Bachelet sube tono y critica “uso de cargos públicos para obtener ventajas personales”

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Sin aludir a ningún hecho en particular, pero con un crítico diagnóstico frente a los casos conocidos en el país en el ámbito de la política, y que a su jucio no sólo "han generado una fundada preocupación y malestar en la ciudadanía", sino que también han sido "dolorosos para aquellos que anhelamos un país equitativo y sin privilegios", la presidenta Michelle Bachelet presentó ayer a los 15 miembros que integrarán el "Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y la corrupción".

En una puesta en escena que contó con la presencia de todo su gabinete, además de los ex presidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, y buena parte de la dirigencia política tanto del oficialismo como de la oposición, la mandataria endureció el tono de sus cuestionamientos frente a los escándalos registrados en el último tiempo, incluida la polémica que protagonizó su hijo, Sebastián Dávalos.

"Son casos que se han llevado al margen de la ética o de la prudencia, y en algunos casos derechamente al margen de la Ley. En ellos se han visto involucrados empresas, partidos políticos, dirigentes y también servidores públicos", dijo.

Enfatizando que "hemos visto como algunos usan el poder de su dinero para influir las decisiones de la democracia, es decir para influir las decisiones que nos afectan a todos. Y hemos visto también como algunos usan la influencia que otorgan los cargos democráticos y públicos, es decir los cargos que están para servir a todos los ciudadanos y ciudadanas, para obtener ventajas personales".

En este cuadro, dijo que lo que se requieren son "soluciones institucionales", advirtiendo que "está en juego la democracia, pues su fortaleza descansa en la confianza de los ciudadanos", "la legítimidad de lo negocios y del mercado" y "el rol del Estado que depende de la imparcialidad de los servidores públicos", la jefa de Estado reiteró que impulsará medidas institucionales que regulen de manera "estricta y eficaz la relaciones entre el dinero y la política".

En ese sentido Bachelet sostuvo que "no se trata de restituir las confianzas en beneficio de algún actor particular, de mí, del Gobierno o de los empresarios. Esto es una necesidad del país, de la salud de la democracia que todos necesitamos para vivir.

El mandato
El Consejo, desempeñará sus funciones en el Palacio de La Moneda y contará con un plazo de 45 días para generar una propuesta. Al respecto la mandataria recalcó la necesidad de darle urgencia a los cambios que se requieren.

Sobre algunas decisiones inmediatas, que no pasarán por la labor del organismo consultivo, la Presidenta anunció que le encomendó a sus ministros del comité político elaborar un proyecto de reforma constitucional que establezca sanciones, incluso la pérdida del cargo, a quienes hayan accedido a puestos de representación popular mediante prácticas ilícitas.

También, mandató al ministro de Hacienda Alberto Arenas, que actualice las normas en materia del buen uso de recursos fiscales y que imparta las instrucciones para su estricto cumplimiento.

Asimismo Bachelet comunicó "algo que me compete en los personal", dijo, anunciando que instruyó para que a la brevedad se impartan medidas administrativas para que se extienda el ámbito de aplicación, se hagan de manera detallada, periódica y de por vida las declaraciones de interés y patrimonio de los altos funcionarios públicos y ex presidentes, "partiendo por mí".

Así la Presidenta enfatizó que el Consejo debe "elaborar un estricto código de prácticas y criterios éticos que oriente las decisiones en el ámbito de la política, los negocios y el servicio público, más allá de las tipificaciones y sanciones legales", recalcó.

También, especificó que el consejo podrá proponer indicaciones a los actuales proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso, como el de financiamiento de las campañas, que ayer fue aprobado en general por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Y junto con invitar al país "reconstruir las confianzas y dignificar la política", subrayando que "no es el momento de los cálculos pequeños", Bachelet finalizó pidiendo el apoyo transversal a esta iniciativa.

los 15 escogidos para integrar la instancia

Eduardo Engel Goetz (presidente del Consejo)
Ingeniero civil y docente de la U. de Chile y profesor visitante de Yale University, EEUU

Rossana Costa Costa
Ingeniera comercial y ex directora de la Dipres (en gobierno de presidente Piñera)

Benito Baranda Ferrán
Psicólogo y fundador y director internacional de América Solidaria

Vittorio Corbo Lioi
Economista y ex presidente del Banco Central entre 2003 y 2007

Álvaro Castañón Cuevas
Abogado y coordinador legislativo de Fundación Ciudadano Inteligente

Alfredo Etcheberry Orthusteguy
Abogado de la Universidad de Chile

Olga Feliú Segovia
Presidenta del Colegio de Abogados

Claudio Fuentes Saavedra
Cientista político y director de la escuela de Ciencias Políticas de la UDP

José Andrés Murillo Urrutia
Cientista político y presidente de la Fundación para la Confianza

Andrea Repetto Lisboa
Economista y parte del directorio de Fundación para la Superación de la Pobreza

Manuel Antonio Riesco Larraín
Ingeniero civil y vicepresidente de Cenda

Marcela Ríos Tobar
Cientista político y directora del programa de Gobernabilidad del PNUD en Chile

Lucas Sierra Iribarren
Abogado y subdirector del CEP

Agustín Squella Narducci
Abogado y Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades (2009)

Paulina Veloso Valenzuela
Abogada y ex ministra de la Segpres

Daniel Zovatto Garetto
Abogado y ex director del centro de asesoría y promoción electoral del Instituto Interamericano de DD.HH.

Es virtualmente imposible evitar o esperar que no sean usadas posiciones de poder o influencia para obtener beneficios personales, particularmente con el tipo de gente que accede o le interesa este tipo de cargos.

Y esto se agrava cuando el estado pretende controlar la economía y quiere iniciar sus propios negocios o inversiones, lo que es terreno fértil para la corrupción y el uso de influencias para obtener los contratos.

La única manera práctica de evitar o minimizar la corrupción es primero hacer pública y liviana la postulación a contratos de gobierno o ventas a este, y segundo que los compradores y quienes adjudican las compras o ejecución de los gastos sean extremadamente vigilados y supervisados y dependan de un ente independiente a los poderes del estado.

El secreto de la corrupción está en quien define a quien se le compra o ejecuta un gasto. Este es el personaje que es “mojado” para beneficiar a uno u otro o evitar que alguien nuevo entre. Esto es así en todos lados, no solo en países emergentes, también en desarrollados.

Por algún motivo nadie se fija en esto al momento de combatir la corrupción. No es el origen, pero es la aduana.

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