La mitad de los chilenos vive en hogares que reciben al menos un beneficio fiscal

 

@latercera

Poco más de US$ 39.300 millones están cautelados en la Ley de Presupuestos 2016 para financiar la agenda de gasto social del gobierno. De ese monto, unos US$ 2.576 millones van directamente a solventar los 16 subsidios más importantes que entrega el Estado y cuyo impacto no es menor: el 50% de la población chilena se beneficia de esos recursos. Se trata de 8,6 millones de personas que habitan en hogares de menores ingresos que viven con, al menos, una transferencia o subsidio fiscal.

Esta es una de las principales conclusiones que arroja el Registro Social de Hogares (RSH), el cual desde este año reemplaza a la Ficha de Protección Social (FPS o ex Ficha CAS) como instrumento clave para acceder a la red social del Estado.

Según el análisis del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a junio de este año existían 4,5 millones de hogares del país inscritos en el RSH. De ellos, 2,8 millones de familias (compuestas por un total de 8,6 millones de personas) recibieron, al menos, un beneficio, subsidio o transferencia directa en 2015 (ver infografía).

Para sus estimaciones, el ministerio consideró la proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y seleccionó 16 de las principales transferencias fiscales directas disponibles, todas amparadas en leyes permanentes. Entre ellas, los subsidios único familiar (SUF), de discapacidad mental y para el empleo juvenil, además de la pensión básica solidaria (PBS) y el aporte previsional solidario (APS) de vejez. También incluyeron los bonos por hijo nacido vivo, bodas de oro y el aporte familiar permanente, entre otros (ver recuadro).

“A veces se tiene sólo la visión de los programas para extrema pobreza, pero también hay otros beneficios que corresponden a un Estado moderno (...). Hay áreas en las que uno debería esperar que las coberturas fueran amplias, como educación y salud, y otras como el sistema de seguridad y oportunidades que se tienen que focalizar en pobreza y extrema pobreza”, afirma la subsecretaria de Evaluación Social, Heidi Berner.

Ajuste de realidad

Para determinar las características socioeconómicas del hogar, el RSH ajusta los ingresos reportados a un índice de necesidades que considera el número de integrantes del grupo y asigna mayor ponderación a personas con movilidad reducida, adultos mayores y a los menores de 18 años. También toma en cuenta el acceso a bienes como propiedades y vehículos y a servicios de salud y educación.

A diferencia de los modelos que por cuatro décadas basaron la entrega de beneficios en datos autorreportados por los usuarios, el RSH complementa, actualiza y contrasta periódicamente la información declarada por las personas con las bases administrativas del Servicio de Impuestos Internos (SII), Registro Civil, Administradora del Fondo de Cesantía (AFC), Instituto de Previsión Social (IPS), Superintendencia de Salud y Ministerio de Educación, entre otras entidades.

Una vez aplicados los filtros, las familias se distribuyen en siete tramos de calificación socioeconómica, cuyos límites se fijan sobre la base de la información de la Casen. Estos se actualizarán este año, cuando se conozcan los resultados de la medición 2015.

El primer grupo identifica al 40% de la población de menores ingresos o mayor vulnerabilidad, mientras el segundo reúne a los hogares del 41% al 50%. El tercero, del 51% al 60%, y el cuarto va del 61% al 70%. Luego, están los segmentos acomodados: el quinto, que abarca del 71% al 80% de mayores ingresos o menor vulnerabilidad; el sexto, desde el 81% al 90%, y el séptimo, desde el 91% al 100%.

Los datos recogidos a la fecha por el MDS muestran que del total de hogares registrados, el 53,6% (2,4 millones de familias) se encuentra en el tramo más vulnerable. “La cantidad de personas que están en el 40% más vulnerable representa el 37,9% de la población nacional”, acota Berner.

En contraste, el 20,8% está en los tres tramos superiores de ingresos. De hecho, el 3,3% se encuentra en el de mayor poder adquisitivo.

Vulnerabilidad por regiones

La Región Metropolitana tiene el mayor número de hogares en el tramo de mayor vulnerabilidad, con el 32,3% del total nacional en esa situación. Le siguen Biobío y Valparaíso con 13,9% y 10,5%, respectivamente.

Sin embargo, al analizar la realidad interna de cada región, la fotografía es otra: La Araucanía registra la mayor proporción de su población en situación vulnerable, con el 64,9% de los hogares en el tramo del 40% de menores ingresos. Luego se ubican  las regiones de Los Ríos con 62,5% y del Maule con 61,4% de los hogares en el tramo más pobre.

Costos de la desaceleración

Según el MDS, la mayor fracción de las familias inscritas en el RSH que recibe al menos un beneficio de cargo fiscal, vive en Aysén, donde el 87% tiene alguna prestación. Posteriormente, se asoman La Araucanía con el 72% y el Maule con el 70%.

“En regiones como La Araucanía, donde están las mayores tasas de pobreza, uno puede esperar que más personas estén en el registro y que, a su vez, un porcentaje mayor de la población tenga beneficios. Pero en otras regiones como Aysén, lo que ocurre es que se entrega el subsidio a la calefacción, que tiene una cobertura amplia, pues corta en el 80% de la población”, explica la subsecretaria.

¿Cuánto incide la coyuntura actual en lo que muestra el registro? Frente al alza que empieza a experimentar el desempleo a causa de la desaceleración -llegó a 6,8% en el trimestre móvil marzo-mayo-, Berner sostiene que esta no necesariamente se traducirá en un mayor ingreso de hogares al registro y tampoco en un aumento del número que califica en el tramo más vulnerable.

“El registro busca estimar una condición más estructural de los hogares. Se calcula en base a los ingresos de los últimos 12 meses, porque, en general, las rentas de las familias en ese período de tiempo son más estables. La entrega de ayuda del Estado tiene que ver con condiciones más estructurales de la familia y no con la coyuntura, para conocer y asignar de mejor forma los beneficios que le corresponden en el sistema de protección social”, afirma.

La subsecretaria desestima que una eventual escalada alcista del desempleo se transforme en un fenómeno estructural, pero recalca que ante cualquier eventualidad el registro está diseñado para reportar los cambios que experimenta un hogar, por ejemplo, en cuanto a ingresos, bienes y patrimonio. Para esto, además, los datos se actualizan mensualmente. “Eso se toma en cuenta, pero creemos que no debiera haber cambios relevantes”, dice.  

Las familias más pobres

La Ley del Ingreso Etico Familiar (IEF), vigente desde 2012, estableció un subsistema que consiste en la entrega de bonos y transferencias para la población en situación de extrema pobreza y las familias más vulnerables del país.

Datos obtenidos mediante el sistema de Transparencia del MDS señalan que entre 2013 y mayo de este año 94.814 familias se han incorporado al subsistema. En los cinco primeros meses del año han entrado 5.471 personas. Del total de hogares, el 67,8% tiene jefatura femenina.

Al Subsistema de Seguridades y Oportunidades acceden personas y familias en situación de pobreza extrema que a la fecha de ingreso tengan un ingreso per cápita igual o inferior a la canasta de la Casen 2009, indexada según el IPC a diciembre de cada año ($ 37.729 a diciembre 2015).

Las comunas con más hogares partícipes del subsistema son Valparaíso (1.722 beneficiarios), Puerto Montt (1.633 personas) y Temuco (1.586).

Pese a la crítica transversal que se abrió en la última campaña presidencial por casos de mal uso de fichas de protección social en la entrega de beneficios, en el gobierno aseguran que las familias que hasta 2015 tenían FPS fueron traspasadas automáticamente al RSH, manteniendo la vigencia de los beneficios ya asignados.

En el ministerio reconocen, sin embargo, que haber introducido herramientas para contrastar y monitorear la información reportada produjo un reordenamiento en los nuevos tramos de ingresos.

En todo caso, la fotografía del alcance de la pobreza y vulnerabilidad en el país la dará a conocer el gobierno en septiembre próximo, cuando presente la Encuesta Casen 2015.  

Es el problema con el socialismo. Buenas intenciones financiadas con el dinero de otros a la fuerza.

La colaboración entre personas no puede ser forzada. Debe existir el consenso mutuo de entregar y recibir recursos. Al contrario deja de ser colaboración y pasa a ser imposición por la fuerza. Aunque sea imposición de hacer el “bien” redistributivo.

Significa esto que no deben haber impuestos ni recolección para ayudar a otros??…

Claro que no. El punto es que debe ser consensuado por toda la sociedad y no impuesto por representantes parciales. Una de las razones de la revolución americana es precisamente no permitir impuestos sin representación. Lo que significa no medidas de fuerza impuestas por unos pocos sobre muchos. Aún con buenas intenciones de por medio.

Entregar algo por nada nunca ha sido en realidad una muy buena política de incentivo o de ayuda en primer lugar. Lo mejor es enseñar a conseguir los recursos, vía capacitación o entrenamiento. Y si se quiere aliviar la carga de gastos sobre ciertos segmentos, la manera más directa de hacerlo es rebajar los impuestos sobre los ítems de mayor consumo de esos segmentos, o mejor aún, generar una devolución de impuestos sobre el consumo realizado.

Cuando se entrega algo por nada, se crea la dependencia de esos recursos. Y después se considera un derecho muy difícil de quitar o limitar.

Algo así como cuando uno hace un favor. Si siempre sacas de problemas a alguien a quien estimas, después se vuelve una obligación tácita. Y cuando dejas de ayudar resultas ser una mala persona.