Mesa del sector público se suma a las críticas contra anteproyecto que busca modernizar el empleo en el Estado

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@DF

Las 16 organizaciones que componen la instancia enviaron una crítica carta al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en la cual pidieron dejar sin efecto la consulta realizada, y elaborar otra de la mano de los funcionarios.

José Pérez, presidente de la ANEF, una de las entidades que conforma la mesa del sector público.

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Siguen las diferencias entre los funcionarios públicos y Hacienda respecto al anteproyecto de ley que busca modernizar el empleo público, el que a inicios de enero fue sometido a una consulta ciudadana por parte del entonces jefe de las finanzas públicas, Ignacio Briones.

Al duro rechazo que manifestó hace unos días la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), ahora se sumaron las otras 15 organizaciones que componen la mesa del sector público, las cuales el pasado viernes hicieron llegar una dura crítica al actual titular de la cartera, Rodrigo Cerda, manifestando su descontento con el actuar de la repartición.

En el escrito -que cuenta con la firma del Colegio de profesores, ANEF, Asemuch, Confenats, Fentess, Confusam, Ajunji, Fenfussap, Fauech, Confemuch, Antue, Fenast Unitaria, Fenast Nacional y Confedeprus-, la mesa critica que se trata de una consulta que busca avalar un proyecto en el cual no se consideró la opinión de los funcionarios.

“El impulso de una encuesta pública por parte del Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, sin considerar la posición que sobre esta iniciativa tienen las organizaciones gremiales, con un diseño unilateral del cuestionario, con un evidente sesgo en las respuestas buscadas, sin la debida información a la población encuestada, constituye sin duda un acto de mala fe de nuestra contraparte”, dice el documento.

A nivel general, la propuesta busca establecer reglas claras y mejores condiciones laborales para el empleo a contrata y honorarios, quienes son mayoritarios en el sector público.

Para ello, el anteproyecto plantea establecer una relación laboral indefinida y con derecho a indemnización en caso de despido, igualando así las condiciones con las que cuentan el resto de los trabajadores formales del país.

La idea, además, es igualar la cancha para el ingreso al Estado, estableciendo como requisito la selección por mérito para todos los cargos, con concursos abiertos y transparentes supervisados por el Servicio Civil. También se sugiere limitar el nombramiento de los funcionarios de confianza de la autoridad política, acotando su número y estableciendo que deberán renunciar junto con su jefatura, entre otras materias.

Sin embargo, la propuesta no ha logrado convencer a las organizaciones, quienes cuestionan que no resultaría aplicable que un Gobierno con una aprobación inferior al 10%, impulse una propuesta de este tipo.

“La Mesa del Sector Público no participará, ni validará la Mesa de Empleo Público en tanto el Gobierno no corrija este tipo de prácticas, completamente reñidas con una concepción y un quehacer democrático”, cuestionan.

Para establecer el diálogo, los funcionarios proponen que el Ejecutivo deje sin efecto la consulta ciudadana -que finalizó el 28 de enero y en la cual participaron 57.301 personas-, y en su lugar impulse un nuevo proceso participativo con las organizaciones.

Reunión con la ANEF

Pese a la carta, el pasado martes el ministro de Hacienda visitó la sede de la ANEF con la finalidad de establecer un canal de comunicación con los trabajadores.

En la cita, según relataron participantes, algunos dirigentes habrían solicitado al nuevo titular de Hacienda ser más dialogante que su antecesor, Ignacio Briones, para trabajar en diversas materias relacionadas al empleo público.

De acuerdo a los asistentes, Cerda se mostró abierto al diálogo, y habría manifestado su interés en conformar nuevas instancias de trabajo en conjunto.

Con todo, Hacienda fue consultado respecto a las críticas de las 16 organizaciones sindicales respecto al anteproyecto de empleo público, pero no hubo respuesta.

Nunca en la vida los empleados públicos van a aprobar una normativa que implique que tienen que responder por resultados, si no, para fuera…

NUNCA.

Los que son dueños de sus cargos no van a soltar jamás ese privilegio que en esencia les asegura hasta la jubilación sus ingresos. Al menos eso es lo que creen. Y los que están a contrata en su gran mayoría, pretenden llegar al mismo estatus. A pesar de que ganan mucho menos que sus contrapartes privadas cuando existen. Es la constante pelea de seguridad contra libertad.

So…

Deal with it…

Es como esperar que los políticos votaran por una democracia directa o por limitar a un solo periodo legislativo máximo en cualquier cargo público. NUNCA va a pasar eso. Hasta la pastela de Pamela Jiles quiere correr como candidata presidencial sin tener ni la más mínima competencia para ello.

La única forma de hacerlo es que el estado compita contra los privados, de manera que existan chequeos y balances por ambos lados.

Idealmente sería con un sistema de Vouchers en el que el público elige cuales servicios públicos usa, en aquellos en los cuales se pueda dar la dualidad con los privados por supuesto.

Más idealmente es que todos los servicios públicos sean subcontratados del estilo concesiones, para efectos de la gestión, no la ejecución. El estado solo controla.

Pero negarse a modernizarse y ser más eficientes en costo es su propia tumba.

Estamos en un absoluto cambio tecnológico en todo, y no hay nada más caro para el estado que los empleados estatales. Si no puedes sacártelos, lo que van a hacer es reemplazar empleos o mano de obra no calificada por tecnología. Eso es lo que suele suceder con los sindicatos. Quieren mantener tanto sus sueldos y condiciones laborales a pesar de los cambios en el mercado, que terminan liquidando la competitividad de sus compañías y por ende desaparecen y pierden sus trabajos.

Los servicios públicos en 10 años más no van  a ser ni remotamente lo que conocemos hoy en día. Al menos los que tengan que ver con certificaciones. Hasta los juicios están siendo por zoom, y no cuesta pensar que en el futuro cercano tengas una IA que determine los resultados de los juicios, al menos en primera instancia. Finalmente una sentencia es la revisión de las pruebas objetivas en relación a las leyes y la jurisprudencia. Y eso lo hace mejor una IA que un ser humano, y de manera más objetiva. Lo mismo en casi todo lo que tenga que ver con revisar síntomas en relación a la data sobre ellos. Acaban de despedir a unas 400 personas en Metro, que estaban en las cajas, y eso es porque en realidad ya casi nadie las usa. Que es una tendencia de hace muchos años en la banca. Eso mismo se va a extender a todo el ámbito, público y privado.

Seguramente se encontrarán otras fuentes de empleo estatal, siempre lo hacen, pero la transición será muy dura en esta pasada. El cambio tecnológico va a dejar mucha gente fuera sin posibilidades de cambiar de rubro. Imprimir artículo