Bachelet lidera ofensiva contra TC por fallo que elimina prohibición de lucro

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@latercera

Hasta las afueras del Tribunal Constitucional llegó el martes un grupo de estudiantes para protestar en contra del inminente fallo del organismo respecto del proyecto de educación superior, el que fue impulsado por el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

Mientras los manifestantes se encadenaban en la entrada del histórico edificio, los ministros del pleno se reunían para continuar con el control preventivo de constitucionalidad de la iniciativa y tomaban una polémica decisión: declarar inconstitucional el Artículo 63 de la iniciativa, el que prohibía a los controladores de los planteles perseguir el lucro.

Así, por seis votos a favor y cuatro en contra, finalmente, se impuso la postura de los ministros José Ignacio Vázquez, Juan José Romero, Cristián Letelier, María Luisa Brahm, Iván Aróstica y Marisol Peña, quienes argumentaron durante el debate que dicha norma contravenía el derecho de libertad de enseñanza y organización, consagrados en la Constitución.

El fallo del organismo reflotó las aprensiones que se habían instalado en la ex Nueva Mayoría durante el mandato de Bachelet, luego de que proyectos emblemáticos de su administración, como la reforma laboral, la interrupción voluntaria del embarazo, el proyecto que aumentaba las facultades del Sernac, entre otros, fueran declarados inconstitucionales por el TC.

La decisión del tribunal desató el martes una fuerte ofensiva de la oposición, encabezada por la propia expresidenta Michelle Bachelet. Desde que dejó La Moneda el 11 de marzo pasado, sus intervenciones públicas se habían reducido a dos mensajes en su cuenta de Twitter, lamentando la muerte del científico Stephen Hawking y defendiendo la postura chilena en el juicio con Bolivia ante La Haya. Pero el martes, la exmandataria usó esa red social para -por primera vez- salir en defensa del denominado “legado” de su gobierno.

“Los fallos del TC se acatan. Es lo que corresponde en un estado de derecho. Pero, con su pronunciamiento sobre el lucro, que contradice el análisis de constitucionalidad de todos los sectores del Congreso, distorsiona la decisión democrática de eliminar el lucro en la educación superior”, escribió la exmandataria a través de su cuenta de Twitter.

En la misma línea, los presidentes de ambas cámaras, Carlos Montes (Senado) y Maya Fernández (Cámara de Diputados) aseguraron que con este fallo -nuevamente- se ha “torcido la voluntad soberana expresada en el Congreso” y se ha “dañado la democracia”. Una molestia que se extendió en la oposición, desde donde llamaron al gobierno del Presidente Sebastián Piñera a impulsar lo antes posible una reforma que limite las atribuciones actuales del TC. Incluso, condicionaron la posibilidad de alcanzar acuerdos en las cinco materias propuestas por La Moneda, en caso de que el Ejecutivo haga oídos sordos a esa petición.

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Francisco Huenchumilla (DC), advirtió que “el TC se ha constituido en una tercera instancia legislativa actuando, como es el caso de la educación, de oficio y a petición de un privado. ¿El gobierno quiere acuerdos? Pues aquí tiene uno”. Y agregó: “Estamos disponibles para reformar el TC en su verdadera función”.

En la misma línea, el senador Felipe Harboe (PPD) emplazó al propio Presidente Piñera: “Si quiere acuerdos, partamos por reformar el TC y evitar que siga afectando las instituciones democráticas”.

“Emplazo al gobierno de @sebastianpinera que sume a la lista de acuerdos nacionales, uno que impida efectivamente el lucro en la educación superior”, dijo Harboe.

En tanto, el senador Jaime Quintana (PPD) calificó de “impresentable” la decisión del tribunal.

Los reparos

La idea de que el TC se ha convertido en una especie de “tercera cámara” no es nueva en la actual oposición, la que ha impulsado varias mociones en el Congreso para -en algún grado- limitar las facultades del tribunal.

De hecho, la sala de la Cámara de Diputados aprobó en general en enero pasado el denominado “gran acuerdo”que contempla una serie de reformas constitucionales, e incluye, precisamente, una modificación al Artículo 93 de la Carta Magna, el que establece que es facultad del Tribunal Constitucional pronunciarse sobre cualquier proyecto de ley que contemple normas de rango constitucional.

La idea -que fue aprobada con los votos tanto de Chile Vamos como de la oposición- apunta a limitar el rol del TC, en el caso del control preventivo, para que éste pueda pronunciarse sólo respecto de los artículos contenidos en el oficio de la cámara remisora, y no, como ocurrió en este caso con el Artículo 63, el que no fue considerado por el Congreso Nacional como norma propia de Ley Orgánica Constitucional.

En todo caso, en la oposición varios son partidarios de eliminar la atribución del control preventivo. De hecho, la próxima semana la bancada del PS presentará una moción que contempla el fin del control preventivo de constitucionalidad. Tal como lo propuso Bachelet en su proyecto de nueva Constitución, en las postrimerías de su administración.

Otro punto clave -dicen en la oposición- es reformar el sistema de nombramiento del organismo, cuya integración es definida actualmente por el Presidente (tres ministros), la Corte Suprema (tres ministros) y el Congreso (cuatro ministros).

Si bien desde el gobierno hasta el cierre de esta edición aún no respondían a la ofensiva opositora para impulsar una reforma al TC, el propio Piñera comprometió en su programa de gobierno hacer modificaciones al organismo.

Con todo, la decisión del tribunal vino a tensionar nuevamente la relación del La Moneda con la oposición, sumándose a la polémica suscitada por la reforma que anunció el Ejecutivo a la Ley Antiterrorista y los cambios que realizó el Minsal al protocolo de aplicación de la ley de aborto.

Es imprescindible y absolutamente necesario un tribunal constitucional.

Y la razón es que si se tienen en el parlamento gente como Florcita Motuda o Pamela Jiles, y bastantes más de todos los ámbitos y tendencias de ese nivel, quienes no entienden en absoluto los alcances de lo que votan en términos de los derechos constitucionales que están tocando ya que probablemente ni siquiera han leído la constitución, tiene que existir un organismo que sancione si las leyes cumplen o no con ella.

Que sea una decisión democrática es un argumento idiota. Quedamos en manos entonces de retardados incultos que solo son elegidos por ser famosos mediáticamente o que fueron arrastrados en una votación y no por su experticia en temas sociales, económicos y políticos?

La función y estructura de un tribunal constitucional requiere necesariamente que tenga la potestad de sancionar sobre todas y cualquier ley o normativa que sea puesta a su consideración. Y que su sanción sea definitiva es lógico.

Que critique Bachelet el fallo en base a una decisión “democrática” igual que todo el resto de la oposición actual es ridículo. El tribunal constitucional es parte de esa democracia que nos protege a todos de la tiranía de mayorías eventuales con retroexcavadoras. Es el espíritu.

En todo país civilizado existe este organismo o similares y con iguales atribuciones absolutas sobre toda ley o regulación. Y es la red de protección de todos los ciudadanos. Imprimir artículo