Exautoridades plantean que ley corta aumentará fuga de usuarios a Fonasa y que causaría “muerte del sistema” de isapres

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@ElMercurio

Durante la tarde del martes el Gobierno presentó finalmente el proyecto de ley corta que busca dar aplicación al fallo de la Corte Suprema, que en noviembre pasado ordenó que las isapres deberán pagar los montos en exceso que hubiesen podido cobrar a sus afiliados por la no aplicación de la tabla de factores en los planes.

Si bien el texto ingresado al Senado con urgencia simple define que serán las propias aseguradoras las que crearán un plan de devolución, en el cual deberán detallar los contratos afectos, las cantidades a devolver, el plazo máximo y las modalidades, la Superintendencia de Salud entregó ayer en la sesión de la Comisión de Salud del Senado el detalle del cálculo que la autoridad ya realizó.

El superintendente Víctor Torres les planteó a los congresistas que durante estos casi seis meses de trabajo se analizaron más de 1,8 millones de contratos, de los cuales “el total de contratos favorecidos, aquellos que debieran tener reducción del cobro y se pudieran generar excedentes, son 725.878 contratos. Lo que significa un 39% del total de contratos analizados”.

En tanto, según el Ejecutivo, el monto total que las isapres deberían devolver a los afiliados asciende a $1,1 billones (cerca de US$1.458 millones). Si se analiza por aseguradora, la que debería devolver una cifra más alta es Cruz Blanca, que supera los US$ 361 millones, seguida de Colmena, con más de US$ 315 millones, y Banmédica, con US$ 289 millones (ver infografía).

Desde el punto de vista de los afiliados, la devolución promedio debería rondar los $1.545.000, aunque la fluctuación es considerable con casos donde el retorno podría ser de menos de $300, hasta algunos donde las aseguradoras deberían devolver mediante excedentes más de $60 millones. A juicio del Gobierno, de los más de 725 mil contratos que se verán beneficiados, el 60% corresponde a cotizantes mujeres.

Héctor Sánchez, exsuperintendente de Isapres, advierte que “la fórmula que están planteando, con el modelo de análisis para el cálculo que el Gobierno está considerando y que se ratifica con las cifras que presentó la Superintendencia, es una cantidad que no es pagable por parte de las isapres en cualquier plazo. En el fondo, es como decir ‘las isapres no van a morir en los próximos meses, pero están muertas, van a ser muertos andantes'. Es la muerte del sistema”.

Agrega que “cualquier inversionista al que le dicen que tiene que pagar US$ 290 millones y mientras no pague no puede retirar utilidades y, además, tiene que correr todo el riesgo del negocio y de la incertidumbre jurídica, no tiene ningún incentivo para mantener la isapre funcionando. Ninguno”.

Para Rafael Caviedes, expresidente de la Asociación de Isapres, no es posible pagar un monto de las magnitudes planteadas por la Superintendencia: “El flujo futuro no lo permitirá. Hay que mirar la reducción de ingresos además, ya sea por salida de afiliados y por los menores ingresos producto de la aplicación de la nueva tabla de factores”.

El también exdirector de Fonasa agrega que “sin perjuicio de lo anterior, veremos frenos a los ajustes de tarifas y manipulación política que se va hacer de los ajustes de precio base y GES que dificultará la viabilidad de las isapres. En Fonasa se quiere construir una pista de aterrizaje de afiliados de isapres caídas, pero no hay espacio para construir la pista en la salud estatal”.

Baja de utilidades

De acuerdo con los cálculos de Salud, además de la devolución de los más de US$ 1.400 millones, el impacto de la aplicación de la tabla única de factores, que bajará el precio de los planes, y la suspensión del cobro por los niños menores de dos años, significarán una caída de más de $31 mil millones en los ingresos mensuales del sistema, lo que equivale al 6% del total.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, destaca que “el proyecto de ley propone una gradualidad en el cumplimiento de esta sentencia, dada la complejidad financiera que ustedes notan. En un primer momento se plantea que terminen los cobros calificados en exceso por la Suprema, más la suspensión del cobro de los menores de dos años, que es el efecto de reducción del ingreso y que exista un procedimiento en el que funcione un consejo asesor para evaluar el plan de pago de las isapres, para separar en el tiempo el efecto financiero de estos dos elementos y cumplir la sentencia”.

Sin embargo, Emilio Santelices, miembro del directorio ejecutivo del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la U. del Desarrollo (CIPS- UDD) y exministro de Salud, dice que “hay una contradicción difícil de interpretar. Por una parte, el legislador señala en el mensaje del proyecto de ley que la desaparición de las isapres tendría impactos en el sistema de salud en su conjunto; y las cifras presentadas al día siguiente por el superintendente son inabordables por su magnitud”.

La implementación del proyecto de ley, aseguran las exautoridades, vendría a incrementar la fuga de afiliados de isapres hacia Fonasa. Según Caviedes, “la idea central del proyecto es la creación de una nueva modalidad de coberturas complementarias de Fonasa orientada a sectores medios y altos. Esto estará orientado a captar beneficiarios del sistema de isapres, cualquiera sea el destino de esas instituciones. En mi opinión, el Gobierno ha diseñado una estrategia lateral que le permita disminuir la cantidad de afiliados a las isapres para poder avanzar en su verdadero proyecto, que es el sistema único estatal de salud, pero sin decirlo”.

En tanto, el exministro Santelices remarca: “Puedo presagiar que, independientemente de la fórmula, más de alguna isapre pueda caer en insolvencia y no tenga las capacidades financieras, porque todas tienen realidades muy distintas. Eso me hace pensar que el flujo de personas que vayan a Fonasa van a ser el de mayor riesgo, es decir, una cartera muy desbalanceada”.

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• Solicitud La Superintendencia solicitó ayer una prórroga de seis meses a la Corte Suprema, para lograr aprobar el proyecto antes de cumplir el plazo impuesto por el máximo tribunal, que expira a fin de mes. HECTOR ARAVENA

Súper de Salud pide seis meses a Suprema

Seis meses de prórroga —porque el plazo originalmente otorgado vence a fin de mes— o el tiempo que la Corte Suprema estime pertinente, solicitó la Superintendencia de Salud en un escrito presentado ante la Tercera Sala, la que fijó, a fines de 2022, una nueva jurisprudencia respecto a la denominada tabla de factores que usan las isapres para determinar el precio final de los contratos de salud.

“Para la correcta e íntegra aplicación de las instrucciones contenidas en el fallo —como también de aquellas contenidas en otras resoluciones dictadas en análogos recursos de protección—, en opinión del Ejecutivo y esta superintendencia se requiere de una iniciativa legal que, en primer lugar, entregue a la Superintendencia de Salud competencias de las que actualmente carece y, en segundo lugar, que regule explícitamente el pasivo financiero de las instituciones de salud”, consigna el documento.

Pero si bien se ingresó este martes una iniciativa en este sentido, “la tramitación de un proyecto de ley toma su tiempo” y el plazo de seis meses que la Corte Suprema “confirió a esta superintendencia se encuentra pronto a expirar”.

El requerimiento de la superintendencia será resuelto por la Tercera Sala.

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Como perder tu base de votación en ciudades…and dont give a shit about it…

101…

Lo comentado muchas veces. Esta gente es vengativa.

Saben perfectamente que esto va a provocar un enorme colapso en los sistemas de salud. Son narcisos. Pero no taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan huevones. Para las Isapres ahora no tiene sentido mantenerse el negocio aún cuando puedan navegar las devoluciones. La idea es ganar dinero y ya no lo están haciendo. Menos ahora con esto.

Después de las derrotas y la evidente imposibilidad de que sigan gobernando en el futuro, ahora van por el desquite.

El desquite de toda esa gente que no entendió su awesomeness y su evidente pre claridad sobre lo que necesita su ego…err…el país.

Copano y su rant psycho es exactamente el ejemplo de como están pensando ahora.

Corre por cuenta de la derecha progre y republicanos ahora el detenerlos. Cada espacio que les dejen será para meter una cuña afilada con el objetivo de provocar el mayor daño posible al sistema.

Ya que tanto le gusta al ganado que nos rechaza, los vamos a hacer sufrir donde les duele…

Este es realmente mi gran temor para estos próximos dos años.

Porque obviamente estas mierdas no están interesadas en el bienestar de la sociedad.

Que comience el desquite cuando la vergüenza de la humillación pública de la que están siendo objeto, penetre sus filtros mentales de realidad virtual de grandiosidad y llegue en toda su dimensión.

Es imperdonable que ahora la derecha progre les de absolutamente ningún espacio, porque no es para mejorar nada, sino para hacer el mayor daño que puedan a la sociedad neoliberal que los rechazó.

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