Daniel Matamala y Reforma Procesal Penal: “Cuando los acusados son políticos se acuerdan de la presunción de inocencia”

@CNN

La reforma procesal penal ya es mayor de edad. Y al cumplir 18 años de la implementación de una de las modificaciones más importantes en la historia de la justicia chilena, llega la hora de evaluar y, si es necesario, corregir.

Una comisión de abogados entregó hoy sus propuestas al Gobierno. Hay aspectos controvertidos. Por ejemplo, la eliminación de los querellantes públicos como el Consejo de Defensa del Estado, que ha sido fundamental para empujar algunos casos de corrupción cuando el ánimo persecutorio de la Fiscalía se ha enfriado súbitamente.

También se incluyen restricciones a las medidas cautelares, como la prisión preventiva, que se ha incrementado fuertemente en los últimos años.

Hay aquí un doble discurso que es recurrente. Los políticos suelen poner el grito en el cielo cuando acusados por delitos comunes no quedan en la cárcel mientras se investiga. Reclaman, entonces, contra los jueces garantistas y levantan agendas cortas para impedir esas libertades.

Pero cuando los acusados son importantes políticos o empresarios, el discurso es el opuesto. Entonces se acuerdan de la sacrosanta presunción de inocencia y acusan de persecución a los fiscales.

La discusión recién comienza y es de esperar que se haga sin letras chicas ni dobles discursos y con la meta de tener igualdad de todos los chilenos ante la ley, sean o no del mundo de poder.

Nuevamente con uno de los dos paladines morales preferidos de Chile.

Existen dos grandes problemas. Los querellantes de gobierno o fiscalía quieren ganar sus casos para subir su prestigio, por lo tanto les interesa poco o nada la presunción de inocencia. Ellos quieren culpables. Incluso con colusiones o conspiraciones, esto es pensar en cometer el delito y no hacerlo de hecho. Eso es muy peligroso.

Y el segundo, es que la privación de libertad es para aquellos que representan un peligro físico directo para las personas. O debería ser.

Nadie que no sea una amenaza física para el resto de la población debería estar en la cárcel. Deberían pagar por los daños materiales o patrimoniales que provocaron y ser vetados de actividades económicas donde generaron el daño de ser el caso, como los estafadores y demás. Para algo existen los rastreadores hoy en día. No es necesario tener en la cárcel a alguien para saber donde está y lo que está haciendo. Y eso es algo que no entiendo. Con la tecnología actual de rastreo y manejo de información, debería ser extremadamente sencillo identificar a quienes cometen delitos repetidos y por ende aumentar secuencialmente las sanciones de ser el caso.

Y siempre se debe presumir inocencia a menos que se tengan las pruebas irrefutables de lo contrario. En eso está basada la civilización occidental.

Algunas cosas las debería controlar el estado. Y las cárceles es una de ellas. No pueden dejarlo en manos privadas, porque el incentivo es a llenarlas, y en el caso de los reos, en las condiciones de menor costo de mantenimiento posible, porque a nadie le importa. Y eso junto con fiscales que quieren mostrar lo eficiente que son, es lo que envía a un estado a la tiranía. Hitler tenía un 90% de tasa de convictos respecto de las acusaciones por el estado. USA tiene 98% hoy. Es fácil saber lo que viene solo con eso.