Revisión de derechos de propiedad ¿Más que fantasmas?

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@latercera

Mío, tuyo Nuestro? Es la pregunta que aún ronda en el sector privado respecto a la revisión de los derechos de propiedad esbozados en el programa de gobierno de Michelle Bachelet, y que han sido relevados por las autoridades en las últimas semanas.

Si a principios de junio se encendieron las alarmas al interior de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), luego que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aludiera a este tema en una cena con los privados y pusiera el acento en el bien común, ayer tanto él como su par de Interior, Jorge Burgos, trataron de calmar los ánimos de la audiencia empresarial, que se dio cita en Icare bajo el lema: “Lo político y lo económico”.

Tras calificar la Constitución vigente como “eficaz”, y mencionar sus bondades, Burgos dijo que se enfrenta la paradoja de que carece del aprecio que las cartas fundamentales necesitan para continuar asegurando que se resuelvan los conflictos conforme a ella.

Por ello, precisó, “la providencia demanda que entremos en un proceso constituyente, así como la prudencia debe guiar ese proceso”. Prudencia, uno de los términos valorados por los privados tras el encuentro.

Burgos, manifestó tener la “certeza”  de que el pueblo de Chile, convocado a deliberar (en una asamblea constituyente), “no despreciará los beneficios de un sistema que protege la propiedad privada, así como estoy cierto, defenderá nuestro régimen de libertades”.

Aunque no formó parte de su discurso sí fue una respuesta obligada. Tras la alocución del presidente de Icare Guillermo Tagle, el ministro Valdés se explayó sobre los derechos de propiedad. “No concibo una economía moderna de mercado, sin derechos de propiedad, claros, estables. Eso es consustancial a lo que es una economía moderna y, por lo tanto, como una primera línea, los derechos de propiedad son fundamentales”, destacó en su respuesta que en una primera lectura dejó satisfechos a los presentes.

Y Valdés continuó: “Tenemos que tener la seguridad de que los chilenos no van a arriesgar cuestiones básicas que son justamente en que para que funcione la economía, requerimos derechos de propiedad claros”.

Las dudas

Pero si los presentes salieron con una sensación de menor nerviosismo, al interior de los gremios están lejos de bajar la guardia. Primero, porque no les quedaron tan claros los mensajes y segundo, porque sienten que siguen siendo tan ambiguos como en el programa.

¿Cuáles son los aspectos que inquietan de la carta Gantt del gobierno? Frases como que la propiedad “obliga y que su uso debe servir al bien común”; que la nueva Constitución debe reconocer el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico; que el  Estado tiene derecho a regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente minerales; que las aguas se declaren como bienes naturales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares. Por último se delega en el legislador la regulación del procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio, extinción de los derechos que se reconozcan a particulares sobre las aguas.

En este escenario abierto, tanto en la Sofofa como en la CPC están evaluando los pasos a seguir. De hecho, se espera que en el próximo comité ejecutivo de la Confederación los gremios decidan si cada uno evaluará los alcances de los cambios que se vienen por separado, o la entidad en su conjunto contratará a juristas para determinar su futura actuación. Están claros que en el debate que se abre no pueden quedar atrás.

No son los únicos actores. De hecho, ya se está moviendo un conjunto de think thank, liderados por el Centro de Estudios Públicos para construir en base a distintas visiones  propuestas constitucionales concretas y específicas. Algo similar a lo ya esbozado en el libro “Diálogos constitucionales”, elaborado el año pasado.

En lo inmediato, el PS ayer presentó su propuesta constitucional, que en el ámbito de derecho de propiedad, a grandes rasgos mantiene lo que hay ahora, de acuerdo al diputado Marcelo Shilling, y se recalca que la propiedad privada debe servir al bien común.     

Como sea, las partes coinciden en que el debate será de larga de data y llegará hasta la próxima legislatura, con nuevo gobierno y parlamento.

Que siquiera se discuta el alcance de los derecho de propiedad privados ya debería ser muy cuestionado.

El derecho y la libertad de hacer lo que a uno le de la regalada gana con su propiedad privada es un derecho humano, en la medida en que no afecte la la libertad y derechos de otros.

Que sea discutido que lo que se tiene que hacer con lo que es de uno, dictado por un “bien común” regulado por un gobierno, es en extremo preocupante.

La riqueza de un país es su gente. Y la capacidad de producir riqueza se genera a nivel individual. No colectivamente. Poner en cuestionamiento la propiedad privada en cualquier nivel atenta contra la capacidad de la gente de generar riqueza.

No es un secreto el porqué los inversionistas internacionales se están retirando y los nacionales comenzando a buscar donde refugiarse.

Esta gente de gobierno debe ser lo peor que hemos tenido en democracia en la historia moderna de este país, hands down, como dirían los gringos.

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