El 25 de marzo, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados respaldó un proyecto para congelar el pago de las cuentas de servicios básicos e impedir el corte del suministro mientras dure el estado de excepción. Frente a este escenario el presidente de Entel, Juan Hurtado, envió una carta a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt el 20 de abril, explicando los déficit técnicos y jurídicos de la próxima normativa. La iniciativa "inevitablemente terminará por afectar no solo el desarrollo futuro de la industria de las telecomunicaciones, sino que al país en su conjunto", señaló. Esto porque modifica la manera en que se ejecutan los contratos entre abonados y las compañías. "Altera radicalmente el régimen contractual y de dominio de las telecomunicaciones, sin siquiera establecer una indemnización acorde a la expropiación que esto significa, además de insuficientes, son fácilmente extrapolables a las múltiples situaciones y sectores de la economía".
En su alerta, explica que "sin duda estamos ante un proyecto abiertamente inconstitucional, muy deficitario desde el punto de vista técnico y que, de aprobarse en su texto actual, establecería un peligroso precedente hacia el futuro por la evidente y grave afectación de la certeza jurídica y la intangibilidad de los contratos válidamente celebrados".
Además que "bajo el concepto ampliado de 'servicios públicos domiciliarios', se termina por establecer exigencias y dando un tratamiento idéntico a empresas y sectores industriales de naturaleza disímil". A su juicio, los servicios de telefonía móvil son rubros altamente competitivos, mientras que las compañías de distribución eléctrica, agua, y gas de cañería son monopolios naturales.
Sobre la moción parlamentaria, el gerente general de Entel, Antonio Büchi, señaló que se está analizando elevar un recurso al Tribunal Constitucional. "A ninguna industria les han obligado a dar servicios gratis en la pandemia y nos preocupa", señaló el ejecutivo.
Se supone que el Estado es el que debe cubrir estas cuentas, ya que obliga a no cobrar o suspender el pago, que está perfecto.
La gente en el congreso y gobierno parece no entender que los que provocaron el problema son ellos con este bloqueo de todos los ingresos. Pretender que las empresas les resuelvan el problema que han provocado solo porque son “grandes” es idiota.
Con un paquete de USD 11 billones para un desplome de mercados más ingresos que afecta directamente al PIB que debe ser fácilmente el doble, no le va a hacer ni cosquillas a la caída libre que va a tener la economía.
O no entienden de contabilidad o creen que las empresas tienen árboles de dinero para cubrir esta idiotez criminal de cerrar todo.
Las empresas, especialmente las grandes, tienen en su contabilidad que pagar las deudas con las que han financiado sus activos. Se entiende que pagan esas deudas con el flujo que producen esos activos. El gobierno les ha cancelado por ley los ingresos, o lo pretende hacer, y no ha cancelado las deudas o el pago de ellas.
Eso es quiebra en la gran mayoría de los casos, como Enjoy.
Nadie tiene guardado un mes o más de caja para enfrentar un mes de no ingresos. Especialmente las corporaciones.
Las consecuencias de la irresponsabilidad de hacer lo que están haciendo los gobiernos recién se va a comenzar a desplegar ahora, cuando comience a abrir la economía y sea clara la cloaca en la que nos estamos metiendo.
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