La olla a presión de la crisis migratoria que enfrenta Chile

@ElMercurio

Tras la seguridad, la situación económica y la salud. Allí, en cuarto lugar, posicionaban los chilenos la inmigración cuando en un sondeo de fines de octubre Cadem consultaba cuáles eran las áreas en que el Gobierno debía enfocarse. Educación, pensiones y hasta La Araucanía venían más abajo.

¿Cómo llegó a lo más alto de las urgencias? La respuesta está en buena parte en el norte, donde el volumen de ingresos y los traspasos clandestinos de la frontera, sumados a situaciones delictuales que según la fiscalía poseen un grado de conexión —solo un ejemplo, el temido Tren de Aragua—, tienen a estas regiones convertidas en una verdadera olla a presión en que alcaldes y parlamentarios piden actuar. Y con urgencia.

Si a eso sumamos factores como la inestabilidad en Perú, las cosas podrían complicarse aún más. “Tenemos preocupación de lo que viene en las próximas semanas y meses”, reconoció la ministra del Interior, Carolina Tohá, cuando confirmó que viajaría esta semana a la zona norte, donde se hicieron anuncios este viernes sobre resguardo de fronteras y otras materias.

Distinciones

Según la estimación más reciente del INE y el Servicio Nacional de Migraciones, a diciembre de 2021 se contaban casi un millón y medio de extranjeros en Chile. Medardo Aguirre, director del Centro Nacional de Estudios Migratorios de la U. de Talca, es claro en marcar una distinción: por un lado están quienes están regularizados y que “no constituyen un problema para el país, todo lo contrario. El Banco Central tiene datos de cómo contribuyen”. El problema está, distingue, en torno a la irregularidad.

La diputada por la Región de Antofagasta, Yovana Ahumada, asegura que “no se trata de no querer que ingresen, sino que tienen que hacerlo de la manera correcta”. Eso sí, añade que “debe haber límite y no permitir un ingreso sin control, eso no puede pasar”.

Un riesgo, dice el exdirector de Migraciones, Álvaro Bellolio, es que con el tiempo los roces entre nacionales y extranjeros, en aquellas zonas más tensionadas, crezcan. “Con la indolencia de acciones del Gobierno y con una política muy ‘buenista', solo se van a incrementar estas tensiones y probablemente van a ir creciendo los discursos, como ha pasado en Suecia, Alemania, Francia, muy nacionalistas, y que vayan a una lógica de migración cero. Yo creo que acá se necesita una migración responsable, gradual”, explica.

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  Francisco Javier Olea

• Pasos no habilitados: ¿Llegar e ingresar al país?

Chile enfrenta hace años un problema de ingresos clandestinos por pasos no habilitados. Pero ¿de qué magnitud hablamos? Llegar a una cifra no es fácil, porque son ingresos hechos al margen de las normas. Pero sí hay algunas aproximaciones.

El Gobierno tiene dos maneras de mirar cuántas personas están entrando irregularmente. Una es la cifra de denuncias y autodenuncias —que pueden o no ser hechas cerca de la fecha en que ocurrió el ingreso en cuestión— que maneja la PDI: hasta noviembre, 51.135.

Por su parte, el gobierno anterior contó así en sus cuatro años 87.669 ingresos clandestinos. En 2021, el número ascendía a 56.586.

Otra estadística es la de la Unidad de Coordinación Estratégica Norte de la Subsecretaría del Interior, que considera casos en que las personas son detectadas por Carabineros ingresando por un paso no habilitado. Al 27 de noviembre, llegaban a 19.840 en 2022.

“No es legítimo entrar hoy a Chile de manera irregular, están todas las vías para que las personas soliciten sus visas desde sus países”, recalca el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer. A quienes ingresan así, añade, se les aplican sanciones e inician los procesos de expulsión.

El asunto está lejos de ser un tema solo estadístico, pues las implicaciones son numerosas y relevantes. De partida, para quienes cruzan: los llamados “coyotes” han hecho un negocio de los cruces clandestinos e incluso si se llega a Chile, vivir sin papeles también es complejo. “No pueden acceder a trabajos formales, que es la forma de mejorar su condición de vida, entonces optan por los informales”, explica Medardo Aguirre, de la U. de Talca.

Otra arista tiene que ver directamente con la seguridad: si Chile no sabe quiénes entran, menos sabe qué antecedentes tienen. El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, estima que “ha ingresado un número importante con antecedentes delictuales. La migración irregular permite que suceda esto”.

Las señales

Cualquiera de las estadísticas, en todo caso, depende de lo que se logre identificar, y pueden influir factores como, por ejemplo, que se hagan más operativos de fiscalización —algunos de los más conocidos este año han sido los de Meiggs en la capital— o que más personas decidan autodenunciarse.

Sin embargo, el exencargado del Servicio Nacional de Migraciones y actual director del Observatorio de la Migración Responsable, Álvaro Bellolio, considera poco probable que los números bajen si no se dan señales fuertes de que ingresar irregularmente no es una posibilidad. Si como solución se termina regularizando a quienes entraron por pasos no habilitados, eso “es una llamada a que se vengan a Chile en forma clandestina”.

El también director de la Escuela de Gobierno del IPP de la U. Andrés Bello proyecta además que el año podría finalizar en cifras históricas. “El último trimestre del año siempre es el con más presión migratoria en términos de ingresos clandestinos, por la mejora en el clima, las oportunidades laborales y las celebraciones. Una cuarta razón que se da más este año es que la amenaza de ser expulsado por ingresar clandestinamente, prácticamente, no existe en Chile”, argumenta.

Panorama en cifras

1,4 millones de extranjeros hay en Chile, según la estimación oficial que se dio a conocer en octubre, desde el INE y el Servicio Nacional de Migraciones.

30% de estas personas provenía de Venezuela.

19.840

ingresos clandestinos se registraban este año, al 27 de noviembre, según los casos detectados por Carabineros al momento de entrar al país por un paso no habilitado.

51.135 denuncias y autodenuncias por ingresos clandestinos se acumulan hasta noviembre según los registros de la PDI.

1.034 expulsiones se han materializado este año. De ellas, solo 25 son de carácter administrativo.

Fiscal de la zona y parlamentarios hablan de un cambio: Alerta por delitos más violentos y crimen organizado

Como en el resto del país, en la zona norte la seguridad se ha transformado en un tema crítico. La gravedad, eso sí, está en otra escala; el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, asegura que en su región “la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes fue de 13,8 en 2021 y este año tenemos una cifra muy similar. Esto no tiene relación con las demás regiones, casi triplica la de Santiago, es comparable solo con países como Haití o Brasil, que es uno de los países con la mayor tasa de violencia”.

Arancibia, a quien se encargó este año la coordinación de las causas relacionadas al Tren de Aragua (cartel venezolano), ha sido una de las voces más enfáticas en alertar la complejidad del escenario que vive la zona y ha vinculado el avance del crimen organizado directamente a la vulnerabilidad de las fronteras.

Autoridades de la zona recalcan que migración y delincuencia no son sinónimos, pero sí reconocen que han visto un cambio en el tipo de delitos que se cometen y allí establecen nexos con otros países. “No asocio como alcalde los delitos con la llegada de extranjeros. Pero sí, los pocos que hay en manos de extranjeros, son complicados. Son tipos de asesinatos que no se veían en Antofagasta”, reconoce el alcalde de esta ciudad, Jonathan Velásquez.

En el caso de Tarapacá, el fiscal afirma que hay un 38% de imputados extranjeros. “Pero esos son los conocidos. Hay un alto índice de imputados desconocidos, por lo que la cifra podría ser mucho mayor”, advierte. Según la misma fiscalía, en la región hay 249 personas privadas de libertad venezolanas sin papeles.

“Va a ser demasiado tarde”

La migración irregular, coincide la senadora por Antofagasta Paulina Núñez (RN), “ha acentuado los delitos y también ha importado delitos desde otros países, con una connotación mayor. El sicariato, la extorsión y el crimen organizado hoy día están instalados”.

Esta semana, el Gobierno anunció un paquete de proyectos que tienen relación con estos delitos e incluyen iniciativas, por ejemplo, para agravar las penas por secuestros y tipificar el sicariato. La política nacional contra el crimen organizado, en tanto, sumaría otras acciones.

El diputado Jaime Araya (ind.-PPD) hace un llamado a las autoridades: “Cuando ocurren cinco casos dramáticos, que parecen de película y muestran cómo están operando las bandas criminales al norte del país, lo menos que uno espera es que se tomen en serio lo que está ocurriendo. Pareciera que el norte queda muy lejos de Santiago, pero cuando esto llegue allá, va a ser demasiado tarde”.

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Se debate el rol del Ejército: El dilema de las fronteras

Una de las pocas cosas en que el diagnóstico es transversal en materia migratoria, es la dificultad de resguardar las fronteras. En lo que sí hay discusión, claro, es en qué hacer. “Estamos en una situación crítica, y por eso he llamado a que así como la Armada se hace cargo de la frontera marítima, y la Fuerza Aérea de la frontera aérea, que se haga cargo el Ejército de la frontera terrestre”, afirma el senador PS José Miguel Insulza.

La alternativa que tiene el Gobierno pasa por el proyecto de infraestructura crítica, en que se incluiría la posibilidad de que el Presidente pueda pedir a las FF.AA. ayudar a proteger zonas y rutas fronterizas.

Pero, incluso en el oficialismo, hay dudas. “Demorará semanas, meses, antes de aplicar”, señala la diputada Danisa Astudillo (PS).

No son pocos los que creen que lo mejor es un estado de excepción. Esta medida, reconoce la senadora Luz Ebensperger (UDI), “no te da la solución, pero sí el tiempo para implementar medidas y tranquilidad para la gente”.

En la Región de Arica y Parinacota, el viernes la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que se trabaja en un proyecto para “desarrollar un sistema integrado móvil de control de fronteras, que se va a traducir en cuatro instalaciones tanto aquí como en Tarapacá, cada una de ellas con tres puntos de vigilancia, que se van a poder desplazar. En esos puntos vamos a tener cámaras de alta tecnología y térmicas”.

Desafío regional

La crisis también involucra al resto de la región, más allá de los esfuerzos chilenos. Cancillería señala que el país ha tenido un rol relevante en las coordinaciones multilaterales, lo que se ha traducido en cosas como el liderazgo en la XX Conferencia Suramericana sobre Migraciones. “Chile continuará impulsando el trabajo regional, tanto dentro de los procesos consultivos regionales existentes, como de la coordinación y convergencia entre ellos”, señalan desde el ministerio.

El director del Servicio Nacional de Migraciones añade que ya presentaron a la Cancillería un protocolo de reconducción que se elaboró para personas que ingresan irregularmente desde Bolivia y que vienen de terceros países, que hoy no están siendo reconducidas a territorio boliviano: “Estamos esperando que nos podamos reunir con la contraparte boliviana para hacerles esta propuesta”.

Uno de los principales debates: ¿Por qué no hay más expulsiones?

Jamás ha sido un tema sencillo. Para unos, por la forma en que se manejan y, para otros, por el volumen de casos, las expulsiones llevan años generando controversia. “El error del gobierno anterior fue mostrar esto en TV abierta sin dar contexto; no creo que sea una solución el mostrarlo así. Hace que sea tendenciosa la asociación de migración con expulsión”, cuestiona Andrea Espinoza, directora del Servicio Jesuita de Migrantes.

Las expulsiones pueden ser judiciales o administrativas. Estas últimas son derivadas por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) a la PDI, para que las materialice, y son las que, este año en particular, han concentrado las discusiones más fuertes. Aunque el Sermig informa que ha derivado 1.442 procesos de expulsión administrativa a las policías, solo se han concretado 25. El año pasado, en tanto, se realizaron 239.

Simplificar el proceso

Consultados por el tema, desde el servicio afirman que la caída en la cifra “se debe a una complejidad detectada en la implementación de la nueva Ley de Migraciones y Extranjería respecto de la notificación y materialización de expulsiones administrativas, situación que llevó al Ejecutivo a ingresar un proyecto de ley que simplifica el proceso”.

La iniciativa está en la Cámara de Diputados en su segundo trámite, y suma las opciones de carta certificada o email como vías de notificación; hoy se requiere notificación presencial que puede ser doble, lo que recargaría la labor policial, afectando los resultados.

Con todo, Álvaro Bellolio cuestiona que “en la administración anterior también había que notificar presencialmente, y se expulsó administrativamente a 1.335 extranjeros. Al ritmo que van, no van a llegar ni siquiera a 100 en cuatro años. Si entran 200 mil personas y expulsan a menos de 100, creo que es evidente que en Chile la migración descontrolada en parte lo es por la falta de gestión y disposición del Gobierno”.

A nivel judicial, en tanto, la PDI contabiliza 1.009 expulsiones materializadas este año. Durante todo el gobierno anterior, en tanto, se realizaron 5.631 de estos procedimientos y en 2021, según datos de la policía, llegaron a 526.

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Este es un problema mundial, no solo de Chile.

Una de las obvias teorías es que inmigrantes ilegales que llegan a utilizar gratuitamente los servicios e infraestructura que paga todo el resto van a votar por los que faciliten esa transición.

No hay ninguna razón adicional lógica para joder a toda la población interna de un país y provocar una enorme marea en contra política arriesgando el que la mayoría vote por candidatos pro políticas anti inmigración.

Todo el discurso virtuoso llorón de la izquierda en esto es puro BS. Como casi todos los discursos llorones que tienen.

Suponen estos giles que los inmigrantes van a votar por la izquierda.

Están arriesgando dos cosas. Una enorme vuelta de mano en las próximas elecciones con políticas anti inmigración, y dos, una enorme violencia hacia los inmigrantes, especialmente cuando los chilenos se comiencen a quedar sin trabajo y sin acceso a servicios que están saturados con inmigrantes.

Estos giles están elevando la presión social a niveles estratosféricos.

Y no hay ninguna solución bajo la ideología de izquierda de los narcisos de todo gratis y que los ricosh paguen. Eso si que es una invitación abierta a toda la galaxia barza a que vengan a recibir servicios y dinero gratuito pagado por los suckers de los ciudadanos que en vez de recibir los beneficios y la atención del estado, son violados impositivamente y postergados en todas las formas posibles para mantener a los gorrones barzas.

Quieren evitar la inmigración ilegal?

Eliminen todos los beneficios estatales sociales para los no ciudadanos. Y la ciudadanía requiere de 5 años de residencia legal, no negociable.

Quieren venir a aportar con trabajo, impuestos y pago de servicios porque Chile es una tierra de oportunidades? Bienvenidos. Quieren venir a recibir beneficios gratuitos a costas de todos los que pagamos impuestos…pueden devolverse por donde vinieron.

NO hay personas ilegales según los progres?? perfecto. Pero los ciudadanos que pagan impuestos son los que reciben los beneficios para los que todos aportamos. Ser un ciudadano del país para quien no nació acá y quiere serlo es un privilegio, no un derecho, así como todas las prestaciones.

NO EXISTE ninguna otra forma de detener la inmigración ilegal que cortando el beneficio de realizar el esfuerzo para ello. Ni con medios militares o físicos. Hay que tenerlos obviamente como disuasión, pero la piedra fundacional es el quitar todos los beneficios de venir acá ilegalmente, no aumentarlos como lo quieren hacer los narcisos. DUH…

Todo el resto es paja molida.