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Fue la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, una de las que planteó ayer el tema durante la reunión entre los dirigentes de la Nueva Mayoría y los ministros del comité político.
Según los asistentes, la senadora consultó la posibilidad de profundizar y ampliar los alcances de la ley de fideicomiso ciego promulgada en 2016 por el gobierno de Michelle Bachelet.
El objetivo es, entre otras cosas, agregar a esa normativa la obligación de incluir las sociedades de inversión que puedan estar ligadas a una autoridad -por ejemplo, a través de familiares- e incorporar, además, las inversiones en el extranjero, ya que la ley sólo contempla los activos en territorio nacional.
El tema se produce en medio de la definición que debe adoptar el ex Presidente Sebastián Piñera sobre incluir sus inversiones en un fideicomiso antes de oficializar su candidatura a La Moneda, asunto que abrió una discusión en Chile Vamos sobre la pertinencia de incorporar en ese mandato de administración el patrimonio de su familia. Todo esto, luego de los cuestionamientos que ha recibido por los casos Exalmar y Minera Dominga, lo que provocó que el oficialismo activara una ofensiva en la Cámara de Diputados para ampliar el actual trabajo de la comisión investigadora sobre Bancard.
En este contexto, una vez finalizada la reunión entre la Nueva Mayoría y los ministros del comité político, Allende exteriorizó su planteamiento. Al ser consultada por la decisión que debe adoptar Piñera en esta materia, la senadora dijo que “nosotros debiéramos, de una vez por todas, revisar el tema de las sociedades de inversiones, y no sólo en Chile, sino que también afuera”. Y agregó: “Lo mejor que podemos hacer es un acuerdo político. Yo espero que lo integremos todos, para (…) ser claritos de aquí para adelante”. Así, sostuvo que “se puede abordar en una modificación a la ley de fideicomiso, porque es importante para el país que tengamos la máxima transparencia”.
En la misma línea, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, comentó que Piñera debiera incorporar “absolutamente todo” en un eventual fideicomiso ciego. Esto, agregó, “aunque no esté legislado (sobre inversiones en el extranjero), porque sino no es fideicomiso”.
Consultado sobre si eso implicará modificar la normativa actual, el diputado dijo que “yo creo que sí, que se va a discutir la ley, y hay que discutirla”.
Quienes participaron del encuentro del comité político dicen que los ministros plantearon la posibilidad de acceder a esa petición, aunque también abordaron otra iniciativa: aquella que busca regular los conflictos de interés, que fue ingresada por el Ejecutivo, pero que aún no ha avanzado en su tramitación.
Al respecto, el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, comentó que “hay un proyecto de ley que presentó Bachelet, que hace que todos los funcionarios públicos tengan que aclarar sus bienes e intereses, independiente de si lo tengan en forma personal, en una empresa, un depósito, sociedad con sus parientes o esté a nombre de los parientes”. Y agregó: “Lo que ocurrió hoy con el debate de Bancard es que, justamente, no estaba bajo la tuición de un ex presidente, sino que finalmente lo maneja la familia, que es lo mismo y que permite que él conozca información y tome una decisión, por lo que hay que ampliar el ámbito”.
Según explicó, “este proyecto se hace cargo de las deficiencias del fideicomiso ciego y se hace cargo de que los funcionarios públicos, a través de empresas relacionadas o parientes, puedan mantener inversiones de alta envergadura”. Y detalló que “la ministra Narváez dijo que al proyecto se le va a dar prioridad para que salga lo antes posible y se le va a dar mayor urgencia”.
La verdad es que no puedes en realidad obligar a alguien a dejar sus activos durante 4 años sin supervisión directa. No es el espíritu de un fideicomiso. El espíritu de esto es que no exista conflicto de intereses entre el cargo y las decisiones que se toman. Esto es, recibir “donaciones” a cambio de favores políticos, o generar ganancias en base a inversiones realizadas con información privilegiada. Y por información privilegiada se entiende aquella que tiene o tendrá un impacto directo en el negocio o actividad y que no es pública.
Es difícil regular esto, ya que para todos los efectos prácticos, todos los que llegan al gobierno están ahí por una sola razón. Para generar ingresos para si mismos. Lo del servicio público es un cuento infantil para la plebe. La única forma de minimizar esto es que lleguen políticos que no necesiten dinero porque ya lo tienen en cantidades. Y limitar a uno o dos periodos como máximo el estar empleados por el estado en cualquier forma en cargos de representación.
Si realmente se quisiera hacer un fideicomiso comprometido, y realmente creen que con sus servicios y reglamentaciones van a beneficiar al país, obligaría a todos los honorables a que todas sus inversiones vayan obligatoriamente a un fondo ETF o estructurado de manera similar para los funcionarios de gobierno electos basados en el IPSA, IGPA o similar indexado a la economía chilena como un todo.
Si les va bien, al país le van bien. No sería maravilloso.
