The Economist: ¿Puede Chile reinventarse a sí mismo?

@theecomist

Al caminar hacia el noreste por la Alameda, la avenida principal de la capital de Chile, Santiago, hasta el acomodado barrio de Providencia, la escena a ambos lados durante varios kilómetros es desoladora. Cientos de negocios están cerrados, algunos operando entre persianas cerradas. La estación de metro Baquedano y un gran hotel a su lado están parcialmente quemados. Los pavimentos han sido arrancados, dejando tierra y escombros. Los semáforos están deshabilitados. Las paredes y las estatuas están cubiertas de graffitis. Muchos denuncian como "asesinos" a Sebastián Piñera, el presidente de centro derecha de Chile, los Carabineros (la policía nacional), el Estado y el capitalismo. Otros saludan una revolución que se avecina, o al menos una nueva constitución.

El conflicto comenzó el 6 de octubre, con un aumento de 30 pesos en el precio de los boletos de metro en hora punta. Eso provocó una evasión masiva de tarifas por parte de los escolares. Días después, gran parte del metro en Santiago sufrió ataques incendiarios (por parte de agitadores extranjeros, afirmó el gobierno, sin pruebas). Declarando que Chile “estaba en guerra”, Piñera impuso el estado de emergencia por diez días y envió al ejército a las calles por segunda vez desde la dictadura del General Augusto Pinochet (1973-90). Eso provocó protestas pacíficas, incluida una marcha en Santiago de aproximadamente 1 millón de personas, en un área metropolitana de 7 millones. Al mismo tiempo, supermercados y farmacias fueron saqueados e iglesias y edificios públicos fueron quemados. Gran parte del daño se produjo en las zonas más pobres de Santiago y otras ciudades. Al menos 30 personas murieron. La economía también sufrió: el crecimiento económico en 2019 estuvo apenas encima de 1%. El gobierno había pronosticado 2,6%.

El descontento se expresa en una confluencia suelta de personas jóvenes. En la capital casi 200.000 ni trabajan ni estudian. Chile tiene un proletariado intelectual de graduados de universidades privadas de bajo grado, muchos de los cuales tienen una gran deuda estudiantil. Durante la última década, los grupos anarquistas que se especializan en atacar a la policía han crecido en Santiago. Luego están las barras bravas del fútbol y los soldados del narcotráfico, que operan en barrios pobres. El hecho de que muchas de estas personas estén fuera del sistema político ha dificultado que el gobierno sepa con quién negociar.

Las cosas llegaron a un punto crítico el 12 de noviembre, cuando algunos chilenos temían que el país enfrentara una elección entre la anarquía y la ley marcial. “Mucha gente me llamó, desesperada, diciendo ‘están quemando la ciudad’”, dijo Piñera en una entrevista a fines de enero. “Tuve dos opciones: llamar a las fuerzas armadas de nuevo o darle otra oportunidad a la paz, el diálogo y los acuerdos. Fue una decisión muy difícil”.

De acuerdo a varias fuentes, esta vez los comandantes militares se negaron a intervenir sin inmunidad de procesamiento. “Las fuerzas armadas tendrían que haber obedecido a la orden presidencial”, insiste Piñera. Por la razón que sea, él retrocedió. El gobierno negoció rápidamente acuerdos entre partidos para un plebiscito, que se celebrará el 26 de abril, sobre si se debe establecer una asamblea para redactar una nueva constitución. Rápidamente impulsó un aumento en las pensiones para los más pobres y un alza de impuestos a los más acomodados, y prometió otras medidas.

Todo esto liberó parte de la tensión. Las protestas se desvanecieron durante las vacaciones de verano del hemisferio sur. Pero ahora se han reanudado, mientras que el vandalismo nunca se detuvo realmente.  

Varios de los otros países de Latinoamérica vieron protestas en las calles el año pasado, aunque no en la misma escala. ¿Pero Chile? Durante los pasados 30 años llegó a verse como el único país de América Latina en camino al desarrollo. Las protestas son un gran golpe para esa confianza y amenazan con detener el progreso de Chile. Pero también podrían ser el estímulo por el cual finalmente se una al nivel superior global.

Chile “podría convertirse en un país con un contrato social más sólido y sostenible que resuelva los problemas del legado (dejado por la dictadura de Pinochet)”, como lo expresa Mario Marcel, el presidente del Banco Central. Señala que esos obstáculos han contribuido a lo que los economistas llaman la trampa de ingresos medios, en la que las deficiencias sociopolíticas ralentizan el crecimiento y evitan que los países alcancen el estado desarrollado.

Pero si la violencia continúa y el estado es incapaz de contenerla por medios democráticos, y si los conservadores bloquean el cambio, otros temen un futuro más oscuro. Chile podría enfrentar “un clásico momento Peronista en el que un país exitoso en crecimiento tiene contradicciones que no puede manejar”, dice Óscar Landerretche, un economista alineado al Partido Socialista, refiriéndose al período en los 1940s in que Argentina abrazó el populismo y la dictadura.

IRA EN LA MITAD DEL CAMINO

En muchos aspectos, Chile ha sido una historia exitosa desde el retorno a la democracia en 1990. Gobernado por la centro-izquierda por 24 de esos años, ha combinado el crecimiento económico, la estabilidad política, instituciones bastante fuertes y servicios sociales en expansión. El número de personas bajo la línea oficial de la pobreza (de US$206 al mes) cayó del 45% de la población a mediados de la década de 1980 a 9% en 2017. Cerca del 65% de los chilenos son de clase media, frente al 24% en 1990, según el criterio de ingresos del Banco Mundial.

Desde que Chile se unió a la OCDE, un club de países principalmente ricos, en 2010, sus élites han sugerido que tiene poco en común con sus vecinos.

¿Qué provocó entonces la explosión social? “Hay muchas teorías”, dice Piñera, un empresario multimillonario. “Estoy de acuerdo con todas ellas, y son contradictorias, lo que significa que nos falta un diagnóstico compartido”. La primera teoría, popular en la derecha, es la ralentización del crecimiento económico desde 2014. Durante el primer período de Piñera (desde 2010 hasta 2014) el crecimiento promedió 5,3% en promedio al año, impulsado por la reconstrucción luego del terremoto. Ganó su segundo período en 2017, prometiendo una repetición que no pudo otorgar. Una segunda teoría relacionada se refiere al aumento de las expectativas. Ve el descontento como una consecuencia del éxito de Chile en la creación de la clase media que demanda más del gobierno.

Una tercera mirada, común en la izquierda, es que el país se está rebelando contra la desigualdad, que según se afirma, está arraigada en el modelo económico “neoliberal” de Pinochet.

Esto dio rienda suelta a la empresa privada y limitó al estado a un papel subsidiario, incluso en la prestación de servicios sociales. Según los estándares de la OCDE, aunque no los de América Latina, la desigualdad de ingresos es amplia. "No se puede pasar por un proceso de rápido crecimiento y modernización capitalista y persistir con niveles pre-capitalistas de desigualdad y ausencia de meritocracia y movilidad social", dice Landerretche. Aún así, la distribución del ingreso ha mejorado este siglo.

Una cuarta teoría destaca los fracasos políticos. Durante el segundo gobierno de la socialista Michelle Bachelet entre 2014 y 2018, gran parte de la izquierda repudió su propio trabajo pasado de reformas graduales y pausadas, propagando la opinión de que fue un fracaso. En el caso de Piñera, él y su equipo, provenientes de un sector privilegiado de la sociedad, carecen de habilidades políticas y empatía con las masas. En sus primeros 18 meses de gobierno, no lograron llevar a cabo las reformas fiscales y de pensiones prometidas a través del Congreso, donde la oposición tiene mayoría. Las encuestas ahora ponen la popularidad del Presidente entre 6 y 12%. Pero revelan un abismo más amplio entre la gente y el sistema: la confianza en las instituciones, desde la policía hasta la prensa y desde los políticos a las iglesias, se ha evaporado.

“No son 30 pesos, sino 30 años de abusos”, dice un slogan popular. Considerada de manera más amplia, la desigualdad es de hecho el meollo del asunto. "No se trata solo de ingresos, se trata del lugar, el género, el color de la piel, dónde vives, a qué escuela fuiste, qué apellido tienes", dice Heraldo Muñoz, quien dirige el Partido por  la Democracia, de centro izquierda. "La explosión va en contra de la arrogancia de la élite". Más concretamente, el descontento se centra en las pensiones, el sistema de salud y los privilegios de una pequeña minoría. Esto significa que ser "clase media" en Chile a menudo significa recibir servicios de segunda clase.

Uno de los emblemas del modelo de Pinochet fue un sistema de pensiones de cuentas de ahorro individuales en fondos privados conocidos como AFPs, sin contribuciones de empleadores o el gobierno. Fue impuesto en 1981 por José Piñera, el hermano (distanciado) del presidente actual, quien calculó que debería entregar pensiones con un promedio del 70% del salario final. Ampliamente elogiado y copiado, el sistema proporcionó a Chile un mercado de capital profundo y financiamiento barato para grandes empresas.

Andras Uthoff, miembro de un comité consultivo sobre pensiones de Bachelet, señala que el cálculo de José Piñera dependía de que se cumplieran tres condiciones: empleo continuo con un ingreso estable, tasas de interés superiores al 5% y ningún aumento en la esperanza de vida. Ninguno ha sucedido: el mercado laboral de Chile es latinoamericano, no europeo, con bajos salarios, alta rotación y, para aproximadamente un tercio de la fuerza laboral, trabajo informal. Por cada diez personas en la fuerza laboral, solo cuatro pagan su AFP durante toda su vida laboral, según Ignacio Briones, quien se convirtió en ministro de Hacienda en octubre. En los últimos años, millones de chilenos han alcanzado la edad de jubilación. Según Uthoff, cuatro quintos de todas las pensiones son inferiores al salario mínimo (301,000 pesos por mes, o US$378) y el 44% están por debajo del umbral de pobreza.

Bachelet introdujo una red de seguridad en forma de pensión básica de 110.000 pesos para los pobres. Luego de las protestas, el gobierno elevó esto a 160.000 pesos. Eso no ayuda a los jubilados de clase media. Significativamente, Pinochet no exigió que las fuerzas armadas se unieran a las AFPs. El gobierno gasta más en pensiones para las fuerzas de seguridad y en aquellos que permanecieron en el sistema anterior a 1981 (más del 2% del PIB) que en el resto de la población (menos del 1%), señala Roberto Zahler, ex presidente del Banco Central. El gobierno y la oposición están cerca de un acuerdo que agregaría contribuciones del empleador a las cuentas de pensiones.

La dictadura estableció un servicio de salud segregado. Quienes tienen empleo pagan una contribución del 7% del salario destinado a la salud. En teoría, son libres de usar eso para unirse a esquemas de salud privados (sin listas de espera) conocidos como Isapres. Pero estos suelen exigir grandes pagos adicionales. Las Isapres atraen a las personas "con mejor salud y más dinero", según Carolina Velasco del Centro de Estudios Públicos. Alrededor del 77% de la población depende del sistema público (conocido como Fonasa). Este tiene poco dinero y médicos, por lo que las listas de espera son largas. "En Chile mueren 25.000 personas al año mientras esperan tratamiento médico", dice Germán Codina, alcalde de Puente Alto, un distrito pobre en Santiago, que es del partido de Renovación Nacional del presidente Piñera.

Después está el problema de los medicamentos. Fonasa proporciona algunos gratis, pero hay “colas de hasta ocho horas para obtenerlos, y a veces no los tienen", dice Velasco. En 2009, las tres principales cadenas de farmacias, que controlan el 90% del mercado, fueron declaradas culpables de colusión de precios. Incluso hoy, los precios de los medicamentos de venta libre están muy inflados. Por poner un ejemplo, un aerosol nasal con esteroides cuesta US$ 51 en Santiago, en comparación con US$ 22 en Lima y US$ 13 en Madrid.

Este aumento de precios es parte de un patrón más amplio de abuso por parte de las empresas. Los derechos de agua y pesca se mantienen como propiedad privada, en la práctica a perpetuidad. Hasta hace poco, los carteles florecían en industrias que iban desde papel higiénico hasta autobuses y pollos. Muchos de los ricos evaden los impuestos. El 1% superior no paga más del 15% de sus ingresos, según Rodrigo Valdés, quien fue ministro de Hacienda de Bachelet. "Los abogados fiscales en Chile tienen helicópteros, una señal de que estamos en problemas", dice.

Sucesivos gobiernos han tratado de resolver estos problemas, pero no lo suficientemente rápido. Se enfrentaron a la obstinada resistencia de la derecha y presiones empresariales. El Congreso aprobó una ley de competencia dura en 2009 que hace que la fijación de precios sea un delito penal. Pero no es retroactivo. "Muchas personas no creerán que algo ha cambiado hasta que alguien esté en prisión", dice Eduardo Engel, economista de la Universidad de Chile.

"Quienes se negaron a escuchar o bloquearon el cambio son cómplices de lo que sucedió", dice Codina en Puente Alto. La constitución, redactada por la dictadura, ha sido enmendada más de 40 veces y ahora lleva la firma de Ricardo Lagos, un presidente socialista. Pero aún brinda protección desproporcionada a los intereses privados. Un número de "leyes orgánicas" solo se puede cambiar con una mayoría de cuatro séptimos del Congreso. El Tribunal Constitucional, que tiene un sesgo conservador, ha protegido a las Isapres de la regulación de precios, por ejemplo.

Cuando Bachelet propuso una nueva constitución para superar dicha resistencia en 2015, esto fue recibido con un bostezo colectivo. Ahora ha sido aprovechada para salir de los problemas. Los opositores temen que una nueva carta conduzca a la creación de "derechos" que son imposibles de cumplir y a la irresponsabilidad fiscal. Pero la ley para el plebiscito de abril sobre la creación de una convención constitucional estipula que el nuevo documento debe contar con el apoyo de dos tercios en ese órgano, así como la aprobación en un segundo referéndum en el que la votación será obligatoria. "El mecanismo requiere llegar a acuerdos", dice Giorgio Jackson, un legislador de izquierda. "Entonces no hay mucho tiempo para la radicalización o espacio para la polarización". Hay poca demanda para debilitar la independencia del Banco Central o las estrictas reglas fiscales de Chile.

La propuesta de una nueva constitución ha dividido la derecha. Algunos que inicialmente se asustaron al apoyarlo ya no lo hacen. A pesar de tal resistencia, Eugenio Tironi, un consultor político que dirigió la campaña que derrotó el intento de Pinochet de permanecer en el poder por un plebiscito en 1988, piensa que si la participación en abril es al menos del 60%, la convención será aprobada por el 60% o más de los votantes.

Piñera parece haber virado entre la demanda de orden de su propia base política y la de cambio buscado por gran parte del país. Ambas son necesarias. La magnitud de las protestas y la violencia extendió el miedo entre la gente de negocios. "Tenemos una preocupación muy básica", dice Bernardo Larraín de Sofofa, un lobby empresarial."¿Tiene el estado chileno la capacidad de mantener el orden público, de modo que las personas puedan ir a trabajar y las empresas puedan operar normalmente?" Los carabineros alguna vez fueron respetados. Han sido empañados por recientes escándalos de corrupción en un país con mucho menos corrupción que muchos de sus pares latinoamericanos. Ante la provocación a veces extrema, han sido expuestos como incompetentes y brutales. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, casi 1.900 personas resultaron heridas por balas de plástico o perdigones, incluidas 445 con daños en los ojos. Con 60.000 integrantes, la fuerza es demasiado pequeña. "La policía se vigila a sí misma", dice Lucía Dammert, politóloga de la Universidad de Santiago. "El mundo político no les ha puesto ningún límite". La reforma a la policía ahora se considera ampliamente como esencial, pero llevará años.

Debido a su prudencia macroeconómica, Chile tiene dinero para responder a algunas de las demandas de más gasto público. Este aumentará en un 9% este año, aunque gran parte de eso se utilizará para reparar los daños. Además, Briones está preparando un plan para el aumento "gradual y moderado" de impuestos y gastos permanentes. "La lista de demandas es infinita, tenemos que priorizar", dice. "Somos Chile, no Suecia".

¿Será eso suficiente? Mucho dependerá de si la convención constitucional despega, de si se reanuda la violencia a gran escala y de qué tan rápido la economía vuelva a avanzar. "Por supuesto, hay más incertidumbre y las decisiones de inversión se están posponiendo", dice Larraín. Sin embargo, al menos antes de incluir el covid-19, el Banco Central cree que Chile evitará la recesión y que la economía crecerá alrededor de un 1% este año, ayudada por el estímulo fiscal y monetario.

Al igual que con la rebelión estudiantil en Francia en mayo de 1968, los acontecimientos de Chile han sacudido a un país que parecía estar progresando, poniendo en duda tanto la supervivencia de su presidente como su estabilidad política. Piñera dice que ha estado leyendo una nueva biografía del general Charles de Gaulle, quien resistió las protestas de 1968 como presidente de Francia, pero se retiró poco después. Piñera insiste en que se mantendrá firme hasta el final de su mandato en 2022.

"Todavía no sabemos si esta crisis será una forma de mejorar a Chile o si empeorará", admite. El país carece de una tradición populista reciente, pero algunos de los elementos están ahí. "El pueblo, unido, funciona sin partidos", proclama un gran graffiti. Los próximos meses determinarán si Chile busca un salvador o si sigue el camino de mejorar sus instituciones. El tiempo solo no sanará: no hay regreso al país del 5 de octubre.

Lo dicho. The Economist asume que se aprobará una nueva constitución, y una convención constitucional.

Suena más a propaganda. Especialmente si el entrevistado estrella es Landerretche, cuyo héroe político (y económico?) es Allende. Ni hablar del basureo a Carabineros, que es básicamente lo que está sosteniendo el estado de derecho, lo poco que queda.

La razón del estallido violento y el apoyo generalizado es una y clara. Deuda. O la incapacidad de pagarla en realidad.

Y eso ocurre por una razón sicológica. Los wannabes quieren tener lo que los ricos tienen, y se endeudan para ello. Y los pobre quieren tener lo que los wannabes ostentan, y se endeudan en imitaciones o el rango más bajo para ello.

Al prosperar el país, y tener más gente acceso a crédito, todos quieren parecer más ricos de lo que en realidad son. Y con el tiempo, el parecer más ricos se transforma en la mente de algunos, en un derecho adquirido.

Todos quieren tener acceso a educación igual a la de los ricos. Salud igual a la de los ricos. Infraestructura igual a la de los ricos. Y se van agregando a la lista cada vez más cosas. Casa digna, sueldo digno, trato digno, café digno, etc, etc. que es un eufemismo para decir que quieren los mismo estándares de los ricos, sino en las casas, en los barrios.

Todos quieren ser ricos, o peor aún, parecerlo.

Y los políticos prometen exactamente eso. Voten por mi y estarán más cerca del estándar de vida que tienen los ricos. Ningún político podría prometer otra cosa. Nadie puede ser honesto y decir que en realidad lo que se puede hacer es mejorar tu condición actual, algunas veces significativamente, pero jamás te vas a acercar en estándar de vida a la de los ricos, a menos que seas uno.

Esa es la frustración actual supongo. Expectativas de que ibas a ser una estrella de rock, millonarios o dioses de las películas, y no lo vas a ser. Y eso te coloca muy, muy, muy furioso.

Como diría Tyler Durden, quiero destruir todas las cosas bellas que nunca tendré. No les suena familiar??

Si sueltas a un porcentaje que tiene estas frustraciones muy internalizadas, y que además son antisociales, tienen el movimiento revolucionario pendejo.

Estas revoluciones son diferente a las de los países nórdicos. En esos países las revoluciones son por los impuestos, no por la desigualdad. Allá se entiende que cada uno es responsable de su propio futuro. Francia no es nórdico por cierto. Es muy latino.

Y es por esto que nunca vamos a poder parecernos a los noruegos o finlandeses. Tienen incorporado en los genes el no responsabilizar a nadie más que a ellos de sus situación en la vida. Me parece que es algo religioso y que tiene que ver con que sean protestantes. Tal vez es algo más antiguo. Quien sabe. Pero son MUY diferentes en su manera de pensar.