SANTIAGO.- En enero de este año, el Presidente Sebastián Piñera, por parte del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, recibió más de 50 propuestas para modernizar el mercado laboral entre las cuales están contemplados cambios en la indemnización por años de servicio. La modificación busca desarrollar una alternativa al actual sistema, que significaría un pago para todo evento al empleado desvinculado, incluso cuando la persona haya trabajado menos de un año en la empresa. Con esta modalidad el trabajador recibiría el equivalente a medio sueldo por cada año (actualmente es un sueldo por año pero solo para despido del trabajador por necesidades de la empresa), con un tope de 11 años, según El Mercurio. Gobierno confirma que proyecto de modernización laboral ingresaría a trámite al Congreso en enero. Para financiar la modernización, los empleadores depositarían en una cuenta individual a nombre del trabajador el equivalente a 4,11% de su remuneración bruta mensual, para el seguro de cesantía. El economista David Bravo señaló a Emol que el nuevo enfoque, a diferencia del que entrega las condiciones actuales, "puede representar mejores oportunidades que un beneficio que es usado escasamente y que dista de estar protegido". Lo anterior se debe a que "la gran mayoría de los términos de contrato se producen por renuncias, término del plazo o razones sin derecho a indemnización", agregó el economista. En relación con la entrega de medio salario, el socio del estudio de abogados Uribe, Hübner y Cía., Marcelo Soto, señaló a Emol que la medida "tiene que tener un cierto equilibrio, que no sea un costo excesivo que finalmente afecte al mercado del trabajo, en términos de creación de empleo y de creación de salarios". El académico de la Facultad de Derecho de la USS, Karl Sievers, dijo a Emol que "en ningún caso está contemplado que se pueda despedir a alguien porque simplemente no sirve para lo que está contratada. Entonces, por eso los empleadores siempre están invocando, en esos casos, la causal dirigida a la empresa", como, por ejemplo, necesidad de la compañía. El Gobierno propondría que el nuevo sistema se aplique para los nuevos contratos que se firmen después de la entrada en vigencia de la ley, siempre y cuando exista acuerdo entre ambas partes. En síntesis, si el empleador o el trabajador se oponen, el acuerdo estaría regido por el sistema actual. El complejo panorama político En noviembre del año pasado, ya habían surgido críticas al respecto, por lo mismo, las interrogantes surgieron rápidamente, en torno a las posibilidades que tiene esta normativa, porque el clima político no apuntaría a que sea aprobada. 4,11% porcentaje que tendría que poner el empleador para el trabajador En esta línea, Sievers dijo que "desgraciadamente no creo que salga, porque aquí hay tremendas cuestiones políticas metidas entre medio, soy súper escéptico de que la reforma tenga un buen término". Asimismo, Soto comentó que "este es un tema que atrinchera. Genera una ideologización del debate, entonces claro, hay que ver bien el momento. Hay que ver si es que la oportunidad de agregar otro debate es priorizable". El debate en torno a los temas laborales, según Marcelo Soto, en cuanto a los salarios y del mercado del trabajo, "tiene dos puntos de vistas, un punto de vista al pasado, o al futuro". Ministro del Trabajo descarta planes de "terminar o rebajar la actual indemnización por años de servicio" 139 "El punto de vista del pasado es seguir pensando que cualquier norma inclusiva, que adapte a los trabajadores a sus necesidades directas, es precarizar o si más bien eso es modernizar. Modelo rígido o modelo flexible. El punto de vista mío es que esto moderniza", añadió Soto. En relación con la interrogante de a quiénes beneficia esta nueva medida, los especialistas apuntan a que en gran medida es un avance para las Pymes. La razón de lo anterior es que "todo el mundo piensa, cuando habla en derecho del trabajo, en Walmart, en Cencosud y en grandes empresas, pero la realidad nacional es que el 70% es micro y pequeña empresa, después vienen las medianas y luego, un porcentaje muchísimo menor, es de grandes empresas", comentó Sievers. El costo actual para las Pymes es que "a ese micro y pequeño empresario, si lo hacen pagar 5 o 7 millones de pesos en indemnizaciones, lo quiebras. No tiene como pagar", acotó el abogado.
Esto junto a las pensiones constituye probablemente el único ahorro del 99% de las personas, en caso de tener un tiempo de desempleo.
La pregunta es si este ahorro debería ser de cargo o no del empleador. En este caso, al igual que las pensiones, el sueldo bruto debería considerar un 8% adicional de ahorro por persona en el fondo de cesantía, de manera que si alguien quiere emprender pueda hacerlo con este ahorro. Es un costo adicional del trabajo, pero que va en directo beneficio de las personas y que será colocado íntegramente en la economía en algún momento, a diferencia de los otros impuestos que quedan estancados en las infinitas cañerías estatales.
En la mayoría del mundo occidental el 90% de los trabajadores vive mes a mes, sin ahorros o inversiones. Esto sería un paso gigante en la protección activa de las personas, que en su gran mayoría no van a ahorrar en su vida, menos invertir.
El sistema actual es imperfecto en el entendido que no es óptimo para nadie. Impide la enorme mayoría de los empleadores en el momento de más necesidad reducir su dotación por las consideraciones de costo de indemnización, y a los trabajadores en la búsqueda de nuevas oportunidades.
Pero este es un tema político más que económico.
Como comenté en un anterior post, cuando se trata de los beneficios y condiciones que ya tenemos, todos somos conservadores (derecha). Cuando se trata de lo que tienen otros y queremos, todos somos liberales (izquierda). En este caso, los sindicatos querrán todo, la “seguridad” del trabajo entendido como inamovilidad y la seguridad de la indemnización completa a todo evento, por supuesto de cargo del empleador.
Así es que no creo que prospere en ningún sentido esto.
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