El cronograma para modificar la Constitución -anunciado por la presidenta Bachelet el martes en cadena nacional- no fue una noticia bien recibida por los dirigentes empresariales, quienes coincidieron ayer en que dilatar el proceso incrementará la incertidumbre existente actualmente en el país, lo que a su vez no ayudará a componer el deteriorado clima de confianza local.
Uno de los más duros en sus comentarios fue el actual presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), Segismundo Schulin-Zeuthen, quien ayer manifestó su malestar ante el anuncio de la presidenta, señalando que “desgraciadamente vamos a mantener la incertidumbre por otros tres años”.
“El escenario ya está complicado y lo que de alguna manera le están pidiendo a los distintos actores del sistema es retomar las confianzas y creo que esto, en definitiva, no va en ese sentido”, agregó el ex presidente de BancoEstado.
Una opinión similar entregó el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, a quien le preocupa que se dilate la incertidumbre respecto a un tema tan trascendental, ya que se habla de iniciar un nuevo proceso constituyente “pero no se precisa qué contenidos se está pensando en incorporar”.
El sector empresarial resintió especialmente que el anuncio no haya clarificado los aspectos de fondo que se buscan modificar dentro de la Carta Fundamental, dejando un proceso “muy amplio”, como acotó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, agregando que “cuando las cosas quedan tan amplias, las expectativas también son amplias”.
El problema de esto, según el titular del comercio, es que cuando las expectativas no se acotan “muchas veces no se pueden cumplir”.
“Eso me preocupa porque genera nuevamente un período incluso más largo de incertidumbre”, sostuvo.
Una visión menos pesimista entregó el presidente de SalmonChile, Felipe Sandoval, quien a título personal valoró que por lo menos se haya clarificado el tema.
“Se aclara el panorama, ya sabemos que estos cambios se harán dentro de la institucionalidad y que hay una fecha, esas son un par de certezas importantes”, aseguró.
Confianzas e impacto en inversión
Para el empresariado, el contexto actual no es el adecuado para realizar cambios a la Carta Magna, a la par de otras importantes reformas -como la laboral- y con las confianzas aún en terreno negativo.
Así, el titular de la SNA planteó que habría sido pertinente postergar este proceso, ya que en el actual escenario “solo puede influir negativamente sobre el clima de negocios y las decisiones de inversión, que ya se han visto muy perjudicadas por las otras reformas que se han promovido”.
La visión es compartida por el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Jorge Mas, quien subrayó que la reforma constitucional “no es una prioridad para los chilenos”.
Para el dirigente, hoy los esfuerzos de todos debieran estar orientados en reactivar la economía, “antes de que los menores niveles de crecimiento se traduzcan en un aumento del desempleo”.
“El debate sobre una reforma constitucional debiera iniciarse en un momento en que existan mayores niveles de confianza, de modo de poder avanzar responsablemente en la elaboración de un proyecto común de sociedad”, complementó el timonel de la construcción.
Desde Londres, el timonel de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas, señaló que su información del tema se limitaba a los titulares de los diarios chilenos.
Sin embargo, consultado ante el impacto de los procesos de reformas y, en especial la constitucional en los inversionistas, el también presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) indicó que mientras no existan modificaciones a la propiedad del agua y de las pertenencias mineras, no debería existir mayor resistencia. Pero si las reformas incluían cambios importantes en estas materias, sí existiría un impacto en la inversión del sector.
VALDÉS: "NO DEBIESE SER UNA AMENAZA PARA NADIE"
Al comentar el anuncio de la Presidenta de la República sobre el inicio del proceso para elaborar una nueva Constitución, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dejó en claro que esto no debe preocupar a las personas.
"Espero que todos tengan las garantías necesarias, este va a ser un proceso ordenado, tenemos un proceso que va a tomar un tiempo primero para que todos sepamos más de lo que se trata esto y por lo tanto no debiese ser una amenaza para nadie", señaló el secretario de Estado.
Consultado por su presentación ante la Cámara de Diputados sobre la situación de Codelco, el jefe de la billetera fiscal dejó en claro que el gobierno siempre estará dispuesto a capitalizar a la cuprífera, siempre y cuando existan las garantías para ello.
"El gobierno corporativo de Codelco es muy robusto, son ellos los que tienen que ir decidiendo de su programa de inversiones, lo que es obvio es que las condiciones actuales de ese programa de inversiones debe ser afinado tanto por razones técnicas como por razones de precios", explicó Valdés.
"El gobierno siempre va a estar disponible a capitalizar Codelco de manera que sus indicadores financieros sean sanos de manera que pueda acceder a endeudarse para poder financiar parte de estos proyectos", agregó el ex presidente de BancoEstado.
Finalmente, el ministro de Hacienda afirmó que "cuando haya más noticias las vamos a dar a conocer, pero en ningún caso queremos dejar de hacer proyectos que son buenos para Chile en el mediano plazo".
ECONOMISTAS VEN NECESIDAD DE ACLARAR TEMA DE DERECHO DE PROPIEDAD
Por Sebastián Valdenegro
El anuncio de la presidenta Bachelet de iniciar en los próximos días el proceso para cambiar la Constitución, lo que desembocará en el envío de proyectos de ley en 2016 y 2017, no dejó a todos contentos, especialmente a los economistas, quienes esperaban anuncios concretos para reducir la incertidumbre en el sector privado, como explicitar que no se tocará el derecho a la propiedad o desechar la posibilidad de una asamblea constituyente.
Para el gerente general de Octogone Chile, Manuel Bengolea, la jefa de Estado despejó "cómo" se realizará el proceso, no así el "qué" se quiere modificar, lo que tendrá incidencias "relevantes" en la actividad del sector privado.
"No es bueno chutear problemas que generan incertidumbre en el sector privado. La incertidumbre hay que matarla para que tenga un impacto positivo en la inversión", dice.
Punto en el que coincide la economista de Libertad y Desarrollo, Cecilia Cifuentes: "Aquí se está abriendo un proceso de discusión bien largo. Eso, desde el punto de vista del crecimiento económico, es mantener la incertidumbre. Uno hubiera esperado anuncios más concretos para reducir la incertidumbre".
El economista de la Universidad Gabriela Mistral, Erik Haindl, advierte que el anuncio constituyente es un "golpe auto infringido" a las expectativas del sector empresarial. "En la medida que se abren nuevos flancos de discusión, se incrementa la incertidumbre e impacta la inversión a futuro. Esto refuerza la caída de la inversión y le da otro shock negativo a la economía".
Alejandro Alarcón, de la Universidad de Chile, señala que la posibilidad de que se cambien las reglas del juego en la discusión constitucional es lo que "más preocupa" al sector privado, algo que no se despeja con el cronograma planteado por Bachelet. "El tema del derecho de propiedad quedó postergado para una discusión futura, quedó abierto. Los países que deterioran los derechos de propiedad son los que finalmente terminan con crisis severas de financiamiento", expresa.
Menos pesimista es el profesor de la Universidad de Chile, Ricardo Ffrench-Davis: "Yo esperaría que el anuncio ayude a dilucidar la incertidumbre. Se han despejado algunas de las dudas y eso es positivo. La solución no es postergar las cosas".
No siendo un especialista en derecho constitucional, es difícil saber cuales son las implicancias de un cambio completo. Implica modificaciones sustanciales a los derechos básicos expresados en la constitución, o solo una validación de lo que existe, más pequeños cambios para simplemente variar el nombre de la constitución y quitarle el sello del gobierno militar.
Una constitución debería ser una de derecho a libertades individuales bácias y restricción del gobierno respecto de intervenir en ellas de manera positiva, esto es, recae en el gobierno demostrar que se ha violado una ley, y no al revés, que recaiga en el ciudadano demostrar que no lo ha hecho. O inocente hasta que se demuestre lo contrario, versus el que nada ha hecho no tiene nada que ocultar, y si lo hace, se presume culpabilidad. Así como también el derecho a conocer y entender positivamente todas las leyes por las que se es procesado o castigado, previo a su violación. Lo contrario significa caer lentamente en un estado totalitario.
En realidad esto genera una incertidumbre respecto de lo que va a resultar. Pero también es un derecho de la ciudadanía de cada generación el validar o no lo que la anterior dejó como herencia de marco legal.
No es un tema fácil de tratar sin duda. La preocupación e incertidumbre es que para algo tan importante se haga un ejercicio similar al mega desastre de desorganización e improvisación del resto de reformas.
Si se convocan desde todos los sectores a expertos constitucionales a una discusión abierta respecto de los derechos y libertades a garantizar junto con el marco legal necesario, y que esto sea debatido de manera pública y abierta ojalá en medios de comunicación masivos y en horarios prime, puede ser una oportunidad única de transformar a los ciudadanos chileno en reales participantes democráticos, al entender de que se trata el marco legal y jurídico en el cual nos movemos. No sería una mala cosa, sin duda.
Esperemos que este sea el camino elegido.
