Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley”, es una frase que se le atribuye al líder mexicano Benito Juárez. Es la perversión de la República: convertir la ley en un instrumento de persecución política, ocupado discrecionalmente contra quienes el poder considera sus adversarios.
En septiembre, siete comunidades mapuches entregaron una carta en la oficina de partes de la Intendencia de La Araucanía. En ella amenazaban con realizar tomas de terrenos, como parte de “un proceso de restitución de tierras ancestrales, colindantes a nuestras comunidades”.
La respuesta fue fulminante. El entonces ministro del Interior anunció una querella por Ley de Seguridad del Estado (LSE) contra los firmantes. “Nadie puede, a través de una carta ni por ningún otro medio, anunciar que va a cometer delitos, sin tener ninguna sanción por ello”, advirtió Víctor Pérez.
Dos semanas después, ocho sujetos se reunieron en una oficina de Av. Apoquindo, en Las Condes, la que, según publicó La Tercera, era ocupada por la campaña del Rechazo. Desde ahí, los individuos, activos participantes de las marchas del Rechazo y miembros del grupo radical Vanguardia, llegaron esa noche al domicilio particular de la fiscal Ximena Chong. Usaron tres automóviles, entre ellos un Volvo, y dos motos, con patentes adulteradas. Mientras los vehículos vigilaban el perímetro, los motoristas entregaban una carta que recibió el hijo de la fiscal.
“Los corruptos como usted no tienen cabida en nuestra nación y (…) tomaremos las medidas que consideremos necesarias, sean cuales sean, para defender a nuestro país. Si usted considera que esta carta constituye una amenaza seria hacia su integridad sicológica y física, entonces está en lo correcto”, decía la misiva. Al allanar los domicilios de los imputados, la policía encontró armamento de guerra: una subametralladora Uzi automática calibre 9 milímetros junto a 17 cartuchos, además de un rifle de aire comprimido, armas de fogueo, cascos y chalecos antibalas. “El equipamiento es de un grupo organizado que tenía por fin amedrentar e impedir que la autoridad cumpliera con su rol”, advirtió el director de la PDI.
El subsecretario del Interior, en cambio, dijo a radio Coopeartiva que “los utensilios que tenían no eran de gran importancia, salvo esta subametralladora Uzi”. Después del revuelo causado por sus dichos, el gobierno anunció una querella por Ley de Armas, sólo contra el dueño de la Uzi. No hubo querella alguna por el operativo de amedrentamiento. Así, los otros siete sujetos, que incluyen dueños de automotoras, jardines infantiles y empresas de maquinaria industrial, quedaron libres mientras se investiga.
Para nuestro gobierno, una carta entregada en una oficina de partes, amenazando con tomas de terrenos, es un atentado contra la seguridad del Estado, pero un operativo paramilitar contra la casa de una fiscal para amedrentarla, no lo es.
Sí lo son, también, más de mil casos. Solo desde el estallido social hasta el 7 de julio de este año, el gobierno presentó 1.054 querellas por LSE, a un ritmo de una cada seis horas. Entre los querellados están un activista por decir, en una asamblea: “Queremos que caiga Piñera, queremos que caiga este gobierno”; sujetos que lanzaron piedras y pintura contra el monumento a los héroes de Iquique en Valparaíso, y un hombre que arrojó un huevo a la gobernadora subrogante de Valparaíso.
La disparidad de criterios no es exclusiva del gobierno. Políticos de todos los sectores suelen mirar la realidad con gafas diferenciadas según el color político de los responsables de actos de amenaza o violencia, siendo comprensivos con los propios e implacables con los adversarios.
Pero es el Ejecutivo el que puede acusar a los ciudadanos, perseguirlos y usar la fuerza pública en su contra. Cuando ese enorme poder se usa arbitrariamente, discriminando a las personas según su filiación política, redes de contacto, comuna de residencia u origen racial, entonces el gobierno deja de ser garante del estado de derecho.
El uso discriminatorio de la LSE es sólo uno de los indicios alarmantes. Esa misma lógica de amigos y enemigos marcó la breve gestión de Víctor Pérez, quien usó su cargo para defender a los dueños de camiones que bloqueaban rutas, dispensar certificado de inocencia a un correligionario (“estoy seguro de que Pablo Longueira es absolutamente inocente”), criticar a la fiscal Chong al conocerse las amenazas en su contra (“carece de objetividad”) y atacar a Contraloría por hacer su trabajo al investigar a Carabineros (“no se puede debilitar la acción de Carabineros (…) los cargos van a ser desvirtuados”).
En otro episodio, funcionarios de la salud pública fueron acusados por el gobierno de negar atención a carabineros. Cuando los cargos fueron desmentidos, los trabajadores exigieron disculpas. Pero, en vez de rectificar, Pérez acusó a los injuriados de “superioridad moral” y “soberbia”.
Incluso, el ministro de Justicia intervino a favor de un amigo, al declarar su “plena confianza en Jaime Orpis” y ofrecerse “con todo gusto” a declarar en su favor en un juicio por corrupción (tras las críticas, decidió no testificar).
Con cada uno de estos actos, el gobierno divide a los chilenos en amigos y enemigos, e incumple el deber de usar su poder con imparcialidad.
Se aleja, paso a paso, del ejercicio democrático para deslizarse por la pendiente resbaladiza de la autocracia. Y así degrada la ley. Para usar la palabra de moda: la convierte en un utensilio de acción partidista.
Como siempre Matamala parte de una premisa cierta, que es que el poder siempre gobierna para su conveniencia, para desarrollar su caso progre de la semana, con cosas que parecen razonables y otras derechamente peloazuladas.
Pero en esta…
Me estai hueveando….??
Tienen sueltos a todos los que han amenazado de muerte al PRESIDENTE de la república, incluido un honorable diputado, y colocan a disposición de la justicia en tiempo récord a un grupo de pelotudos seudo avengers patriotas con rifles airsoft por amenazas mulas a una fiscal que claramente provoca MUCHO malestar en buena parte de la población por su clarísimo sesgo ideológico y por ende deben esperarse ataques mediáticos o en RRSS tal como lo reciben todos los “fascistas” que suelen molestar a los progres. NO ESTÁ bien que ello suceda, y de hecho es una de las peores cosas de las RRSS, pero así es la vida en estos tiempos si decides participar activamente en ellas o tienes cargos públicos o posición de alta visibilidad. Ni hablar de los pendejos que han destruido todo a su paso incluyendo vida y negocios de cientos de miles de ciudadanos chilenos, y que carabineros y fuerzas de orden no pueden hacer nada porque no les han aplicado la ley de seguridad del estado. Que decir en la Araucanía.
Y este peloazulado encubierto dice que el gobierno ha pecado de parcialidad hacia la oposición…
REALLY???
De falta de bolas sin duda,
pero de parcialidad…?? Como mucho, de parcialidad hacia hacer lo que les diga la oposición, y cero defensa del orden y del estado de derecho.
Empata las amenazas pendejas de unos pelotudos con casi toda seguridad inofensivos con la destrucción de medio país de pendejos y la destrucción completa de una región del país por guerrilleros armadas con armas y munición de guerra de hecho. Y que las ocupan. A menudo. Asesinando, no amenazando.
Yisus.
Matamala se está hundiendo lentamente en su propia mierda progre aliado feminista deconstruido no cis.
Por eso no aguanto ver ni un minuto de programa de estos giles. Prefiero leerlos. Es más rápido y menos doloroso para los sentidos.
El real problema es que mucha gente está percibiendo que no hay justicia por parte del poder que debe administrarla. Cuando un grupo de vándalos destruye tu vida, y hay un grupo de giles que se dedica a glorificar esa destrucción, o justificarla, y un poder del estado libera a los que te hicieron sufrir…
Lo único que nos libra de la violencia es el estado de derecho y el creer en el. Ya nadie en la derecha cree que los fiscales y la justicia sean imparciales. Y eso es el 50% de la población, le guste a quien le guste.
Desde ahí a tomar la justicia por propias manos, un solo paso.
Los que panderearon a los pendejos y los alcahuetearon en sus huevadas, van a entender luego lo que la pérdida de todo por parte de unos giles a los que no les pasó nada provoca en el ánimo de revancha de la gente…
En serio estos tarados progres creen que los dueños de locales y empleados que perdieron todo no deben tener la mierda hirviendo cada vez que ven las imágenes de saqueos e incendios??…o de personas de sectores que han sido arruinados completamente en su valor junto con la destrucción de todo su entorno??
Si esto no se detiene y comienzan a condenar duramente a los que han destruido propiedad pública y privada y asesinado a gente a la que parece no importa que le pase nada, tanto como a los que han ido del lado opuesto, va a comenzar las semillas de una guerra civil. El estado de derecho es lo que mantiene la civilidad, y la justicia y los políticos se la están pasando por la raja. Junto con el periodismo. Ni hablar de los sacos de hueva que insultan ida y vuelta a carabineros y los agreden de hecho ahora casi a gusto. Saben con las fuerzas que se están metiendo??? 60.000 hombres y mujeres con espíritu de cuerpo muy fuerte siendo humillados por un grupo de pendejos y avalados por una clase política y periodistas varios??? Cuan sostenible es eso hasta que, renuncien o digan FUCK IT¡¡¡¡¡ que hagan los jueces lo que quieran después de reventarles la raja a los que los acosan…Que tan al límite están los carabineros de llegar a esa disyuntiva que es terrible en cualquier de los dos casos??
La gente que está sufriendo por la destrucción de sus estilos de vida ya está harta. Tal como la revolución pendeja fue el resultado acumulado de deuda que ya no se podía pagar, ahora se está acumulando rabia gigante por las destrucciones producidas por los vándalos y avaladas por políticos y periodistas que les han generado a esos pendejos impunidad completa y que ahora no van a poder sacarse eso.
Esperemos que los poderes del estado y el periodismo entiendan que están provocando una rabia estratosférica en quienes perdieron todo. Y si los pendejos comienzan a destruir todo de nuevo, justo cuando comienzan a levantarse de la masacre anterior los pequeños negocios…
Este barril de pólvora es peor que el del año pasado. La rabia de perder todo a manos de giles que no son sancionados debe ser superior en órdenes de magnitud a la de sentir que ya no te alcanza para llegar a fin de mes. Imprimir artículo
Multa en el parque araucano por andar sin mascarilla 2,5 MM.
ResponderEliminarMulta por cerrar una empresa en el sii y no pagar parte municipal 300 lks. Porque sus sistemas no están integrados.
Matar a tu señora tiene el doble de castigo que matar a otra persona, sin igualdad ante la ley.
Matamala hijo de la gran reputa.Escribe weas y queda impune.
lo saben adyaner, eso es o peor.. no quieren a hile.. quieren verlo destruido y comprarlo a precio huevo.
ResponderEliminarNo creo sano justificar las amenazas. Bajar el perfil de la situación lo normaliza.
ResponderEliminarEs la única parte que discrepo de la publicación.
Saludos Master.
Gracias por el comentario¡¡. De ninguna forma las justifico, y a nadie, por ningún motivo o circunstancia. Simplemente para mi es un dato de la causa el que se van a producir en esta ambiente tan polarizado y peor aún, van a seguir escalando si no se vuelve a tener confianza en el estado de derecho.
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