Pago de intereses por mayor deuda subirá 40% al 2024 y totalizará US$3.500 millones

Compartir

Twittear

@pulso

El gobierno entregó una nueva trayectoria fiscal de mediano plazo. Y ella conlleva un panorama complejo para las cuentas fiscales. En la ruta establecida en el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre que publicó la Dirección de Presupuestos (Dipres) se proyecta que la deuda pública cerrará este año en 34,8% del PIB, mientras que para 2024 se prevé que alcance el 48,3% del PIB al 2024.

De acuerdo a la Dipres, para 2020, la estimación fue elaborada considerando colocaciones de bonos en los mercados financieros local e internacional por un total cercano a los US$12.700 millones (de la autorización vigente de US$13.000 millones).

Para el período 2022-2024, la Dipres presentó tres escenarios de deuda bruta consistentes con la estimación de balance fiscal total presentados. En el escenario central que se presenta se espera que la deuda suba a 39,6% del PIB en 2021; 43,9% en 2022; 46,4% en 2023 y 48,3% en 2024.

Si bien el consenso de los economistas apunta a que existe espacio para que la deuda avance dada las condiciones de mercado, su evolución alcista tiene efectos colaterales como el pago de interés que el Fisco debe hacer para financiar la deuda. De acuerdo a la economista jefe de Banchile, Carolina Grünwald, el monto del pago de intereses llegará este año a US$2.500 millones. Si se compara con la reforma tributaria aprobada en enero, el pago en intereses será mayor a los US$2.200 millones que espera recaudar en régimen.

Para el 2024, escalará hasta los US$3.569 millones, es decir, 40% más que lo que se pagará en 2020. “Considerando una tasa de interés en 2,5% y los supuestos de crecimiento, inflación y tipo de cambio del informe, el gasto por intereses de deuda podría alcanzar los US$ 3.500 millones al 2024”, explica la economista.

En cuanto a la factibilidad de que se pueda ir conteniendo la trayectoria alcista de la deuda, Grünwald sostiene que se debe generar crecimiento económico. “El informe muestra que si se continúa en adelante con un ritmo de crecimiento del gasto del orden de 4%, la deuda crece rápidamente. Para que eso no ocurra, debe hacerse un esfuerzo importante y operar con mucha disciplina, apuntando a un balance efectivo en torno a 1% del PIB”. De acuerdo a la economista, esa es una meta difícil que según el Informe se alcanzaría recién al 2030. “No tengo proyectado a tan largo plazo el escenario fiscal y creo que hay demasiados cabos abiertos aún como para jugármela por un año en particular”.

El informe muestra a modo de ejemplo una proyección de largo plazo, al 2030. En este se muestra que si sigue la trayectoria de disminución del gasto y de la deuda hacia fines de la década se lograría estabilizar la deuda en 45% y el balance efectivo y estructural sería del orden de 1,1% y 1% del PIB respectivamente. En cuanto al déficit fiscal, el gobierno en su escenario base ve que para el 2024 se ubicará en 2% del PIB el efectivo y 1,8% el estructural.

Este nuevo panorama fiscal reforzaría la idea de que se debe complementar la meta anclada a balance fiscal “Si bien Chile fue uno de los primeros países en establecer una regla fiscal de balance, hoy es de los pocos que solo cuenta con una sola regla. En general las economías han migrado hacia la incorporación de otras variables como ingreso, gasto, deuda, y además se dispone de cláusulas claras de excepción, cosa que no tenemos nosotros”, dice Grünwald.

Hacienda emitirá nuevo decreto para trayectoria fiscal

El escenario fiscal cambió rotundamente y, por ello, Hacienda deberá emitir un nuevo decreto donde fije la trayectoria que proyecta para el balance fiscal estructural. La nueva meta deberá estar lista antes que se presente el proyecto de ley de Presupuestos 2021. Este sería el tercer decreto de la administración de Sebastián Piñera. El primero se publicó el 6 de junio de 2018, cuando Felipe Larraín era el titular de Hacienda. En ese documento se fijó como meta reducir en 0,2 puntos del PIB el déficit estructural con el objetivo de llegar a 1% al 2022. El segundo decreto, con Ignacio Briones en Teatinos 120, se publicó el 27 de febrero. En esta nueva trayectoria se incorporaron los efectos de la crisis social y por ello la meta se desvió. En ese documento se proyectó que el déficit fiscal estructural al 2022 sería de 2%.

Esto es lo que finalmente termina derrumbando a los gobiernos, el pago de los intereses.

Porque los gobiernos, una vez que inician esta trayectoria, jamás tienen la intención de pagar realmente la deuda, simplemente de rolearla como haría cualquier hijo de vecino con sus líneas y tarjetas de créditos, que cada vez son más caras hasta que finalmente ya no puedes obtener ni una más y caes en default.

Aplica la misma lógica a los gobiernos, que por algún motivo, creen que no.

Es por esto que la emisión de la deuda debería tener un límite, ojalá cero, pero dadas las necesidades de los capitales de aparcar dinero, es conveniente tener un stock de deuda de gobierno.

Debería ser un tope máximo, por ejemplo, 30% del PIB. No tienes autorizado como gobierno tomar más deuda que eso. El resto se hace con impuestos, la mayoría de los cuales debería ser indirecto.

Los gobiernos no saben manejar ni dinero, ni presupuestos, ni inversiones, ni proyecciones ni nada en realidad. Como dijo Friedman, si pusieras a cargo de un desierto al gobierno, se quedaría sin arena en 5 años.

Deberían estar completamente limitados en sus gastos a los mínimos posibles para la seguridad, administración de justicia, y aquellos que se aprueben deban ser realizados adicionales a estos, deben ser licitados para que sean administrados por privados especialistas en los temas delegados. Hospitales, carreteras, colegios, y lo que sea que el contrato social indique que estamos dispuestos a pagar TODOS, no solo los ricos.

Pero con buenos negociadores por parte de los ciudadanos eso si…

Los que han negociado hasta ahora, apestan. Especialmente las carreteras.

Nos salvamos, hasta ahora al menos, por las AFP´s y las Isapres que se han hecho cargo de buena parte de los gastos de pensiones y salud de manera privada que son gran parte de los gastos sociales de los gobiernos y es por ende donde se pueden mandar más cagadas y más graves. Los colegios subvencionados también habían hecho parte de esta labor, durante mucho tiempo, pero gracias a los tarados de los políticos que tenemos, le quitaron esa libertad a la gente.

Si no, estaríamos peor que Argentina sin duda. Como siempre lo estuvimos antes de estas iniciativas. Imprimir artículo