Piketty, Mazzucato y más de 40 economistas respaldan propuesta de nueva Constitución: asegura “crecimiento sustentable y prosperidad compartida”

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@latercera

Un grupo de más de 40 economistas internacionales, liderados por el francés Thomas Piketty, hizo público su respaldo a la propuesta constitucional que se plebiscitará el próximo 4 de agosto.

Reunidos bajo la Internacional Progresista, una agrupación que engloba a activistas y organizaciones progresistas de izquierda alrededor del mundo, los firmantes destacan que la propuesta emanada por la Convención Constitucional permite “asegurar crecimiento sustentable y prosperidad compartida para Chile”.

La misiva, también firmada por la ítaloestadounidense, Mariana Mazzucato y el surcoreano, Ha-Joon Chang, destaca que el texto permitirá ir “reduciendo la dependencia de rentas extractivistas y contribuyendo a finanzas públicas sustentables”.

Agregan que el marco normativo que se plebiscitará “crea una estructura legal que tendrá éxito en preparar a Chile para un nuevo siglo de crecimiento equitativo, con perspectivas de atraer inversión, proteger la estabilidad financiera y promover el desarrollo para todos los chilenos”.

La misiva fue publicada en redes sociales y luego traducida por CNN Chile.

Revisa a continuación la carta y el listado de firmantes completo:

Nosotros, economistas y cientistas sociales de alrededor del mundo, respaldamos el visionario documento que la Convención Constitucional ha producido para asegurar crecimiento sustentable y prosperidad compartida para Chile.

Creemos que la nueva Constitución fija un nuevo estándar global en respuesta a las crisis de cambio climático, inseguridad económica y desarrollo sustentable. Las disposiciones económicas de la Constitución representarían un gradual, pero sustancial avance para la gente de Chile.

El acercamiento a temas de género en la Constitución marca un gran salto hacia adelante en el modelo económico de desarrollo. Por primera vez, una constitución reconoce el trabajo de cuidado, reproducción social y la salud de las mujeres como fundamentales para las perspectivas de la economía.

El acercamiento a los servicios públicos y la seguridad social es otra fuente de inspiración. Al establecer nuevas instituciones para la provisión de servicios públicos básicos universales como educación, salud y seguridad social, Chile satisfactoriamente aplica las lecciones de la historia reciente que muestran la importancia de estos servicios tanto para la resiliencia económica en el corto plazo como para el crecimiento económico a largo plazo.

Los mandatos de la política tributaria de la Constitución prometen abordar la desigualdad económica de Chile -una de las más altas de la OECD- mientras mejora la recaudación a estándares OECD, reduciendo la dependencia de rentas extractivistas y contribuyendo a finanzas públicas sustentables.

El acercamiento al trabajo representa una importante y democrática respuesta a nuestros tiempos. Al consagrar derechos al trabajo y a la acción colectiva, la Constitución apunta a compensar la crisis de precariedad que afecta a las economías alrededor del mundo.

Finalmente, el acercamiento al banco central fija una nueva referencia global al consagrar el mandato que toma en cuenta la estabilidad financiera, la protección del empleo y el cuidado medioambiental, la Constitución establece una estructura responsable para el banco central que encaja en el siglo XXI.

Tomada en conjunto, creemos que la nueva Constitución crea una estructura legal que tendrá éxito en preparar a Chile para un nuevo siglo de crecimiento equitativo, con perspectivas de atraer inversión, proteger la estabilidad financiera y promover el desarrollo para todos los chilenos. El mundo tiene mucho que aprender de los procesos ejemplares de la Convención y el visionario producto que Chile votará en el plebiscito de septiembre.

Mariana Mazzucato, profesora de la Economía de la Innovación y el Valor Público en UCL, directora fundadora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público y presidenta de la Organización Mundial de la Salud Consejo de Economía de la Salud para Todos.

Jayati Ghosh, profesora de Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst, ex presidenta del Centro de Estudios Económicos y Planificación en la Universidad Jawaharlal Nehru, miembro de la Junta Consultiva de las Naciones Unidas sobre Asuntos Económicos y Sociales.

Isabel Ortiz, ex directora del Departamento de Protección Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ex directora asociada de Política y Estrategia en Unicef, actualmente directora de Justicia Social Global, Iniciativa para el Diálogo de Políticas, EE.UU.

Ha-Joon Chang, investigador asociado de el Departamento de Economía de la SOAS London, ex lector en la Facultad de Económicas y Director del Centro de Estudios de Desarrollo en la Universidad de Cambridge.

Thomas Piketty, profesor de EHESS y en la Escuela de Economía de París; codirector de World Inequality Lab & World Base.

Philip Alston, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, ex relator especial y presidente de la ONU del Comité de Naciones Unidas sobre Asuntos Económicos, Sociales y Derechos Culturales.

Jomo Kwame Sundaram, miembro visitante senior del Instituto de Investigación Khazanah, investigador visitante en la Iniciativa para la Política Diálogo, Universidad de Columbia, y profesor adjunto en la Internacional Universidad Islámica de Malasia.

Katharina Pistor, catedrática de Derecho Comparado Edwin B. Parker, directora Centro de Transformación Legal Global, miembro del Comité de Global pensamiento en la Universidad de Columbia.

Gabriel Zucman, profesor asociado de política pública y economía en la Universidad de California en Berkeley, en la Escuela Goldman de Políticas Públicas.

Jean Drèze, profesor honorario de la Facultad de Economía Delhi, profesor invitado en el Departamento de Economía de la Universidad Ranchi, miembro de la Asesoría Económica Consejo de Ministro Principal de Tamil Nadu.

Guy Standing, docente asociado de investigación de la Universidad SOAS de Londres.

Ellora Derenoncourt, profesora asistente de Economía en la Universidad de Princeton y miembro de Relaciones Laborales Sección de Economía de Princeton.

James K. Galbraith, Lloyd M. Bentsen Jr. Cátedra de Relaciones Gubernamentales/Empresariales en la Escuela de Educación Pública Lyndon B. Johnson Internacionales, profesor de Gobierno en la Universidad de Texas en Austin, ex director ejecutivo del Comité Económico Mixto del Congreso de los Estados Unidos.

Richard Kozul-Wright, director de la Globalización y Estrategias de Desarrollo División en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Ann Pettifor, directora en Investigación de Políticas en Macroeconomía (PRIME).

Maximilian Kasy, profesor de Economía en la Universidad de Oxford.

Daniela Gabor, profesora asociada en Economía en la Universidad de Occidente de Inglaterra, Brístol.

Dean Baker, economista principal Centro de Investigación Económica y Política.

Prabhat Patnaik, profesor emérito, Universidad Jawaharlal Nehru.

Óscar Ugarteche, investigador principal de Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Kevin Gallagher, profesor de Política de Desarrollo Global de la Universidad de Boston.

Carolina Alves, investigadora Colegio Girton, Universidad de Cambridge.

Juan Pablo Bohoslavsky, investigador CONICET (Conocimiento Nacional Científico y Consejo Técnico de Investigaciones – Argentina), ex independiente de las Naciones Unidas, experto en Deuda y Derechos Humanos.

Yilmaz Ayküz, ex director de la Globalización y Estrategias de Desarrollo División en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); y ex economista jefe South Centre.

Benjamin Braun, investigador senior Instituto Max Planck para el Estudio de las Sociedades.

Gilad Isaacs, director Instituto de Justicia Económica, economista en Universidad Wits.

Bodo Ellmers, director Financiamiento para Programa de Desarrollo Sostenible, Foro Global de políticas.

Mario Seccareccia, profesor emérito de Economía, Universidad de Ottawa, y editor de Revista Internacional de Política Economía.

Louis-Philippe Rochon, catedrático de Economía, Universidad Laurentiana.

Gerald Epstein, profesor de economía, Universidad de Massachusetts Amherst.

Kristian Stokke, profesor de Geografía Humana, Universidad de Oslo.

Marlese von Broembse, directora Programa Derecho Mujeres en la Informalidad Empleo: Globalizar y Organizar (WIEGO).

Alicia Girón, coordinadora del Programa Universitario de Estudios de Asia y África (PUEAA) desde mayo de 2017 y investigador en el Centro de Investigaciones Económicas Nacional (IIEc), Instituto Nacional Autónomo Universidad de México.

John Langmore, profesor asociado de Ciencias Políticas, Universidad de Melbourne.

Azita Berar Awad, ex directora senior en la OIT, presidenta en investigación en Instituto de Desarrollo Social de las Naciones Unidas (UNRISD).

Anis Chowdhury, profesor adjunto Universidad del Oeste de Sydney.

Andrés Chiriboga-Tejada, investigación y profesor asociado en Sociología Económica en SciencesPo París.

Fred Moseley, profesor emérito Mount Colegio Holyoke.

Bruno Bonizzi, profesor titular de Finanzas en la Universidad de Hertfordshire.

Devika Dutt, profesora de desarrollo Economía, King’s College, Londres.

Diane Elso, profesora emérita Universidad de Essex, Reino Unido.

Neil Coleman, cofundador y senior de Instituto de Especialistas en Políticas Económicas Justicia, Sudáfrica.

Özlem Onaran, catedrática de Economía de la la Universidad de Greenwich. Ella es la director de la Politica de Greenwich Centro de Investigaciones Económicas y codirectora del Instituto de Ciencias Políticas Economía, Gobernanza, Finanzas y Responsabilidad.

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Si lo apoya Piketty definitivamente es un bodrio…

LOL…

Sería extraordinariamente atingente que le consultaran a juristas o constitucionalistas internacionales sobre las mejores prácticas constitucionales, y no a economistas que de leyes constitucionales no tienen idea.

La constitución de USA prohibía los impuestos directos y sin embargo ahora tienen impuestos progresivos. Y Medicare, y Medicaid.

Las constituciones las escriben juristas, no economistas.

Por eso la discusión de derechos económicos garantizados es ridícula.
O la de los valores sociales.

Se prohíbe la corrupción. O la discriminación, o segregación. No solo como estructura de leyes que obviamente va en el apartado de TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY, sino en el ámbito privado.

Es como decir que se prohíbe la naturaleza humana.

Ridículo.

Me ha faltado eso.

Que alguien le pague unos cuántos USD´s a juristas connotados para que den su veredicto del bodrio. Tenemos opinando a políticos, economistas, farándula, flaites, periodistas, activistas, inversionistas, empresarios…

Donde están las opiniones de los juristas? Que no es lo mismo que abogados. Están en una liga diferente. Los abogados interpretan la ley, los constitucionalistas interpretan si las leyes son constitucionales en primer lugar.

La única opinión legal institucional que he visto es la de la facultad de derecho de la UC.

Faltan más opiniones de juristas.

Esto no es un programa de gobierno donde se tiene que ver como se pagan las promesas huevonas que siempre hacen los políticos para sobornar a los votantes.

Es el marco jurídico en el cual nos moveremos todos, incluidos esos políticos.

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