Ley corta: exautoridades advierten que primera insolvencia de isapres ocurriría en dos meses

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@DF

Tras el rechazo de la Tercera Sala de la Corte Suprema a los recursos de aclaración a su fallo por tabla de factores de las isapres interpuestos por cuatro aseguradoras y el regulador, la Comisión de Salud del Senado volvió a retomar en pleno ayer martes la discusión del proyecto de ley corta que envió el Ejecutivo el mes pasado. Y en esta reactivación de la iniciativa que busca cumplir el doble desafío de implementar la devolución de los montos cobrados en exceso a los afiliados y dar viabilidad financiera a la industria, esta vez fue el turno de los análisis financieros.

El punto de partida lo dio el Superintendente de Salud, Víctor Torres, quien detalló los criterios que sirvieron de base para sus cálculos que establecieron un universo de aplicación en torno a 720 mil contratos -cuyas tablas de factores establecían cobros por sobre el parámetro vigente desde abril de 2020-, concepto por el cual estimó un monto global de devoluciones a los afiliados en torno a US$ 1.450 millones.

“Solo por los montos informados por la Superintendencia en cuanto a un menor ingreso mensual de un 8,3%, la primera isapre caería en insolvencia en dos meses”, señaló Manuel Inostroza.

La autoridad precisó que la base considerada se refiere a contratos cuyas tablas de factores sean distintas a la establecida en la Circular 343 y administrados antes de noviembre de 2023 –fecha del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema- e incluye tanto planes individuales como grupales.“Estamos en el mayor ánimo de transparentar las fórmulas. No hay ninguna acción arbitraria, sino que entendemos que es el mejor reflejo de lo que la Corte ha instruido en sus distintos fallos y hay un sustento jurídico a partir del cual nuestros equipos técnicos han hecho los datos respectivos”, dijo Torres, quien informó que dispuso la publicación de la memoria de cálculo en la página web de la Superintendencia de Salud.

Argumentos de los expertos

Sin embargo, en el debate posterior los expertos convocados refutaron que los mecanismos para hacer cumplir el fallo estén circunscritos al modelo formulado por el regulador. Este fue el caso del exsuperintendente de Salud, Manuel Inostroza -junto al exsuperintendente de isapres, Héctor Sánchez, ambos del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello-, quien afirmó: “La actual interpretación de la Superintendencia y su metodología de cálculo, solo considera uno de los seis escenarios propuestos para el stock y uno de los tres escenarios del flujo, sin considerar, además, 10 criterios propuestos por nuestro informe”.

Asimismo, Inostroza profundizó ayer su análisis respecto de una aplicación del fallo bajo el esquema propuesto por el Ejecutivo en la elaboración de la ley corta, abordando los impactos para la industria solo por efecto de la reducción a futuro del precio final de los planes por la aplicación general de una única tabla de factores. “Dados los actuales indicadores financieros de las isapres, de aprobarse el proyecto hoy, solo por los montos informados por la Superintendencia de Salud en cuanto a un menor ingreso en el prospectivo mensual de un 8,3% promedio, la primera isapre caería en insolvencia en dos meses desde su aplicación”, sostuvo el experto.

Y en una perspectiva global de las implicancias del marco establecido por Ejecutivo, Inostroza explicó sobre la base de un ejercicio de medirlas en términos de un impacto en los valores de los planes para los afiliados, arroja que “al sumar los recursos de la devolución retrospectiva (aplicada a los contratos anteriores a la tabla de factores vigente desde abril de 2020) más los menores ingresos prospectivos anualizados esto implicaría -sin considerar otras variables-, un incremento en los precios de los planes de salud real anual de 13,4% en 10 años y de 11,9% en 20 años, es decir, cuatro veces el promedio entre 2006-2023”.

Sobre la base de este y otros argumentos, aseveró que “de mantenerse esta interpretación, serían inviables los planes de salud de los afiliados” del sistema asegurador privado.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de Espacio Público, Paula Benavides considera que los fallos de la Corte Suprema “dejan un amplio espacio a los colegisladores para una interpretación sistémica de las sentencias con una mirada de política pública”. Entre los puntos abordados en su análisis, se refirió al cálculo de las devoluciones, indicando que “la interpretación del efecto retroactivo de los fallos debe hacerse con una lógica sistémica, permitiendo que opere el marco de subsidios cruzados entre los beneficiarios”, criterio que, a su juicio, “llevaría a establecer montos muy diferentes a los que se están manejando“.

“Los criterios para determinar los cobros en exceso debiesen estar en la ley corta y los detalles de cálculo ser resueltos a partir de una propuesta de un consejo técnico”, añadió la experta.

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Yo estaría aterrado después del desempeño del estado las últimas semanas, con el evento más esperado y recurrente en la historia médica del país que es el periodo invernal de virus respiratorios.

Lo que hemos visto es un pequeñísimo teaser trailer de lo que ocurrirá cuando las Isapres colapsen, o simplemente decidan que no tiene sentido mantenerse en algo que ya no es ningún negocio y simplemente es solo pérdida.

Veamos lo que deciden hacer los pasteles con esto. La justicia ya les dio el cheque en blanco para hacer lo que quieran, solo tienen que ajustar los plazos de pago para hacerlo viable a vista del ganado.

Tenemos a los más incompetentes administradores, incluyo al parlamento, en la historia del país.

Por ende lo que pueda parecer lógico de hacer, no es esperable para nada con estos giles…

Son como una caja cerrada de bombones rellenos con mierda. Nunca sabes en realidad con los que te vas a encontrar.

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