Bárbara Figueroa: "Señales de Valdés han generado más distancias entre el mundo empresarial y sindical"

 

@latercera

El futuro de la reforma laboral se  dilucidará en el cónclave de la Nueva Mayoría del 3 de agosto, en un debate del oficialismo que podría terminar con una moderación del proyecto que busca modernizar las relaciones laborales. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) espera que eso no suceda, y para ello dará a conocer este sábado una encuesta, realizada por Mori, con la que busca convencer al gobierno de que la iniciativa sí cuenta con apoyo ciudadano.

Bárbara Figueroa, presidenta de la multigremial, dice que los resultados muestran que el 52% de los consultados cree que el proyecto de ley busca equilibrar la actual relación entre empleadores y trabajadores, mientras que otro 17% está en desacuerdo, y el 31% prefirió no pronunciarse. Figueroa cree que esos resultados evidencian que la modernización del sistema de relaciones laborales “es una necesidad” y que temas como la titularidad sindical y el no reemplazo en huelga tienen una “legitimidad importante”.

Con la divulgación de estos datos, Figueroa espera, además, que los representantes de la Nueva Mayoría tengan un insumo adicional a la hora de decidir los pasos que seguirá el proyecto. Esto, dice, porque el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha entregado señales “erráticas”  que  han generado más distancia entre el mundo empresarial y sindical. Sin embargo, no cree que el jefe de las Finanzas Públicas tenga la capacidad de “morigerar” la reforma en el encuentro del próximo lunes.

¿Cuál es la expectativa de la CUT en torno al cónclave?

Esperamos que exista un nivel de cohesión por parte del conglomerado de gobierno, que dé cuenta de mayor orden y de menos dispersión. Acá hay que buscar caminos para que el propio Ejecutivo tenga un relato común, pero que también la coalición de gobierno pueda sintonizar con mayor fuerza con ese relato, que es algo que hasta ahora no se ve tan nítido.

¿Y específicamente en el caso de la reforma laboral?

Si bien entendemos que el gobierno debe dar prioridad a la agenda, eso no puede significar que reformas estructurales tengan modificaciones o retrocesos significativos. En ese ámbito, nosotros esperamos que el proyecto siga avanzando y que se pueda profundizar; no buscar concesiones innecesarias o retrocesos, para avanzar en una reforma que tenga legitimidad y no responda a falsos equilibrios. En una reforma como esta no puedes dejar contentos a todos, por lo tanto, el objetivo debiese ser que cuente con legitimidad social de los actores que se van a ver beneficiados.

¿Qué pasará entonces en el caso de que se “suavice” la reforma?

Eso sería un tremendo error por parte del Ejecutivo. Por eso hemos sido tan enfáticos en señalar que no vamos a aceptar retrocesos. Desde esa perspectiva, no descartamos acciones de movilización si es que el Ejecutivo vulnerase lo que ha sido parte del debate que hasta ahora hemos desarrollado. Ahora, lo efectivo y concreto es que el gobierno reafirmó el camino de las reformas. Nosotros nos reunimos con la ministra del Trabajo y reafirmó los énfasis de la reforma laboral y la Presidenta de la República ha señalado lo mismo. Hasta ahora uno no puede decir que de parte de los actores incumbentes hay señales distintas, a diferencia del Ministerio de Hacienda.

¿No se sienten escuchados por el ministro Valdés?

Creo que el ministro de Hacienda ha sido extremadamente cauto en cómo enfrentar el debate laboral y ha buscado dar certezas y garantías al sector empresarial, cuestión que uno no tendría que prejuzgar como parte de sus labores. Sin embargo, me parece que hay un diagnóstico equivocado de cómo enfrentar el debate laboral. Por un lado escucha a los gremios empresariales y trata de darles certezas y, sin embargo, el proyecto sigue avanzando en su tramitación. Incluso los plazos autoimpuestos por el Ejecutivo siguen siendo los mismos. Ahí tengo la impresión de que las señales de Valdés han generado más distancias entre el mundo empresarial y sindical. Han sido erráticas y creo que eso es precisamente lo que el gobierno no se puede permitir.

Pero hay sectores de la Nueva Mayoría que han valorado que el ministro retome un rol más dialogante en Hacienda...

Siento que en el caso de la llegada del ministro Valdés, el énfasis ha estado en la columna vertebral económica y se dejó de lado esta comprensión más integral que el problema de Chile no es sólo un problema económico, sino que también de confianza y legitimidad de las políticas públicas. Ahí cometen un error de diagnóstico, porque han buscado la legitimidad sólo del sector que está más disconforme con la reforma, pero no han entendido que dentro del empresariado hay sectores que nunca van a estar de acuerdo. En cambio, los que sí esperamos que el proyecto avance, hemos sido desatendidos.

¿Ustedes ven que el ministro Valdés tenga piso político para aplicar cambios que afecten el “corazón” de la reforma laboral?

Yo no tengo certeza de que el Ministerio de Hacienda tenga la capacidad de morigerar la reforma, porque no es la señal que el Ejecutivo o la Presidenta ha entregado. Entonces, ¿cuál es el sentido del espacio de diálogo que se ha ido construyendo? Eso es algo que tiene que evaluar con mucha rigurosidad, porque al final, en esta lógica, lo que han hecho es descuidar la posibilidad de abrir un debate de mucho más largo alcance y con mucha mayor proyección, que es el debate del sistema productivo del país, sobre cómo avanzamos al crecimiento con innovación. Yo, francamente, tengo la impresión de que siendo este un debate, ni siquiera ideológico, sino de clase propiamente tal, tú no vas a lograr tener un gran acuerdo del mundo empresarial y el sindical respecto de la reforma laboral.

¿Cuáles son, desde su punto de vista, los temas que no se deben tocar del proyecto?

Si nosotros vemos que se vulnera el derecho a huelga, no se respeta la titularidad sindical, si no se elimina la extensión de beneficios de forma unilateral, entonces esta reforma va a carecer de legitimidad para los actores que van a ser beneficiarios de este proyecto.

¿Las pymes deben tener un estatuto laboral especial como han planteado diversos actores?

Entendemos que para las pymes, temas como la huelga no son los principales. Uno debe entender que en dicho ámbito tienen una relación laboral mucho más directa y cercana con sus trabajadores, por lo tanto, es obvio que los espacios de confianza y diálogo no derivan en huelgas. Con lo que nosotros no estaremos nunca de acuerdo es que se pretenda poner límites a las huelgas. Eso es partir del diagnóstico que el objetivo del proyecto es que se generen muchas huelgas, cuando en realidad es todo lo contrario.

Otro de los temas que se ha planteado modificar es el concepto de servicios mínimos...

Nosotros sabemos que nos hemos ido acercando al estándar OIT, pero para la realidad chilena nos parece que aún es posible precisar más la definición y que no se haga uso arbitrario de este instrumento por parte de los empleadores.

Es decir, ¿se debería hablar de servicios esenciales?

Debiéramos acercarnos a la concepción de servicios esenciales, que tiene que ver con temas de salud, con potenciales daños a terceros o que se produzcan daños al medio ambiente. Estas son concepciones que tú puedes abordar con mayor nitidez.

Hay algo de perverso en un sistema en el cual es extremadamente difícil deshacerse de un trabajador. Concedido el que las empresas representan un eje fundamental en el tejido social, siguen siendo entes privados. Como tales, su función es producir dinero para sus dueños. No hacer bienestar social. Esto que suena frio es lo que deben entender quienes quieren hacer de la “seguridad” laboral su leitmotiv…No existe tal cosa. Salvo que te mantengas rentable para el empleador. Especialmente cierto en corporaciones. Menos cierto en Pymes donde se crea otro tipo de lazos.

La única forma de asegurar los puestos de trabajo y sueldos mayores es que exista escasez de mano de obra. Y esto se produce por exceso de demanda en una economía en crecimiento. Si los factores de costos se mantienen constantes o aumentan en una economía a la baja, con menores ingresos, esto implica probablemente quiebras si no se modifican estos factores de costos. Y uno de los mayores costos es la mano de obra.

No se trata de explotación por supuesto. Pero es evidente que en momentos de ajustes se debe contar con la flexibilidad cambios y ajustes para hacerlos o se corre el riesgo de quebrar empresas y hasta rubros completos. Y una legislación que en tiempos de bonanza puede parecer inocua, en tiempos complejos puede ser derechamente un chaleco salvavidas de plomo.

Los sindicatos son unos de los principales responsables de las legislaciones que hacen más equitativa la posición de trabajador y empleador en cuanto a negociar los contratos y las condiciones bases. Eso está bien. El problema es cuando quieren mantener y generar beneficios sin tener en cuenta las condiciones prevalecientes del mercado. Eso destruye a las industrias. Como a Detroit y la industria automovilística.