“La presente sesión ha sido citada a petición de 53 señores diputados y tiene por objeto analizar la situación política y legal que afecta al país”.
Las palabras, pronunciadas por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Luis Pareto, fueron seguidas de un silencio poco habitual para el Congreso de la época. Era el miércoles 22 de agosto de 1973 y se sabía que algo poco usual pasaría. La oposición había estado preparando una ofensiva política contra el gobierno. Y era el día señalado.
Pocos segundos después, el joven pero respetado diputado DC Claudio Orrego Vicuña tomaba el micrófono.
“Hablo hoy día con la preocupación que les asiste a quienes hemos sido elegidos por el pueblo para defender la Constitución y la ley para exigir rectificaciones que son de tal obviedad que resulta realmente penoso que el Jefe del Estado no se compadezca de su patria y no asuma las responsabilidades que le competen”, dijo.
Acto seguido, levantó la voz y expresó que “el Congreso no puede seguir silenciando la grave situación por la que atraviesa Chile y tiene que hacer un enjuiciamiento global de ella, porque la situación de ilegalidad pasa por atropellos reiterados a resoluciones del Congreso Nacional, a las atribuciones del Poder Judicial, a las facultades de la Contraloría General de la República, a los derechos ciudadanos, a los medios de comunicación de los chilenos, y hasta en algunos casos, a la libertad de las personas”.
Con esas palabras, Orrego anunciaba la presentación de un proyecto de acuerdo —negociado entre la DC y el Partido Nacional— que denunciaba un “grave quebrantamiento constitucional” de parte del gobierno, detallándolo muy minuciosamente en 12 considerandos dirigidos al Presidente Allende, a sus ministros y a las Fuerzas Armadas.
“En razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y en el caso de dichos señores ministros de la naturaleza de las instituciones de las que son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitución y a las leyes, a fin de encauzar la acción gubernativa por las vías de derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra Patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos”, decía el proyecto.
En la DC de la época, y hasta hoy, dijeron que era “un último intento democrático para acabar con la crisis”. Para el Partido Nacional, era una “defensa de los valores que estaban siendo atropellados por el gobierno”. Y para la Unidad Popular, un proyecto “sedicioso” y “totalmente inconstitucional”
Pero para el historiador de la PUC Joaquín Fermandois, el significado está claro. “Es una autorización al Golpe. Eso es lo principal. Hay incluso una apelación a los ministros que eran de las Fuerzas Armadas. Nunca se había hecho algo así en la Cámara. Habría que remontarse a la destitución de Balmaceda para ver algo similar”, explica.
Sin importar el lado, desde todos los sectores políticos hoy reconocen una cosa. Fue el último hito político —y para algunos el más importante— antes del golpe que vendría dos semanas después.
Esta es la historia, a 50 años.
Redactores y negociadores
Cuentan antiguos integrantes del Congreso que, originalmente, la sesión estaba pensada para el martes 21, pero algo, o alguien, lo impidió, en una última jugada desesperada.
“Cuando se iba a votar, el diputado comunista Alejandro Rojas pidió sesión secreta, lo que es inusual. Y anunció que tropas peruanas y bolivianas venían avanzando a Santiago. Dijo que aprobar el proyecto de acuerdo implicaba debilitar al gobierno de Allende, lo que podría ser muy perjudicial para los intereses de Chile”, recuerda el exdiputado Maximiano Errázuriz, en esa época integrante de la bancada del Partido Nacional.
Ante la consternación general, sería el prócer DC Bernardo Leighton quien propondría una salida. “Posterguemos la votación hasta mañana. Si llegan las tropas extranjeras, no se hará. Pero si por alguna razón se arrepintieran, la hacemos”.
Y como no hubo invasión alguna, el 22, se votó.
Para el historiador de la USS Alejandro San Francisco, lo que motivó la declaración fue “la escalada que se produjo en la ruptura institucional, que ya había tenido expresiones en el choque entre el gobierno y la Corte Suprema y luego con la Contraloría. Además, era una especie de ultimátum, que buscaba una reacción final del gobierno”.
La planificación, dicen los entendidos, habría empezado en julio, pero el Partido Nacional, la tienda más interesada en la aprobación de este proyecto, no contaba con los votos. Sabía que iba a necesitar del apoyo de la principal colectividad en ese momento: la DC.
Sin embargo, pese a la dura oposición que hacía, en la falange no había un total acuerdo sobre las medidas a tomar. Gente como el citado Leighton, Andrés Aylwin y Claudio Huepe no veían bien sumarse a una declaración que pudiera interpretarse como “golpista”.
“Fue un paso más en la estrategia democrática para lograr que el Presidente Allende se definiera respecto a las fuerzas internas de la coalición. Una de las cuales quería obtener la dictadura del proletariado lo más pronto posible, a través de la insurrección, la lucha armada, los cuerpos del PS y el MAPU. Ante eso, la oposición de derecha estaba claramente con el Golpe. Pero nosotros seguíamos un camino democrático”, recuerda quien fuera diputado y líder de la JDC, Ricardo Hormazábal.
Él agrega que, precisamente por eso, a la idea original que había presentado el PN se le hicieron varios cambios, detrás de los que estuvieron Leighton, Orrego, el secretario general del partido, Eduardo Cerda, y el presidente de la tienda y líder opositor, Patricio Aylwin.
Por el otro lado, la derecha negociaba con sus líderes más destacados. El senador Sergio Onofre Jarpa, los diputados Francisco Bulnes, Juan Luis Ossa y Mario Arnello.
En la izquierda, sin embargo, siempre creyeron que quienes redactaron el documento estaban fuera del Congreso. “Debido al tono constitucional que se usaba, al desvío que se buscaba de la ley, nosotros estábamos seguros de que lo habían escrito Enrique Ortúzar y Luz Bulnes. Teníamos información sobre eso, aunque la derecha nunca lo reconoció”, dice quien fuera representante de la Izquierda Cristiana, y de la UP, en el Congreso, Luis Maira.
Otros reconocen que lo más probable es que hubo redactores y negociadores.
El debate
Maira, quien a la sazón era el coordinador de la bancada oficialista, recuerda que se sabía que “la oposición estaba preparando algo desde el Congreso” y agrega que tanto él como sus colegas se enteraron un par de días antes de lo que venía.
Pero a la vez, expresa con cierta amargura, “no fuimos capaces de organizarnos para evitarlo”. Agrega que “no nos vimos bien. Debiera haberse convocado de inmediato a los jefes parlamentarios para objetar la constitucionalidad de la reunión, para luego asistir al Tribunal Constitucional”.
Sin embargo, no se organizaron. “No lo tomaron en serio. Lo regalamos”.
Debido a su cargo, fue a él a quien le correspondió hablar el 22, en una sesión de más de 8 horas, en representación de la UP.
“Hoy, en vez de reafirmar la autoridad constitucional, plantean un cauce de anormalidad, abrirle camino a una dictadura de ultraderecha que desconozca la existencia del Gobierno del Presidente Allende”, dijo esa vez.
Hoy recuerda que fue “un abuso constitucional. El Congreso no tenía capacidad de juzgar la legalidad del comportamiento del Poder Ejecutivo. Su único mecanismo era la acusación constitucional”.
Es una intervención que Hormazábal —que también habló ese día— recuerda con claridad. “Maira nos acusó a todos de jugar al margen de la ley. Nos acusó de querer cambiar el régimen presidencial. Pero no somos culpables. No le dimos luz verde al Golpe, sino que planteamos un camino de salida ante una crisis muy grave”.
Luego de las exposiciones formales, la Cámara estalló en caos, con recriminaciones cruzadas, insultos y gritos, sobre todo entre Mireya Baltra (PC), Jorge Insunza (PC) y Juan Luis Ossa (PN).
Influencia en el 11
La reacción de Allende fue brutal. Entre otras cosas, dijo en un discurso que “la oposición que dirige la Cámara de Diputados asume la responsabilidad histórica de incitar a la destrucción de las instituciones democráticas, y respalda de hecho a quienes conscientemente vienen buscando la guerra civil”. Y agregó: “esto es promover el golpe de Estado”, refiriéndose a la alusión a los jefes de las Fuerzas Armadas en la declaración.
Al respecto, Errázuriz expresa que “no fue algo subversivo, sino que un téngase presente para poner en conocimiento de la ciudadanía violaciones constitucionales del gobierno. Nunca imaginamos la repercusión que iba a tener”. Pero, a la vez, asevera que “es evidente que las FF.AA., si no hubiesen tenido el respaldo de una rama del Congreso, con diputados elegidos por la ciudadanía, no habrían actuado”.
“Yo tengo entendido que fue algo que pidieron los jefes militares. Dijeron ‘nosotros no queremos un Golpe, no queremos hacer un cuartelazo como en otras partes de América Latina. Queremos que se nos pida esto. Que sean las instituciones del Estado que lo pidan, que pidan nuestra intervención'”, opina Fermandois.
Es algo en lo que coincide Maira, que dice que “ese día comenzó la ejecución del Golpe, no cabe duda. Quizás igual lo habrían hecho, pero no con ese respaldo institucional que dio la declaración”.
Veinte días después, hace 50 años, llegaría el Golpe. Que, para muchos, tuvo su origen político en esa declaración, en el Congreso Nacional.
NADA JUSTIFICA UN GOLPE DE ESTADO Y TERMINAR CON LA DEMOCRACIA¡¡…LOS PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA SE TERMINAN CON MÁS DEMOCRACIA…
LOL…
Benjamín Franklin…
La guerra es cuando el gobierno te dice quien es el enemigo, la revolución cuando lo decides por tu cuenta…
Se justifica un golpe?…
La gente de la época claramente lo hizo, si no explícitamente, tácitamente. La de piso y la ENORME mayoría de los políticos que firmaron esto, incluido Frei Montalva como presidente del Senado. Juzgar desde ésta época las decisiones que se tomaron en esa no solo es pretencioso. Es inconducente y no agrega nada de valor a una discusión seria. Porque leerlo es diferente de experimentarlo y por ende las emociones sociales que estaban en juego en ese momento. Eso no te lo pueden contar y ni puedes deducirlo.
Coincide esto con la supuesta conversación de Edwards con Nixon donde establece exactamente lo último. Las FFAA´s no iban a dar un golpe si no se les pedía por parte del congreso.
Huele como pato, camina como pato y grazna como pato…
El resto, como reza el cliché. Es historia.
Juzgar las decisiones de otros sin haber experimentado el contexto de esas decisiones es completamente pontificadorismo virtuoso, progre o pechoño, depende de lo juzgado.
Jamás habría hecho eso¡¡¡…
Yeah…right…
En fin. Lo comentado alguna vez. Si enganchaban en esto del aniversario del golpe desde un punto de vista confrontacional desde la izquierda como lo han hecho siempre desde hace 50 años, iba a pasar esto. Iban a destruir el mayor mito fundacional de la izquierda actual. Que Allende era democrático y un buen presidente que fue derrocado sin ninguna justificación.
En cierto sentido, iban a nivelar la historia. Allende no fue un santo ni Pinoshé un demonio, o Conde Drácula…lol…
Fueron personas de carne y hueso sujetos a las tendencias de la historia y de la política y la sociedad más o menos estándar por esa época en LATAM, como lo expresa el artículo respecto de los cuartelazos en todo el resto del continente.
Y de nuevo. Para mi, lo único realmente extraordinario de este periodo de tiempo en relación a todo el resto del continente es que Pinochet renunció voluntariamente al poder, al menos al poder absoluto, contando con un apoyo popular cercano al 50% y con el respaldo completo de las FFAA´s. Eso es inédito. Lo que lleva a suponer el que obviamente pensaba que lo había hecho extraordinario. Nadie en su sano juicio pensaría en quedar expuesto voluntariamente a juicios y demás si pensara seriamente que lo ha hecho mal, violado masivamente DDHHs o ha robado a destajo siendo el hombre más malo de la historia. Y no…no era estúpido, obviamente.
Si no hubiese existido ese evento de renuncia voluntaria al poder en una situación cómoda para mantenerlo, solo sería un dictador bananero más de la época y no el referente y centro de ataques de toda la izquierda internacional.
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Un heroe, como los que poco se han visto en este país. Hoy este país necesita otro como él, para liberar al Estado de la politiquería y “humanoides” que lo secuestraron!!!!
ResponderEliminarPero todos los canales hablando del "horror" de la "dictadura" pero ninguno hablando del paraíso que era chile del 70 al 73
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