Controlador de CruzBlanca amplía reclamación internacional contra el Estado chileno por reajuste de precios de los planes

@elmercurio

La última resolución de la Superintendencia de Salud, emitida el jueves 15 de septiembre, fue la gota que rebasó el vaso para las isapres. Tras el fallo de la Corte Suprema, que ordenó la realización de un nuevo proceso de fijación de precios, el regulador de salud definió un alza máxima de 7,6% de reajuste en los planes de las aseguradoras para el período 2022-2023, pero fijó escalas de incremento, que van desde ese máximo a solo un 1,4%, dependiendo de cada aseguradora. Para CruzBlanca, controlada por la británica Bupa, el alza permitida fue de 4,3%.

“La resolución de la Superintendencia agudiza la incertidumbre jurídica y compromete aún más la viabilidad de las isapres, amenazando el funcionamiento de toda la cadena dependiente del aseguramiento privado, con efectos incalculables sobre los afiliados y sus familias, clínicas, hospitales y centros de salud (...). Ni siquiera el límite de 7,6% máximo de reajuste establecido por el regulador es suficiente para resolver el problema de fondo de la industria y hacer frente al incremento de costos reales durante los últimos años, marcados por la judicialización, el aumento de licencias médicas y el congelamiento de precios”, dijo CruzBlanca tras conocer la resolución del regulador.

Pero el reclamo de la isapre no se quedó solo en esa declaración pública. Frente a lo que considera como un delicado escenario de viabilidad financiera, producto de factores regulatorios y jurídicos que la empresa considera externos a su operación, y que le han impedido reajustar los planes desde 2020 para hacer frente al incremento de costos reales, su compañía controladora decidió activar una nueva ofensiva internacional contra el Estado chileno por el reajuste de los precios de los planes de salud, amparándose en el mecanismo de solución de controversias contemplado en el Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones celebrado entre Chile y Reino Unido.

Fue este jueves 22 de septiembre, revelan fuentes bien informadas, que el controlador de CruzBlanca envió un nuevo requerimiento a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, del Ministerio de Relaciones Exteriores, con lo cual solicitó el inicio de una instancia de negociación amistosa con la Cancillería.

Consultada oficialmente la empresa por “El Mercurio”, el abogado Rodrigo Díaz de Valdés, socio del estudio Baker & McKenzie, quien patrocina la reclamación, confirmó lo sucedido. “Efectivamente, se adoptó por el controlador de CruzBlanca la decisión de activar los mecanismos de solución de conflictos contemplados en el Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones, celebrado con el Reino Unido, teniendo en consideración una serie de decisiones adoptadas por el Estado de Chile y que han significado una grave expropiación a los ingresos de CruzBlanca, así como también una transgresión a las reglas de un trato justo y equitativo. Esperamos que en el curso de estas consultas amistosas podamos llegar a un entendimiento que implique no seguir el camino de una demanda ante el Ciadi”, confirmó.

Con este último paso, Bupa —grupo que está presente en 130 países— concreta una ampliación de una reclamación internacional contra el Estado chileno. Se trata de una extensión, ya que el 9 de marzo pasado, la firma de capital europeo había activado por primera vez el mecanismo de solución de controversias contenido en el acuerdo bilateral, fundado en ese momento en otra razón: la no aplicación de la tabla de factores, elemento que está incluido en la ley y que es clave para las aseguradoras al momento de definir el precio de los planes de salud.

En esa oportunidad, la compañía extranjera acusó la derogación de facto de la tabla de factores, a partir de dos fallos de la Corte Suprema que datan de 2018, sentencias que acogieron recursos de protección presentados por afiliados de Cruz Blanca, lo que le ha impedido a la isapre reajustar el precio de los planes por tabla de factores, lo que consideran una vulneración del Tratado de Libre Comercio firmado entre ambos países. “La no aplicación de la tabla de factores ha producido una merma continua de ingresos, ha implicado la pérdida del 50% de ellos”, acusa en reserva un alto ejecutivo vinculado al grupo.

Fuentes conocedoras precisaron que en junio la Cancillería notificó a Bupa que aceptó iniciar el proceso de diálogo de esa reclamación, lo que implica establecer “un acuerdo de confidencialidad entre las partes sobre la marcha de las conversaciones”.

La nueva reclamación

Ahora, en esta nueva reclamación de esta semana, Bupa —detallan fuentes al tanto— argumenta que las decisiones que ha tomado el Estado chileno en los últimos años, que incluye determinaciones tomadas por los tres poderes, Legislativo, Judicial y el propio Ejecutivo, desconocen la normativa vigente e impiden arbitrariamente la facultad legítima que tienen las isapres para adecuar los planes de salud, normalizando una forma de operar para las aseguradoras que no es sostenible en el tiempo, pues, a juicio de Bupa, se obliga a los controladores a cubrir los costos con aportes de capital, como ha ocurrido sistemáticamente en los últimos 18 meses. De hecho, fuentes cercanas al grupo comentan que es muy factible que la firma europea tenga que realizar un nuevo aporte de capital para solventar la operación de CruzBlanca.

Desde el año pasado y hasta la fecha, la inglesa Bupa ha concretado tres inyecciones de capital a la isapre local, aportes que suman unos $171 mil millones. Pero la salud financiera de CruzBlanca no mejora. En el primer semestre, la aseguradora perdió $26.822 millones, por el mayor gasto en prestaciones y el congelamiento de los planes de salud.

Fuentes vinculadas a la compañía precisan que el escenario de precios se agravó a partir de tres hechos. Primero, la Ley 21.350, publicada en el Diario Oficial el 14 de junio de 2021, que reguló el procedimiento de modificación de los precios base de los planes de salud, atribuyendo por primera vez al regulador la potestad de fijar los parámetros y establecer un límite para el cálculo de los precios. Y por otro lado, esa misma normativa —en su primera disposición transitoria—, dejó sin efecto los reajustes en los precios base de los planes de salud de todas las isapres durante 2020 y 2021.

En el contexto del estado de excepción constitucional de catástrofe motivado por la pandemia del covid-19, al entender del controlador de CruzBlanca, esto era un acuerdo voluntario para suspender las alzas, pero no para dejarlas sin efecto, que fue lo que ocurrió finalmente con la dictación de la ley, de facto, porque únicamente contempló ajustar en los montos máximos que determinara la superintendencia, en circunstancia de que la industria venía arrastrando de 2020 incrementos muchísimo mayores. “Los costos acumulados en este tiempo han crecido sobre 25%, y esa realidad no ha sido reconocida. En ningún caso era una renuncia a hacer los ajustes”, comenta una fuente cercana a la matriz de la aseguradora. Por lo anterior, en la firma inglesa esa ley es considerada “una violación al Tratado entre Chile y Reino Unido”.

En segundo término, las decisiones del Poder Judicial, en opinión de Bupa, agravaron el escenario. Entre ellas la más reciente, del 18 de agosto, que dejó sin efecto el proceso de reajuste de los planes que debía regir a partir de junio y que obligó a las isapres a devolver unos $10 mil millones a los afiliados. Y luego se sumó el actuar del Gobierno, a través de la Superintendencia de Salud. Su última y cuestionada medida fue la que informó la semana pasada, en la que dio a conocer su cálculo de los porcentajes de variación de los costos operacionales de las isapres, que serán el parámetro fundamental para el reajuste de los contratos de salud. “Un alza de 4,3% definida para CruzBlanca no recoge el aumento de costos reales, lo que genera un grave desequilibrio en los resultados. Lo propuesto no es sostenible, con serio riesgo de caer en insolvencia”, acusa una fuente vinculada a la europea, quien hace ver que la suma de todos estos hechos hace que se les haya impedido durante todo este tiempo, tres años, “hacer un ajuste de precios de acuerdo con los costos reales”.

Otra fuente ligada a la firma inglesa complementa: “Ni siquiera el límite de 7,6% máximo de reajuste establecido por el regulador es suficiente para resolver el problema de fondo de la industria y hacer frente al incremento de costos reales durante los últimos años, marcados por la judicialización, el aumento de licencias médicas y el congelamiento de precios”.

Todo lo anterior, a juicio de cercanos al controlador de CruzBlanca, ha generado gran preocupación al interior de Bupa respecto de su operación local, a la que ingresó en 2014. “Hay incerteza jurídica, nos han cambiado las reglas del juego, no hay claridad”, critica un cercano a la compañía de capitales británicos. Y enumera dos factores estructurales que han empujado el alza de costos, más allá del IPC, y que no dependen de la gestión de las isapres: el gasto médico, porque la población envejece y se enferma más; y el aumento exponencial de las licencias médicas.

A ello, en Bupa suman otro elemento que influyó: el costo asociado por la obligación impuesta en pandemia de financiar las Licencias Médicas Preventivas Parentales, costo ligado a un beneficio que, según las isapres, correspondía asumir al Estado chileno, no al sector privado.

Los pasos que vienen

El mecanismo de consultas amistosas establece tres meses de plazo, prorrogables, para resolver una controversia, y constituye el paso previo —según el sistema de solución de controversias establecido entre ambas naciones— a escalar la disputa al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en caso de no llegar a puerto en la etapa de consultas amistosas.

Para llevar adelante esas negociaciones, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales dispone de un equipo especial, dirigido por Johanna Klein Kranenberg, que es la coordinadora del Programa de Defensa en Arbitrajes de Inversión Extranjera.

Al interior del grupo controlador de CruzBlanca creen que es fundamental generar medidas concretas y oportunas para entregar certezas y sostenibilidad a los afiliados, y a la industria durante el período de transición hacia un nuevo modelo de salud. “Para mantener los actuales beneficios de cobertura es imprescindible que las isapres operen en régimen de solvencia, y para ello es necesario recuperar el equilibrio financiero para poder operar y dar estabilidad al sistema”, indican.

UnitedHealth Group plantea inquietud a Marcel en EE.UU.

Si bien las cinco isapres notificaron esta semana a sus afiliados del incremento en el valor base de planes que pueden ejecutar, en las aseguradoras hay gran preocupación y molestia respecto del cálculo de reajuste en los planes que determinó la Superintendencia de Salud, que informó el jueves 15 de septiembre. Luego de conocerse la resolución del regulador, las aseguradoras tuvieron una semana clave para evaluar con sus equipos legales las distintas opciones, donde en privado se reconoce que “estamos analizando recurrir a las instancias judiciales y administrativas. Es una opción abierta, y nos reservamos el derecho a seguir otros caminos. Que hayamos informado el alza, no quiere decir que descartemos el camino legal”. Otro ejecutivo de una aseguradora dice que reconsideraron esa vía, “porque hemos visto una mejor disposición de la nueva ministra de Salud, y no queremos entorpecer esa posibilidad”.

La estadounidense UnitedHealth Group (UHG), controladora de Banmédica y Vida Tres, planteó directamente su preocupación al ministro de Hacienda, Mario Marcel, en Estados Unidos, confirman fuentes ligadas a la compañía. Altos representantes del grupo extranjero participaron en el encuentro del Council of the Americas, que reunió a una treintena de empresarios en el marco de la gira que realizó esta semana el Presidente Gabriel Boric.

UnitedHealth Group forma parte de esa organización internacional de negocios, y estuvo en la cita con el titular de Hacienda, instancia en la que, según indican presentes, manifestó su inquietud sobre la delicada situación de las isapres en Chile, a raíz de “resoluciones tomadas por autoridades de gobierno y los tribunales que amenazan la viabilidad financiera de la industria”.

No es la primera vez que la compañía realiza gestiones directas con autoridades nacionales para exponer su disconformidad con resoluciones que “subestiman costos y ponen en riesgo la existencia del sector”. Ya lo hizo en julio, cuando solicitó reunión con el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés.

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Está claro que el gobierno de Boric quiere deshacerse de las Isapres.

El problema de estos pasteles es que no puedes ir contra instituciones tan arraigadas sin tener un plan, uno de verdad, no las challas y confetis que estos matas de hueva tienen en sus cabezas de chorlitos.

Lo lógico sería modernizar la gestión de la salud pública y competir por ese 7% de las Isapres, además de ofrecer como estado un programa GES más ampliado que permita que cualquier tenga cobertura para enfermedades catastróficas con ciertos parámetros base de calidad en tiempo y atención.

Eso es un plan de al menos 10 años. Para reemplazar o competir con un sistema que lleva 40 años en desarrollo.

Parece razonable.

Pero no. Estos revolucionarios al peo quieren destruir primero, y ver después que cresta hacemos y como respondemos a la enorme sobredemanda que van a tener en el sistema público todas las atenciones, especialmente las urgencias y tratamientos crónicos.

Lo comentado desde hace rato. En Chile ya no hay certezas jurídicas necesarias para negocios intensivos en capital. El gobierno ve con extremo prejuicio esa clase de negocios.

Probablemente terminen haciendo la gran Maersk los de Bupa. Y tal vez otros los sigan. No tiene ningún sentido seguir aportando capital a un hoyo sin fondo y peor aún con la completa anuencia del gobierno para ser destruidas.

Que cantidad de cagadas se van a comer los árboles.

No me gustaría estar en los zapatos de ellos. Muchas de ellas en el origen no son su responsabilidad, pero si llegas al gobierno diciendo que todos antes que ti son un asco y que tu eres el segundo mesías resucitado que va a arreglar todo, te las van a cobrar, y con intereses.

Ojalá lleguemos al final del periodo de Boric. Lo que tengo claro es que van a ser masacrados en las próximas elecciones y van a desaparecer del mapa electoral por décadas. No llevan 6 meses ni han enfrentado aún ninguna real crisis.

Ahora lo van a hacer. Económica, financiera, de salud. Todas casi juntas…

WILL BE FUN…