Cruch califica como "imprudente" baja de porcentaje de cobertura de gratuidad en 2016

Compartir

Twittear

 

@latercera

El Ministerio de Educación (Mineduc) reconoció que la decisión de bajar el porcentaje de beneficiados por la gratuidad en 2016, del 60% al 50% de alumnos más vulnerables, e incluir a las universidades privadas que cumplan tres requisitos, se tomó este lunes. La medida beneficiaría a unos cinco planteles privados, además de los 25 del Consejo de Rectores (Cruch), pero implicaría que menos estudiantes de estas últimas instituciones puedan optar a estudiar gratis.

Por esto, entre los rectores del Cruch hay molestia: “La disminución del universo de estudiantes beneficiados debió haberse evitado, pues eso generará más frustración entre ellos y sus familias. Además, expone a las instituciones del Cruch a una mayor incertidumbre sobre los presupuestos de 2016. Por tales razones, estimo que ha sido imprudente reducir la cobertura ya comprometida”, afirmó  a La Tercera el rector de la U. de Valparaíso y vicepresidente del Cruch, Aldo Valle.

En el gobierno, además, reconocen que no saben cuántos planteles podrían ser incluidos en la medida. “La decisión fue tomada ayer (lunes), por lo tanto, antes de poder oficializar cuál es el conjunto de instituciones, tenemos que hacer un chequeo de cuál va a ser la situación”, afirmó el jefe de la División de Educación Superior (Divesup) del Mineduc, Francisco Martínez.

Según explicó, esta división entrega a las autoridades información para la toma de decisiones y  dijo que “ hemos hecho una revisión previa para poder tener una idea y en algunos casos certeza, por ejemplo, de las acreditaciones de las instituciones, pero los otros temas que tienen que ver con los estatutos, la conformación de las instituciones, requiere de una revisión muy detallada para ya finalmente definirlo”.

Lo que sí se tiene estimado en el Mineduc es que se beneficiaría al 20% de la matrícula actual de educación superior, laque llega a un millón 150 mil estudiantes.

La senadora de la UDI e integrante de la Comisión de Educación del Senado, Ena Von Baer, criticó la forma en que se ha manejado desde el gobierno el tema de la gratuidad. “La Presidenta ha incurrido en una improvisación tras otra. Primero, en campaña, se promete gratuidad para todos; después se anuncia sólo para alumnos del Cruch; y ahora, por  presiones, se agrega a algunas privadas”, afirmó.

Para Von Baer “es una falta de respeto para los jóvenes de familias vulnerables que creyeron en la President”.

Aldo Valle, en tanto, planteó que “tal como están expresadas hasta ahora (las exigencias), no permiten saber qué instituciones cumplen con ellas ni a cuántos estudiantes se ampliará el beneficio. Es probable que al excluir el sexto decil sean menos los estudiantes beneficiados y esto constituiría un retroceso”.  

Tres exigencias

Las universidades que quieran optar a ofrecer gratuidad  deben cumplir primero con la exigencia de estar acreditadas por más de cuatro años. Según  la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) son 13 los planteles que pasan el segundo nivel solicitado.

Pero no todas estas instituciones cumplen con el segundo requisito: que ninguno de los miembros de la corporación que controla la universidad tenga fines de lucro. Y el último filtro es la participación en el gobierno universitario, ya sea de estudiantes o funcionarios.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, explicó que “no podíamos avanzar en gratuidad en establecimientos que el día de mañana, una vez aprobada la ley que reforma la educación superior, no estuvieran en directa relación con criterios que aseguren calidad y el no lucro”. Pero estas exigencias no dejan conformes a todos los sectores. Desde las Ues. estatales señalan, mediante una declaración, que “no puede haber extensión de la gratuidad a las instituciones de educación superior  sin un marco regulatorio previo”.

Sobre esto, Aldo Valle enfatizó que “las modificaciones confirman la necesidad  de un marco regulatorio para las instituciones establecido por la ley, que contenga condiciones objetivas y que garantice los fines públicos que en educación superior deben ser financiados con recursos del Estado.  En caso contrario, se termina decidiendo caso a caso y dejando sin efecto expectativas ya creadas”.

Contra el tiempo

En el Mineduc saben que el tiempo corre y que se debe definir durante agosto cuáles instituciones pueden optar a la gratuidad, para que éstas definan si se sumarán y puedan también establecer la oferta de cupos y carreras, lo que se realiza antes de octubre.

También se debe considerar que para los nuevos estudiantes que ingresarán a la educación superior en 2016 se utilizará un nuevo mecanismo para establecer su grado de vulnerabilidad en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social. En esa cartera explicaron que esta semana se terminarán de realizar las coordinaciones con el Mineduc. “Este proceso será consistente con el nuevo sistema de selección de usuarios de beneficios sociales, basado fundamentalmente en datos administrativos”, indicaron en Desarrollo Social.

Recuerdo mi niñez, o más bien juventud, cuando pensaba que los gobiernos, ministros y sus representantes eran extremadamente competentes y que sabían lo que hacían en el mejor interés de la gente y el país.

Que diferencia a lo que pienso hoy.

Esta manga de retardados que no pueden hacer ni una sola cosa bien, improvisando a medida que las encuestas los destruyen dista mucho de aquella imagen.

El nivel de amateurismo en la conducción es lo que tiene a todos con la confianza por el piso.

Eso pasa por intentar hacer muchas cosas a la vez. Finalmente no haces ninguna. Menos cuando lo que quieres hacer son cambios fundamentales a la forma en las cuales se conducen las cosas.

Tal vez si se concentraran en un programa de alto impacto en el bienestar social sin estropear la confianza general, que presumiblemente podría ser la salud, podríamos transitar más tranquilamente estos años.

Políticamente sería un hit. A nadie le importaría que el estado invirtiera en mejores condiciones para los hospitales públicos ni que aumentara el gasto para mejorar la administración y el tiempo de especialistas. Tampoco que invirtiera en establecimientos públicos para hacer deportes, ni que entregara garantías tributarias para los alimentos no procesados. Las Isapres tendrían menos presión, podrían reajustar sus planes a la baja sin afectar la línea final y se vería un ahorro real en el presupuesto familiar.

Sería de alto impacto positivo.

Pero por supuesto eso no va a pasar.

En cambio, van a estar atorados con las infinitas complejidades administrativas de una reforma laboral, educacional y tributaria. Solo por el gusto de complicarse la existencia, y la de todo el resto.

En fin.

Nada que hacer.

Imprimir artículo