Las ruinas de La Moneda aún humeaban cuando, 13 días después del golpe, la Comisión Ortúzar comenzó a diseñar una nueva
Constitución. Y un principio ya estaba claro. “Será menester fortalecer el derecho de propiedad, base esencial de las libertades, ya que el control económico es el medio de ejercer el control político”, reza el acta.
Desde entonces, se entiende que la propiedad es uno de los derechos más absolutos de nuestra legislación. Por eso es tan interesante que en estos días, en distintos temas (agua, pensiones, pesca…), la sacrosanta propiedad vuelva al centro de la discusión.
Y es que en la práctica esta protección es relativa. Relativa, claro, a la posición de sus beneficiarios en la pirámide social. Ya lo dijo el líder de la comisión, Enrique Ortúzar, en la primera sesión, cuando destacó “la necesidad de afianzar el régimen de propiedad en general y, en forma especial, el de la agricultura, industria y minería”.
Como en la sátira de Orwell, algunos son más iguales (más “especiales”) que otros.
Los monopolios de pesca de las grandes empresas, por ejemplo, son absolutos. No importa que, violando los principios más básicos del libre mercado, los hayan obtenido sin licitación ni competencia alguna. Tampoco que los adquirieran sobornando a parlamentarios, como en el caso Corpesca. Su propiedad no se toca.
También los derechos de agua fueron regalados por el Estado a ciertos privados, que ahora los transan en cifras cada vez más suculentas. En portales on line, el litro por segundo ya se vende hasta en $ 70 millones, y subiendo. La demanda aumenta y la oferta, gracias a la sobreexplotación y el cambio climático, baja y baja. Este año por primera vez el Estado debió comprar derechos: $ 66 millones para abastecer de agua potable a 5.200 habitantes de Petorca.
Primera escena: el Estado regala el agua. Segunda escena: el agua se acaba. Tercera escena: el Estado (o sea, la plata de todos nosotros) compra lo que había regalado. Negocio redondo se llama la película.
Pero cuando bajamos en la pirámide social, la propiedad se vuelve más relativa.
Cada día, los pequeños agricultores y crianceros de lugares como Putaendo o Cabildo ven cómo la falta de agua se lleva sus escasas posesiones: muere su ganado, desaparecen sus cultivos. Esta semana, reporteando al interior de Petorca, varios de ellos me contaban cómo se han visto forzados a vender o dejar morir sus animales, y emplearse en las grandes agrícolas que acaparan la escasa agua disponible.
Pasan de propietarios a proletarios.
Lo mismo ocurrió con los mapuches, dueños de extensos territorios de los que fueron despojados por el Estado. Después de todo, como decía El Mercurio en 1859, no eran “más que una horda de fieras que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en bien de la civilización”.
Las tierras que se salvaron del despojo fueron reconocidas por títulos de merced. Pero ni siquiera esas migajas de propiedad se respetaron. En 2003, la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato estableció que el 31,6% de esas tierras se perdieron en las décadas siguientes.
Pensemos ahora en la mayor propiedad de Chile, muy superior al patrimonio de cualquier grupo económico: nuestros fondos previsionales. Por 38 años, el discurso oficial ha sido monolítico: nosotros somos los dueños de esos ahorros. Pero ahora que algunos piden a la justicia acceder a ellos, aparecen los matices. “Los ahorrantes del sistema no son dueños de los dineros acumulados en los fondos, sino sobre cuotas de esos fondos”, advierte Rodrigo Pablo Pérez, profesor de Derecho de la Universidad Católica.
No solo es el límite (razonable) a sacar fondos destinados a la jubilación. También es la negación constante a que los chilenos podamos ejercer el poder asociado a ese dinero, fijando normas de conducta mínimas para las empresas de las que somos parcialmente propietarios, y que hoy pueden usar nuestro dinero para coludirse contra sus clientes, abusar de sus trabajadores y contaminar comunidades. La suprema paradoja es que esos clientes, trabajadores y comunidades somos, a través de nuestros fondos, parcialmente dueños de esas empresas (o al menos, ese es el discurso oficial).
Pero esa teórica propiedad económica no nos da control alguno.
Revisemos de nuevo las palabras con que en 1973 la Comisión Ortúzar ponía el derecho de propiedad como su norte: “El control económico es el medio de ejercer el control político”, decía.
¿Se entiende ahora por qué ese control es negado? ¿Por qué unos derechos son más “especiales” que otros? ¿Y por qué en la práctica, como en la canción del Puma Rodríguez, el chileno común y corriente termina siendo “dueño de nada”?
El Progre favorito del país, opinando sobre un popurrí de cosas que no entiende.
Está o no está a favor del derecho de propiedad?? No queda muy claro.
Se queja contra el sistema de pensiones de AFP´s y su acumulación de capital que no es de libre disponibilidad ??
Really??
Con un sistema de reparto seríamos específicamente dueños de que????
Promesas de gobierno???
Gracias al sistema de pensiones actuales es que la gente tiene algo de patrimonio para su vejez. No es el óptimo ni mucho menos, pero la alternativa sería no tener nada. Porque ya sabemos lo que valen las promesas de los gobiernos.
El estado no cede el agua del país. Se cede la administración y gestión de ellas. Eso tiene un costo, no es gratis. Y como está demostrado una y otra vez, un gobierno no es muy bueno en esos dos ámbitos. Y si en la administración o gestión privada se cometen errores o abusos, se cancelan las concesiones y se adjudican a otros. La propiedad es, y siempre va a ser, del país. Solo se delega la gestión.
Los derechos de agua son eso. Derechos de explotación. Y de la explotación de eso resultan ventas e ….
IMPUESTOS…
Mientras mejor son explotados, más empleos ventas y más impuestos, que pagan las chorradas progres de gente como Matamala.
Sin duda igualmente existen asimetrías en la asignación de estos recursos naturales. Pero con toda honestidad. Que podría hacer un pescador artesanal o un ciudadano de a pie con estas concesiones??? O un mapuche con agricultura de subsistencia??.
Está en mucho mejores manos y más productivas de grandes empresas que tienen los recursos para explotación. Salvo que sea un Hippie climático que quiere que nada sea tocado en la naturaleza.
Que harían los mapuches con las tierras??
Las arrendarían a agricultores o a empresas. O, peor aún, las venderían. Y después se volverían a quejar de que fueron despojados. No hay solución a eso salvo un proceso largo de incorporar a los niños mapuches a la cultura occidental.
El 99% no tiene nada y nunca va a tener nada de valor patrimonial, y se va a ir sin dejar nada igualmente. Lo único que podemos hacer es que todos podamos tener la posibilidad de pertenecer a ese 1% y que no existan barreras artificiales, o las menores posibles. Esto no significa que el 99% no pueda tener una vida plena y satisfactoria. Simplemente consume exactamente lo que gana y por ende no tiene como acumular riqueza o propiedad. Es como es. No tiene sentido adornarlo. Y las AFP´s son la única herramienta que ha permitido que la gente, que este pastel progre dice no tiene nada, al menos tenga algo parecido al patrimonio gestionado para ricos en forma de inversión en activos privados y públicos internacionales, no solo en el gobierno local. Imprimir artículo
Chapó.
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