Superintendente de Pensiones desestima ante diputados tesis de triangulaciones

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Osvaldo Macías explicó la normativa de inversiones de las AFP y reiteró que no existe la supuesta infracción a la ley de Habitat.

El superintendente de pensiones, Osvaldo Macías expuso antes los diputados de la comisión de Trabajo. Foto: Archivo

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La polémica en torno a la denuncia que hace un par de semanas realizó la empresa Felices y Forrados (FyF), sumó ayer un nuevo capítulo.

El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, fue invitado a la comisión de Trabajo de la Cámara para aclarar las acusaciones de FyF sobre una potencial infracción de parte de la inversión de Habitat en el fondo de Moneda AM, el cual a su vez tiene presencia en Inversiones La Construcción ILC, sociedad que -junto a la estadounidense Prudential- controlan a la citada AFP.

Esta polémica surgió por primera vez en julio del año pasado, cuando se publicó un artículo en El Mostrador al respecto y revivió hace unas semanas en medio de cuestionamientos al retorno de FyF y de una ley para regular a los asesores previsionales.

En 2019, Habitat tenía exposición en ILC a través de cinco vehículos de inversión (ver tabla). Pese a que los porcentajes eran mayores al 0,5% como tope que define la norma en el caso una inversión indirecta, Macías explicó que ellos deben multiplicarse por la participación en el fondo, algo que no se hizo en las declaraciones hechas por FyF.

El superintendente indicó que como ninguna de las inversiones supera el 0,1% del valor del fondo de pensiones que administra la AFP en ILC, no hay inversión significativa indirecta. “La exposición a ILC no debe ser considerada en ninguno de los fondos de Habitat. La administradora no está incumpliendo ninguna reglamentación. Parece que hay gente que se le corrieron los ceros cuando hizo el cálculo”, espetó Macías.

Una inversión indirecta significativa debe cumplir simultáneamente dos requisitos. Primero, que sea superior al 0,5% del valor total de los activos del respectivo vehículo de inversión; y, segundo, que la suma de las inversiones sea superior al 0,1% del valor del fondo de pensiones que administra la AFP.

¿Pero qué pasa hoy? Según el superintendente, sí existe exposición indirecta de Habitat en su relacionado ILC, pero no se considera significativa, “cumpliendo estrictamente con el marco regulatorio vigente”.

De todas formas, detalló que esta regulación fue establecida en la reforma de 2008. “No es que haya pasado y nadie se dio cuenta. Si alguien cree que esto no es lo correcto, siempre es válido de ser discutido”, sostuvo.

Durante la sesión, la presidenta de la comisión, Gael Yeomans (CS) dijo que se oficiará a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con el fin de que informe sobre la cartera de inversiones tanto del fondo Pionero como de Moneda.

En su opinión, la normativa debería ser más transparente y considerar ‘el paquete completo’.

Hacia el final de la sesión, Macías señaló que desde 2017 se está aplicando una matriz de riesgo muy potente para las gestoras con el fin de que gestionen otras exposiciones de su imagen. “Las AFP deben preocuparse, no solo de lo que señala la ley, sino que es muy importante que tomen en cuenta todos los riesgos reputacionales por ejemplo”, dijo.

No habiendo seguido el caso más allá de los titulares y generalidades varias, creo que esto se tiene que ir a la justicia y que haya una decisión legal al respecto CON TODOS LOS ANTECEDENTES Y CIFRAS EN LA MESA. Porque ya no es un caso netamente entre privados. Esto involucra privados y representantes públicos.

En la guerra de trincheras actual, nadie va a quedar conforme con una comisión del congreso que tiene una aprobación de su gestión cercana a cero. Ni hablar del Presidente, con una aprobación de 14%. Y después de ver las deliberaciones de diputados y senadores sobre el 10%, se entiende que así sea. Cualquiera que de un argumento de cualquier lado, especialmente en las RRSS es obliterado por los que piensan diferente a ello en este y otros temas. Y obviamente argumentos twitteros no son válidos en una corte de justicia. Tampoco los reportajes en diarios, por serios que puedan ser o parecer.

Es precisamente para estos casos el que existe el estado de derecho. Para evitar la violencia. Que obviamente siempre es detonada desde las disputas verbales y sigue escalando cuando ya nadie está dispuesto a aceptar una derrota.

Que alguien en las partes implicadas haga una demanda por algún concepto legal que crea se haya quebrantado y que sea el poder judicial el que decida. Me parece que ya existen antecedentes que permiten un juicio o audiencia. Cualquier otra forma de dilucidar esto no va a dejar ni convencido ni satisfecho a nadie. Especialmente en una comisión de una cámara de diputados que tiene algo así como un 3% de aprobación de gestión.

Veremos como sigue, pero definitivamente no va a terminar en una decisión de la cámara, SEA CUAL SEA su resolución. Tiene que ser el poder judicial el que determine si existe o no ilegalidad en esto, que es lo único que se puede demostrar.

Hay que ir cerrando estas cosas. Dejar abiertos estos flancos va generando más resentimiento y división. Y ya tenemos bastante con las cuales lidiar. Imprimir artículo