La rapidez para incautar dinero y pruebas fueron las claves que permitieron investigar las otras tres estafas masivas que en los últimos años remecieron al mercado local, coincidieron los fiscales que lideraron los bullados casos de “Los quesitos mágicos”, “Los Queñes Hippocapital” y “La Polar”.
Ante las bajas penas existentes para el delito de estafa y las dificultades para probar que hubo un engaño para producir el timo, los fiscales relataron que debieron actuar con máxima celeridad, incluso para evitar que los culpables huyeran del país o destruyeran las pruebas. Todos, además, debieron armar equipos multidisciplinarios o solicitar informes a entidades externas para mejorar la comprensión de los casos. Así, en dos de estos tres casos consiguieron restituciones a las víctimas y, en todos, sus cabecillas cayeron en prisión. En La Polar no se buscó un reintegro.
En Chile, las estafas arriesgan penas de multas y cárcel desde tres años y un día, pero escasamente mucho más. Se trata, además de un delito difícil de probar, porque es necesario acreditar que hubo un engaño previo. En Estados Unidos, por ejemplo, donde Bernard Madoff mantuvo un fraude piramidal que se extendió por cuatro décadas, recibió una condena de 156 años de cárcel.
¿La principal dificultad de estas investigaciones? Conseguir la colaboración de los inculpados, coinciden los investigadores. Y el primer problema: la masividad. Miles de personas de distintas procedencias e intereses pidiendo las penas del infierno para quienes se aprovecharon de su interés por obtener ganancias importantes y rápidas.
Según relatan los fiscales, en todos estos casos se formaron equipos especiales para investigar y, como regla general, una vez acorralados, los inculpados terminaron colaborando. En estos tres casos, eso sí, el final fue más o menos feliz, ya que parte de lo defraudado se recuperó y en todos, tras la arista penal, se abrió la civil. Sólo en el caso de La Polar, la fiscalía optó por no perseguir el delito de estafa, porque los antecedentes no habrían bastado para perseguirlo. Sin embargo, las AFP están apelando por considerar que sí existían los méritos.
Y es que una característica de estos timos es que van dirigidos al público general, como lo demostró el caso de la estafa piramidal de AC Inversions, que actualmente investiga el Ministerio Público. Esta semana, el controlador de esa firma, Patricio Santos Hernández, quien se encuentra en prisión preventiva, fue interrogado en la Fiscalía de Alta Complejidad.
“Quesitos”: el depósito a plazo que salvó a las víctimas
Es una de las estafas más recordadas. La primera masiva que recibió el Ministerio Público. Todo partió con una denuncia en abril de 2006. “Solicité expresamente que se hicieran las primeras indagaciones sin que los imputados tuvieran noticia. Esto tenía el doble objetivo de determinar si estábamos frente a una actividad ilícita y, previendo que lo fuera, no dar una alarma que permitiera la huida de los responsables o el retiro de los dineros”, rememora el fiscal Víctor Vidal, quien lideró la causa.
Añade que cuando encontraron denuncias similares en Perú, inexistencia de exportaciones y la visita de la francesa Gilberte van Erpe, alias Madame Gil, a Chile tomaron la decisión estratégica de incautar los dineros de la compañía y ponerlos en un depósito a plazo. En total fueron $ 2.300 millones, que terminaron transformados en $ 2.600 millones tras dos años de investigación. “El tribunal aceptó nuestra teoría”, cuenta Vidal.
Nunca antes una plata requisada había sido puesta en el banco a ganar intereses mientras se desarrollaba una investigación. Optaron por depósitos a plazo por su seguridad. Ello permitió que al final los afectados pudieran recuperar el 60% de sus recursos. Y, según Vidal, la estafa no permitió a sus autores ganar dinero, ya que parte importante se gastó en mantener la empresa de fachada.
Cuando se intervino la firma, el número de afectados ascendía a más de 400, pero en poco tiempo se acreditó que 4.000 personas entregaron entre $ 250 mil y $ 50 millones, hasta alcanzar un monto defraudado que alcanzó los $ 5 mil millones.
Vidal cuenta que como la estafa era tan masiva y se extendía por casi todo el país, las fiscalías locales recibieron un formato tipo para estampar denuncias y hubo que contratar personal especializado: entre contadores, digitadores y policías sumaron 10 personas: “Era una miniempresa investigativa”, añade.
La investigación arrojó que desde 2005 hasta julio de 2006, Víctor Mella y Fernando Jara utilizaron la sociedad Fermex Chile, de la que eran sus únicos socios, para ofrecer un supuesto negocio consistente en producir un insumo lácteo para ser exportado a Francia. La gente fabricaba unos “quesitos” que finalmente terminaban tirados en una bodega.
Incluso, realizaban eventos para captar más clientes y pagaban comisiones a quienes conseguían nuevos partícipes del negocio.
Junto con el delito de estafa, los imputados fueron procesados por asociación ilícita y, además de la devolución de los dineros, el Ministerio Público consiguió una pena de seis años de libertad vigilada, además de los dos años que pasaron en presidio. Incluso, terminaron colaborando con la justicia francesa, ya que el delito fue ideado por la ciudadana de ese país Gilberte van Erpe, alias Madame Gil, quien no pudo ser juzgada ni extraditada en Chile. No obstante, logró ser capturada, juzgada y condenada el año pasado en el país galo a seis años de cárcel. Hace dos semanas, la justicia de aquel país determinó una indemnización equivalente a un euro para los 700 afectados que decidieron demandar civilmente a Madame Gil en la justicia francesa.
Las casas de vuelta en Eurolatina II
Aún no se apagaba el recuerdo de la estafa de Eurolatina, la financiera de los hermanos Marcos y Pedro Elgueta, que llevó a cientos de personas a perder sus casas, cuando la mujer del primero, Isabel Urra, y la cuñada de ambos, Pamela Olivares, ya habían formado Los Queñes-Hippocapital, una empresa similar con el mismo modus operandi: ofrecer créditos a personas sin acceso a la banca con una tasa de interés mayor a la permitida y condiciones de pago tan exigentes que sus clientes siempre terminaban perdiendo sus hogares.
“Al percatarnos de que era la misma modalidad que en Eurolatina intensificamos las diligencias”, cuenta Tania Sironvalle, la fiscal a cargo del caso. La investigación partió en mayo de 2013 con ocho denuncias. “Tras chequear los testimonios de estas primeras víctimas encontramos que había elementos que podrían configurar el delito de estafa”, explica.
Y aunque en un principio las pruebas eran escasas, los testimonios fueron claves. Y una foto aceleró las indagaciones. Sironvalle sospechaba de que se trataba de lo mismo que Eurolatina y enseñó a las víctimas un retrato de Marco Elgueta: fue reconocido como Exequiel Andrade, quien operaba como gerente comercial de Los Queñes-Hippocapital.
En sus testimonios, las personas relataron que una vez conseguidos los préstamos con garantía hipotecaria, se les descontaba un 20% por gastos de todo tipo y que en caso de un simple retraso en sus pagos, les embargaban las casas.
Entremedio, los hermanos Elgueta estaban siendo juzgados por la estafa de Eurolatina. “Sólo con estas ocho primeras víctimas tuvimos que actuar muy rápidamente y solicitamos al 7° Juzgado las órdenes de detención de Marco Elgueta Cárcamo, Isabel Urra y Pamela Olivares y el allanamiento de su vivienda y oficina comercial”.
Inmediatamente incautaron pagarés, documentos. “La velocidad fue clave. Lo que nos preocupaba era la fuga”, añade la fiscal. Cuando allanaron las oficinas y casas se encontraron con que no había información. Ni plata. Tras aparecer el caso en la prensa, el número de víctima saltó a más de 200.
Ante la masividad del caso, se formó un equipo especial, constituido hasta por policías antinarcóticos que buscaron pruebas en patios, entretechos y muros. Nada. La estafa se calculó en $ 2.500 millones.
Al final, como las víctimas querían sus casas de vuelta, la fiscalía y la defensa de los imputados acordaron un juicio abreviado y la suspensión condicional del proceso, exigiendo que se alzaran todas las hipotecas vigentes. Hace dos semanas, las víctimas recibieron sus casas de vuelta. “Este acuerdo asegura la condena de los principales responsables de las estafas y usuras asociadas a Los Queñes-Hippocapital, que son Marcos y Pedro Elgueta, y por otro lado, permite obtener de manera inmediata la recuperación de los inmuebles de 168 víctimas de esta financiera”, dice Sironvalle.
Los Elgueta obtuvieron una condena de tres años por estafa reiterada y usura. Se suspendió condicionalmente a sus cónyuges y a un empleado.
Las complejidades de La Polar
La Polar estaba considerada como una empresa de éxito, y su presidente, Pablo Alcalde, era admirado y respetado en el mundo em- presarial. Hasta que el castillo de naipes se vino abajo de un plumazo cuando, en julio de 2011, la compañía reconoció ante la SVS que venía realizando repactaciones indebidas, por lo que sus resultados eran diferentes de lo informado. No tardaría en conocerse que las cuentas publicadas por la firma eran falsas.
El fiscal José Morales tomó el caso. “La diferencia con otras estafas es que los querellantes eran de diferente naturaleza, desde accionistas minoritarios hasta grandes instituciones. Lo complejo era compatibilizar todos esos intereses”, dice, y cuenta que los correos electrónicos entre los altos ejecutivos fueron claves para establecer que existía una doble contabilidad organizada a través de un complejo sistema que permitió enmascarar las pérdidas de la firma durante años.
Considerado el mayor escándalo empresarial de las últimas décadas, llegó a haber más de 600 querellantes. Y otra vez la rapidez fue clave: “En los primeros cinco días la fiscalía ya tenía incautado el 80% de las pruebas del caso”, dice Morales, y explica que en su propia cartera, la gerenta corporativa de Administración, María Isabel Farah, portaba los discos duros con los correos electrónicos que después sirvieron de prueba.
A diferencia de los “quesitos” y Eurolatina II, este caso empezó a ser investigado por varios delitos, que después se fueron desestimando. Morales explica que se hizo una planificación en términos de que la investigación fuera abordable con los antecedentes que había y añade que, por ejemplo, “una decisión importante fue la de decidir si se perseguía o no la responsabilidad de los directores”. Fue un caso acotado. “Se persiguió y condenó al presidente y a la plana gerencial, y desde ese punto de vista fue satisfactorio”, añade.
Estuvieron meses revisando correos electrónicos, analizando documentos y tomando declaraciones. El caso llegó a contener más de 50 tomos y, según el fiscal, fue clave la ayuda de la misma empresa y su decisión de compensar a los clientes a través de un acuerdo con el Servicio Nacional del Consumidor. “Para nosotros siempre las verdaderas y reales víctimas fueron los accionistas minoritarios”, dice Morales.
El caso también demandó expertos, pero el costo de los peritajes mayores que realizaron las universidades Católica de Valparaíso y de Chile lo asumieron los privados y no la fiscalía.
El caso terminó en un juicio abreviado, donde Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno fueron condenados a cinco años de presidio y al pago de millonarias sumas de dinero, quienes recibieron el beneficio de la libertad vigilada.
Morales destaca que se trata de la primera condena por lavado de dinero proveniente de delitos contemplados por la Ley de Mercado de Valores. Asimismo, se trata de la primera condena por los delitos de declaración maliciosamente falsa (Ley de Mercado de Valores) y declaración maliciosamente falsa sobre la conformación del capital de una empresa (Ley General de Bancos).
En las apelaciones vigentes se está persiguiendo por estafa. “Estoy seguro de que cualquier otra forma hubiese significado una pérdida de recursos”, sostiene el fiscal.
En términos generales, si no existe una cuenta segregada por cliente donde se pueda seguir transparentemente el desempeño de las inversiones individualmente por operación, y con la posibilidad de recuperar la totalidad del capital en cualquier momento sujeto a la liquidación de posiciones y tiempos de transferencias, que también deberían estar en el contrato, se debe presumir estafa. Si las leyes aplicables a las inversiones no son las chilenas, sino las de algún paraíso fiscal no regulado en instrumentos de riesgo, aún cuando exista la condición de segregación, se presume algo raro con tendencia hacia la estafa.
Si los intereses ofrecidos son lineales y no compuestos, es de seguro una estafa piramidal, salvo que estemos hablando de bonos corporativos, o de gobierno, que también son una estafa por cierto, pero a muy largo plazo, dado que nunca es la intención del gobierno el pagar sus deudas, solo rolearlas en el tiempo, pero ese es otro tema.
Regular las estafas relacionadas a intereses abusivos es bastante más sencillo, sobre todo cuando está asociado a garantías de activos como casas o propiedades. Se presume robo y por lo tanto quienes adquieran casas que han sido traspasadas bajo esas condiciones son reductores y por lo tanto penalizables con cárcel. Se elimina el incentivo de estas estafas que es generar liquidez rápido con la venta de las garantías. Tampoco es válido que se le perdone a la gente la deuda que contrajeron ya que usfructuaron de un capital, aún en condiciones usureras. Lo que habría que hacer es descontar del capital adeudado los intereses abusivos, y el saldo efectivamente restaría por pagarlo.
En realidad, siempre hay que aplicar la simple regla de la abuela. Si es demasiado bueno para ser cierto, no lo es.
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