Avanzan en el Congreso los cambios que promueve el Gobierno a la regla fiscal

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@DF

Por unanimidad se aprobaron ayer los cambios a la Ley de Responsabilidad Fiscal en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Así, la iniciativa presentada por el Gobierno a fines de septiembre -junto a la Ley de Presupuestos recientemente aprobada- supera la primera valla en su tramitación legislativa y avanza a la Sala.

“Quiero agradecer la votación del proyecto”, expresó la directora de Dipres, Cristina Torres, al cierre de la sesión.

Explicó que las modificaciones que propone el Ejecutivo se enmarcan en dar cuenta del compromiso con la regla fiscal consignando la situación actual de las finanzas públicas que ha profundizado su brecha para alcanzar la meta.

Como saldo de la pandemia se proyecta para este año que en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) se registre un déficit fiscal estructural de 11,5% junto a un nivel de deuda bruta de 35%.

De mantenerse el ánimo de consenso que se reflejó entre los parlamentarios que integran la instancia, en la Sala y de replicarse en el Senado, esta sería la normativa que regirá para quien salga electo este 19 de diciembre.

Rayado de cancha

En su intervención, Torres remarcó que los cambios buscan “construir una mejor regla para lo que viene”, por lo que esperan desde el Ejecutivo una pronta tramitación en el Congreso.

La normativa establece que dentro de los 90 días posteriores a la instalación del Gobierno de turno dé a conocer su meta de balance estructural, y agrega que esta debe estar supeditada a la posición financiera neta. Es decir, deberá reflejar la relación entre los activos del Tesoro -que son los de mayor liquidez- menos la deuda bruta.

Bajo esta lógica, la propuesta obliga a los gobiernos a explicitar la real capacidad financiera del Estado para asegurar una regla que, por una parte, reconoce que los activos son fuente de financiamiento en épocas de crisis; y, por otra, que la merma de ellos daña la solvencia del Estado.

En cuanto a las cláusulas de escape, la iniciativa contempla la posibilidad de formalizar un camino para los períodos en que sea necesario desviarse de la meta prevista en la política fiscal. Desde la crisis financiera de 2009 el ajuste ha sido esquivo.

Quien dictará las modificaciones será el Presidente de la República, sólo en el caso de “eventos transitorios” que deterioren “gravemente” el potencial de la actividad económica y el empleo. Además, deberá especificar un plazo máximo por el cual se desviará junto a los detalles de cómo volverá a converger. Al cabo de dos años, tendrá que rendir cuentas ante el Congreso.

Esto debe ser de lo más relevante a nivel de macro economía y confianza país actualmente.

Dicho lo anterior…

La propuesta es colocar un ratio y que el próximo gobierno defina cual es el número que estima conveniente para ese ratio? Al menos eso es lo que se deja entrever. Es decir no colocan una regla fiscal, solo proponen un ratio para que el siguiente gobierno lo haga.

El ratio que colocan (o lo que entiendo) es algo así como activos líquidos versus deuda total. Nunca había visto un ratio como ese en finanzas empresariales, o en realidad nunca lo había usado. No sé que te indica algo como eso. Tal vez es más común en finanzas gubernamentales.

Debería ser activos de corto plazo vs deuda de corto plazo más el tramo de deuda de largo que vence en el corto plazo. Ese es un ratio de liquidez que mide la habilidad de pagar tu deuda dentro del año. O a nivel de gobierno que en realidad nunca pagan las deudas y siempre las rolean, el porcentaje del gasto de gobierno que se espera sea pago de intereses en relación al PIB, más el porcentaje del PIB que representa el costo del gobierno. Cuando el primero supere un 10% y el segundo un 25%, all the bets are off, todos se aprietan el cinturón y comienza a regir el presupuesto balanceado en todas las áreas del estado. Si tu gasto en intereses en una empresa supera el 10% o como mucho hasta el 15% de tu ingreso total es una MUY mala señal de niveles de endeudamiento y calidad de esa deuda y uno diría que estás liquidado. A nivel personal igual. Otra cosa es el pago de deuda total que incluye la amortización del principal y que te permitió comprar activos que generan flujo. Ahí se evalúa con otros ratios pero en general el gasto de gobierno es en consumibles, no en activos que generen flujo. El pago de intereses es simplemente quemar capital y debería restringirse a lo mínimo posible. Y cuando tus gastos en administración general que no son directamente productivas(contadores, finanzas, secretarias, gerentes, servicios generales internos) superan el 25% de los ingresos viene un ajuste, no puedes gastar más de eso en una empresa en algo que no produce directamente en realidad nada y que sería equivalente al gobierno en un país. Típicamente, dependiendo de la empresa, eso debería estar igualmente en 10% a 15% como máximo para una administración ultra eficiente que es lo que se busca. Más administración general es señal de cada vez más burocracia innecesaria.

Como comparación, hoy Chile gasta 28% del PIB en el gobierno. Argentina algo así como 45% y Francia 65%. Estamos en niveles de Irlanda y Taiwán. En el pago de intereses vamos a llegar cerca del 2% del PIB al 2030 si mal no recuerdo, pero proyectados con tasas que ahora ya no tenemos.

Tenemos MUY BUENOS ratios aún en intereses y por ende muy fácil de arruinarlos miserablemente por un par de gobiernos populistas. No tanto en el gasto total de gobierno en relación al PIB.

Eso sería una regla fiscal.

Junto con lo de los impuestos que expiren a los 4 años teniendo mayoría de 2/3 en el parlamento.

Esto más bien parece un saludo a la bandera. Por eso la unanimidad. Da la impresión de que todos son serios aprobando una medida de responsabilidad después de dos años de puro populismo pendejo.

Veremos que sigue en la discusión del tema más relevante para el siguiente periodo a nivel macro país. Imprimir artículo