Las relaciones entre el Ministerio de Salud y las isapres están congeladas. La semana pasada, las aseguradoras enviaron una carta a la ministra de la cartera, Ximena Aguilera, informándole que suspendían su participación en la mesa de trabajo instaurada el 4 de agosto. “Por ahora las relaciones están suspendidas, a la espera de que veamos del Gobierno señales concretas respecto de acciones para poder ir avanzando en corregir la situación del sistema”, subraya Gonzalo Simon, presidente de la Asociación de Isapres. Y agrega que “hasta ahora no hemos tenido respuesta a nuestro envío formal respecto de la suspensión”.
Las aseguradoras están preocupadas, principalmente, por dos temas que consideran prioritarios para la industria: la tabla de factores, que ha generado una exponencial judicialización, y el nuevo proceso de reajuste de precios de los planes, definido el 15 de septiembre por la Superintendencia de Salud, en reemplazo del alza que fue frenada por un fallo de la Corte Suprema del 18 de agosto. El tope máximo de aumento que fijó el regulador para la industria fue de 7,6%, aunque estableció un rango de incremento, que va desde ese límite máximo hasta un 1,4%, variaciones insuficientes en opinión de la industria.
Esta semana, los ánimos se crisparon más, pues el miércoles el superintendente Víctor Torres respondió los cuestionamientos de las isapres respecto de la metodología de cálculo utilizada en el reciente proceso de reajuste. El regulador aseveró que las aseguradoras conocían claramente cómo se realizaría el cálculo —a través de la Circular 409/2022— y dijo, además, que tuvieron la posibilidad de presentar recursos de reposición o jerárquicos si no estaban de acuerdo y no lo hicieron.
El timonel de las isapres responde el emplazamiento: “La circular no indica el criterio o el método que se iba a aplicar para verificar el alza; la circular detalla únicamente la información y los antecedentes que se debían entregar”, retruca Simon. A continuación, también subraya que “efectivamente, acciones administrativas ante la superintendencia las isapres no han realizado, y es muy probable que no vayan a hacerlo. Lo que están haciendo es seguir un camino paralelo, y no han descartado el camino legal. Al revés, todas las isapres están analizando y evaluando diferentes acciones que son de carácter jurídico, ya sea en tribunales chilenos o en el extranjero. Es una opción que están estudiando”.
El presidente del gremio también advierte de un escenario de creciente incerteza jurídica y del riesgo de judicializar nuevamente el proceso. “La superintendencia generó una nueva circular y propuso un nuevo proceso de adecuación, agregó lo que solicitaba el tribunal, que era que las isapres entregaran información respecto de las razones y la justificación de la adecuación de precios. Las isapres cumplieron con eso y la superintendencia verificó esa información, chequeó los datos, y en base a eso emitió resoluciones por cada una de las isapres”, explica. A renglón seguido, alerta: “Hoy lo que vemos es que ya la superintendencia ha acogido miles de reclamos de usuarios a este nuevo proceso. La gran duda es por qué la superintendencia acoge los reclamos, siendo que fue esta la que normó, en base a lo que falló la Suprema, cómo debía hacerse el nuevo proceso y se cumplió cabalmente. Con esto se levanta una duda, no logramos explicar por qué lo está haciendo, y nos llama la atención. Nos sorprende que la superintendencia acoja estas reclamaciones, siendo que uno entiende que si se verifica que el proceso se haya cumplido cabalmente y si se hizo correctamente, no debería quedar nada pendiente”.
El mandamás de las isapres agrega que, en paralelo, los tribunales de justicia —vía Corte de Apelaciones— también han acogido a tramitación recursos de protección de usuarios. En el actual escenario, apunta Simon, “hay riesgo de que esta alza nuevamente se pueda paralizar (...). Está sucediendo de nuevo”.
“Lo que vemos ahora es que la incerteza no se ha modificado, porque al día de hoy se comenzó el nuevo proceso, sin embargo, estamos en la misma situación en la cual estábamos hace algunos meses. Habrá que ver cómo fallan (los tribunales y la superintendencia), pero el nivel de incerteza se mantiene, es preocupante”, plantea.
El peor año de la historia
Las aseguradoras tienen discrepancias con la interpretación que hizo la superintendencia del fallo de la Suprema. A juicio de Gonzalo Simon, el congelamiento de precios se prolongó por un tiempo mayor al que establecía la Ley 21.350, que definió que el precio estaba congelado hasta junio de 2022. “Con este nuevo proceso, lo que hizo la superintendencia fue mantener el congelamiento hasta octubre de 2022, o sea, le agregó cuatro meses adicionales, en vez de hacer el nuevo reajuste retroactivo desde junio, como correspondía”, afirma el líder del gremio.
A juicio de las isapres, además, la ley indica que se tienen que calcular las variaciones de costo del período, no un promedio. “Las isapres entregaron los datos, la superintendencia los validó y llegó a la conclusión de que para el sistema como un todo los costos de salud (prestaciones) y subsidio (licencias médicas) subieron 22,5% en el período (de tres años). Sin embargo, autorizó un alza de 6% promedio para el sistema como un todo”, se quejan en la entidad gremial. Lo lógico, añade Simon, “hubiera sido que se mantuviera un 7,6% para todos, lo que no quiere decir que las isapres quedaban satisfechas, porque no se hacía cargo de la totalidad, pero al menos se acercaba”.
En la entidad revelan que el propio superintendente cuando expuso en el Congreso, a la comisión de Salud del Senado, consignó que “a junio, había un 7,9% de exceso de costo por sobre los ingresos que estaban recibiendo las isapres. O sea, recibían ingresos por $100 y realizaban gastos por $107,9. Él mismo lo reconoció”.
El actuar de la autoridad, en opinión del sector privado, no permitirá corregir la situación deficitaria que mantiene el sistema, y con ello, poder asegurar que los usuarios puedan recibir los beneficios y prestaciones. “Hay un serio riesgo de que las isapres no puedan contar con los recursos requeridos para poder solventar y cumplir con los beneficios. Se necesita poder equilibrar los ingresos con los costos de los beneficios para cumplir con el contrato, y la fórmula que establece la superintendencia no lo permite”, enfatiza Simon.
Recalca que lo ocurrido impactará en la sostenibilidad financiera del sistema y, para graficar el complejo escenario, adelanta los resultados de las aseguradoras al tercer trimestre. “La situación en las isapres ha seguido deteriorándose rápidamente. Prueba de ello es que a septiembre el sistema proyecta una pérdida en torno a los $150 mil millones, el doble del resultado negativo registrado a junio (-$73.607 millones). Un resultado peor al previsto”. Esas pérdidas consideran los $30 mil millones que deben devolver las isapres a los usuarios por el alza anterior que se dejó sin efecto.
Con estas cifras, el 2022 ya se convirtió en el peor año en la historia de las aseguradoras, cartel que hasta ahora ostentaba el 2021, cuando las aseguradoras anotaron pérdidas superiores a los $137 mil millones. Para el cierre del actual ejercicio, las isapres ven muy factible que el registro negativo alcance o incluso supere los $200 mil millones. “Es posible”, apunta Simon.
“Vemos con preocupación que se está sofocando el sistema completo, profundizando la incerteza, y que de no ser corregido llevará a colapsar a las isapres con las consecuencias que implica, tanto para nuestros afiliados como para el sistema privado prestador”, sentencia. Hasta el momento, dice Simon, los controladores de las aseguradoras han sostenido la operación, con inyecciones de capital, pero hace hincapié en que no es posible anticipar si podrán seguir operando de esa manera.
El superintendente, en su emplazamiento a la industria, el miércoles último, dijo que las isapres no pueden pretender que la adecuación de precios se transforme en un salvataje para ellas, en perjuicio de sus afiliados. En la asociación replican: “Las isapres no buscan ni ayuda ni favores ni salvataje, las isapres lo que sí requieren es certeza de cómo seguir operando, de tal manera de cumplir con los beneficios que tienen pactados con los afiliados”.
En la entidad entregan otras cifras que revelan la fragilidad del estado de salud de la industria, y el alcance y la magnitud que tendría una eventual insolvencia de las aseguradoras para el sistema en su conjunto. “Las garantías constituidas por las isapres sobrepasan los $600 mil millones, y lejos, la amplia mayoría de ellas, más del 50%, corresponde a boletas bancarias”, detallan en el gremio.
La probabilidad de no renovación de esas garantías por parte de los bancos preocupa al gremio. “Si efectivamente la situación por efecto de las medidas que pueda estar tomando la superintendencia agravan el déficit de las isapres, evidentemente aumenta el riesgo de esa situación (...) Los bancos están atentos”, admite Simon.
Al mismo tiempo, en la entidad enfatizan que el sistema privado prestador, como clínicas y centros de salud —que principalmente se financian por las isapres— atiende al 50% de la población de Fonasa, por lo tanto, “un eventual colapso de las isapres se traspasará al sector de salud completo”.
Menciona que mientras la demanda crece, el desarrollo de la red, por primera vez en 40 años, está detenido. “Hoy, ante la incertidumbre, el desarrollo de nuevos proyectos, la inversión en clínicas, centros médicos o la incorporación de tecnología y equipamiento nuevo, están paralizados. Los proyectos en desarrollo se terminarán, pero no están surgiendo nuevos”, precisa Simon.
Reforma a la salud
Las isapres se declaran disponibles para aportar en la futura reforma al sistema de salud, resaltando que “debe existir libre elección, tal como dos tercios de la población así lo plantea. Nuestra postura es que las personas puedan seguir eligiendo”, dicen en el gremio de las aseguradoras. En la industria mantienen vigente su propuesta surgida el año pasado, que considera un plan universal y un fondo compensatorio. “Chile puede avanzar hacia un sistema donde todas las personas tengan acceso a una buena cobertura a través de un Plan de Salud Universal, estándar y único para toda la población, y un Fondo de Compensación de Riesgo. Y se debería permitir que las personas libremente escogieran la institución que les va a otorgar ese beneficio, sea pública o privada”, comenta el timonel de las isapres.
Nuevo decreto GES
Las isapres están atentas al decreto de Garantías Explícitas en Salud (GES), que incorporará un nuevo conjunto de patologías y un ajuste en la canasta de enfermedades cubiertas, “que considera coberturas por secuelas del covid”, dicen en el gremio.
Las isapres están a la espera de ese decreto, que ingresó a Contraloría el lunes 26 de septiembre, pero que hasta el cierre de esta edición el ente contralor no había tomado razón. Ello, no obstante el Gobierno había asegurado que entraría en vigencia ayer, sábado 1 de octubre. En la entidad gremial admiten que desconocen cuánto será el valor de la nueva canasta. “Las nuevas prestaciones cubiertas, incluyendo el tratamiento por efecto del covid, quedan postergadas hasta que Contraloría tome razón del decreto”, apuntan en el gremio.
Lo dicho desde hace mucho tiempo. Los narcisos en el gobierno no entienden sistemas complejos y como interactúan entre ellos y con toda la sociedad. Ni tampoco quieren hacerlo.
Isapres malas, pinochetistas, abusivas. Fonasa bueno, desfinanciado por las Isapres que se quedan con el 7% de los más ricos.
No entienden el enorme apalancamiento que tienen las Isapres en todo el sistema de salud. Tal como no entienden el apalancamientos de los colegios particulares subvencionados.
Lamentablemente no se ve para nada bien. No hay ninguna certeza jurídica para las Isapres y por ende va a llegar un punto en el cual sus accionistas no quieran seguir aportando capital, especialmente si los bancos dejan de respaldar las boletas de garantías.
No conocemos el efecto de una salida de las Isapres del sistema de salud. Ya en si mismo eso debería ser terrorífico para los narcisos.
Pero lo comentado desde siempre. No tienen idea de donde están parados. No tienen ninguna experiencia en nada que no sea la política de confrontación desde trincheras minoritarias y vociferantes.
Veamos como enfrentan a mayorías confrontacionales y vociferantes cuando sus medios y calidad de atención de salud se desplomen y no tengan ninguna respuesta obvia hoyuda pontificadora que satisfaga a los cada vez más enojados pacientes y familiares de ellos.
Se puede ver el colapso del sistema de salud. Y será culpa del gobierno, o así lo verán todos, porque el sistema que va a colapsar será el público.
No puedo creer que sean tan huevones para tirarse este ENORME problema encima aparte de los que ya tienen.
Por eso creo que este gobierno será un pequeño lunar cancerígeno en la historia del país, que será extirpado de raíz por ella en las futuras generaciones. Nadie querrá hacerse responsable de haber permitido que cabezas huecas tan incompetentes hayan llegado al poder. En algún momento todos dirán que estaban en contra del gobierno de los árboles. Al tiempo.
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