arriendo, etc. El objetivo, ahora, es que fueran más amplios. En 2019, se diseñó el programa de habitabilidad primaria —que luego se llamaría “asentamientos precarios”—, que permitía levantar mobiliario temporal, mientras se construían soluciones definitivas para los pobladores de campamentos. Se terminó de diseñar en 2020 y al año siguiente tomó fuerza en varias regiones.

Este programa opera bajo una glosa especial del Minvu, que autoriza la transferencia de recursos a fundaciones. El año pasado, las transferencias de capital desde ese programa alcanzaron los $41.298 millones, según la Dipres, recursos que un año antes sumaban $21.298 millones. Para este año, el programa tiene un presupuesto de $43.900 millones y, el primer trimestre, ya se han ejecutado $2.896 millones, detalla la Dirección de Presupuestos.

En estos convenios, a diferencia del resto de las reparticiones, no se exige ni boleta de garantía ni se realiza un concurso público. Una alta fuente del gobierno anterior explica que ello responde a la premura y agilidad que exigen este tipo de obras. Ejemplifica con lo que podría ser una solución rápida para la rotura de una matriz en un campamento de Arica. Agrega que existía acuerdo con todos los actores de no solicitar boletas de garantía a las fundaciones, por la dificultad que tienen en acceder a ellas. Hoy, el radar de Contraloría está en este programa.

Solo en estos 15 meses del actual gobierno se han transferido $5.148 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Es la única comuna que registra transferencias, en circunstancias que este programa se desarrolla a nivel nacional. Son nueve las fundaciones que han recibido recursos por este concepto, entre ellas la cuestionada Democracia Viva, aunque está lejos de ser la que más recursos ha recibido.

La fundación Campamento de Ideas, ligada al periodista Ernesto Espinoza y constituida en 2019, ha recibido prácticamente el triple. Ha obtenido once transferencias, entre el 11 de marzo de 2022 y el viernes pasado, por un total de $1.204 millones.

El programa establece que si el convenio no sobrepasa las 5.000 UTM (unos $316 millones) puede ser visado sólo por la autoridad regional, sin pasar por el gobierno central. Todo para acelerar procesos que con más vistos buenos elevarían los plazos, dicen exautoridades de la cartera. De las once transferencias hacia Campamento de Ideas, la más alta asciende a $242,9 millones.

El fundador de Campamento de Ideas, Ernesto Espinoza, defiende su gestión. “Nacimos para generar acciones que permitan entregar herramientas que desarrollen el capital social que existe en campamentos”. Explica que a fines del 2020, el Serviu los llamó y empezaron a trabajar en 18 campamentos de la región, convenios que terminaron el año pasado, y están en procesos de renovación. Ese mismo año, detalla, empezaron a administrar un barrio transitorio, Luz Divina VII, y se les pidió construir 65 viviendas en tres etapas. Por eso, afirma, es la enorme cantidad de recursos que administran. “La inyección de recursos obviamente mayor, porque se trata de obras, donde hacíamos la intermediación de recursos entre el Serviu y contratistas que construyen”, dice Espinoza. Y agrega que los recursos se van traspasando en la medida que se van aprobando, por eso la cantidad de transferencias. Añade que se han ido sumando nuevos convenios para la administración de ese mismo barrio.

Espinoza confirma que nunca han entregado una boleta de garantía, no se las han solicitado, señala. Tampoco se han sometido a ningún concurso. “Son convenios directos con el Minvu”, explica.

Matías Acevedo, sin embargo, rebate ese aspecto: “Pueden abrir un concurso, seleccionar a entidades dentro de un convenio marco y, cuando los recursos estén disponibles, asignarlos a esas instituciones con un mecanismo con reglas claras conocidas con anterioridad por todos. No hay excusas para saltarse la boleta de garantía de los recursos públicos”.

La Fundación Democracia Viva recibió en total $426 millones, divididos en tres transferencias que no superaban el techo máximo: $200 millones, $170 millones y $56 millones. Cada transferencia fue ingresada al sistema con un mes de diferencia y una descripción similar: “Disponer la entrega de recursos para la implementación y ejecución de una intervención socio-territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven”.

El mismo itinerario siguieron otras Fundaciones beneficiadas (ver info). Desde el comienzo de este Gobierno, por ejemplo, Fundación Urbanismo Social ha obtenido $577 millones de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, distribuidos en ocho transferencias. Espacio Lúdico ha sido el receptor de seis transferencias, por un total de $550 millones. Lo mismo, Fundación Procultura que figura con aportes por $500 millones en cuatro pagos, y así sigue la lista.

“Lo lógico es que en un territorio, una misma comuna, sea un solo convenio”, señala un exrepresentante del gobierno de Piñera. “Los dineros transferidos se escapan totalmente, a menos que tengan todos los campamentos ripiados y con luminarias, que no creo”, añade un exsubsecretario.

La Contraloría ya puso su radar en este caso. Le otorgó al Ministerio de Vivienda cinco días —hasta el 29 de junio— para que entregue toda la información y antecedentes, respecto a las transferencias que ha realizado su Seremi en Antofagasta, durante 2022 y 2023, justamente en el marco del programa de “Asentamientos precarios”.

Concordante con el tamaño, la Región Metropolitana ha concentrado el 74% de los recursos que ha transferido el Estado a instituciones privadas durante esta administración. En total, $285.768 millones de los $384.993 aportados a los privados se han quedado en la capital.

Le sigue de lejos, la región de Aysén con $34.686 millones transferidos durante estos 15 meses, y Arica y Parinacota con $20.867 millones. Al revés, el Maule es la comuna con menos aportes: se reporta una sola transferencia por $8,7 millones.

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En serio, esto ha pasado siempre. Y va a seguir pasando. Siempre el estado ha sido un botín para colocar a conocidos o familiares. En el mejor de los casos, gente competente para el cargo por un tema de confianza y cercanía, en el peor, como ahora, puros compinches buenos para nada. En cierta medida también pasa en corporaciones. Y en cualquier grupo humano, la élite del poder jerárquico va a tratar de colocar a su gente.

Para un mejor desempeño con gente de confianza los líderes alfas reales que van por los objetivos, para pagar favores y quedar bien, los betas soyanos. Adivinen de cuáles son éstos giles.

Es parte de la naturaleza humana.

Lo comentado en algún LIVE. La diferencia la hace el desempeño o valor que generan a los accionistas. O aún más. Que se percibe generan. Si el valor que generan es estelar, unos pocos USD millones, o peor aún, CLP´s no van a molestar a nadie. Se imaginan que algún accionista de una corporación de USD 20 billones que funciona como reloj se moleste porque el CEO use 30 millones de CLP´s discrecionalmente al año?…Que es el caso de Vitacura. De hecho, si no ocurren esos gastos discrecionales se tiende a pensar que el directivo no es digno o no tiene el estatus adecuado. Lo que me lleva a pensar que fue un conflicto de Torrealba con amigos o gente de confianza que había colocado, o peor aún, que no quiso colocar.

En fin.

Estos giles no generan ningún valor, ahora para nadie. O la percepción de ello.

Por eso los van a destruir.

SIMPLE AS THAT…

Que tendrían que hacer para sobrevivir políticamente ahora?…

Destruir a todos los grupos criminales y terroristas.

LIKE RIGHT NOW.

Lo pueden hacer sin ningún problema. Nadie en la derecha se opondría a ello, al contrario, los celebrarían, y nadie en la izquierda extrema tampoco. Ellos son la izquierda extrema. Podrían comportarse perfectamente como Bukele, pero sin las acusaciones de tiranía o dictadura. La tienen botando.

Eso es lo que está destruyendo la confianza.

Con ese antecedente, todo el resto es resistido.

Si no hay seguridad y confianza en circular tranquilo, los impuestos son percibidos como altos e injustos por la clase empresaria o profesional de altos ingresos. Y con ello toda la economía se estanca porque nadie quiere pagarlos.

Tienen que entender que los impuestos son una transacción. MI CAPITAL por una contraprestación. No por justicia social y demás pendejadas. Para los altos patrimonios y capitales eso es seguridad.

Pero sus huevadas de constructos sociales resentidos no les permiten abordar las cosas de manera objetiva.

So…

Van a ser destruidos.